Por primera vez en ocho años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de sancionar a los máximos comparecientes por graves crímenes, en este caso a 12 exmilitares por ‘falsos positivos’ en el batallón La Popa en Valledupar.En Valledupar, entre el jueves 24 y el viernes 25 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo una audiencia pública que marca un momento clave en el proceso judicial contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’. Se trata de comparecientes que han aceptado su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 135 personas, casos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:CortesíaLa diligencia, que se enmarca en la etapa de juicio del Subcaso Costa Caribe (dentro del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas por agentes del Estado), tiene como propósito verificar si los comparecientes han cumplido con las condiciones exigidas por la justicia transicional: contribución efectiva a la verdad, reparación simbólica y material, garantías de no repetición y compromisos con la restauración del daño causado.A lo largo de este proceso, los comparecientes —entre ellos dos mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales— han participado en audiencias con las víctimas, sus representantes judiciales y las autoridades étnicas, incluyendo pueblos indígenas como los Kankuamo y Wiwa, así como consejos comunitarios afrodescendientes. Estas interacciones han permitido identificar patrones macrocriminales y construir propuestas restaurativas que serán evaluadas en esta etapa procesal.Familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ en la audiencia de la JEP sobre el batallón La Popa. Foto:Cortesía JEPLa magistrada Ana Manuela Ochoa, integrante de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR), explicó en entrevista con EL TIEMPO que antes de convocar la audiencia se verificó si los comparecientes respondieron a llamados de otras entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “Se solicita la certificación que indique si asistieron a dichos llamados o si, por el contrario, fueron renuentes”, señaló.Durante los días de audiencia, las partes procesales y las entidades intervinientes revisarán el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como el estado de viabilidad y estructuración de nueve proyectos restaurativos priorizados. Estos proyectos, construidos en diálogo con las víctimas, apuntan a la memoria, la dignificación, la sanación territorial y la reconstrucción del tejido social.Entre los más significativos se encuentra el Plan de Memorialización de la Costa Caribe, que incluye la creación de un mausoleo de la memoria en Valledupar, en un terreno cuya adquisición está siendo gestionada por la Alcaldía, con el apoyo de la Gobernación del Cesar y la Diócesis local. También se contemplan osarios a perpetuidad en el cementerio Ecce Homo, con el fin de dignificar a las víctimas que aún se encuentran desaparecidas.Otros proyectos incluyen la creación del Centro de Armonización Mildred Montero, orientado al bienestar de las familias indígenas Kankuamo; el fortalecimiento del Centro Cultural OMONAPA del pueblo Wiwa; iniciativas productivas como Sembradores de Amor y Paz; y casas multipropósito con enfoque comunitario. Todos estos esfuerzos buscan integrar la verdad judicial con medidas concretas de reparación simbólica y colectiva.El encuentro es a puerta cerrada con la Comisión de la Verdad en un hotel de Villavicencio. Foto:Comisión de La VerdadLa magistratura ha sido enfática en que estos trabajos no constituyen empleo, ni conllevan remuneración alguna. “No se trata de un trabajo, sino de una medida sancionatoria. Estas personas no deben recibir ningún tipo de pago por las labores que realizan como parte de la sanción”, precisó la magistrada Ochoa.El cumplimiento de las sanciones propias, que solo pueden imponerse si se verifica el aporte efectivo a la verdad y a la reparación, también depende del compromiso institucional. Por ello, a esta audiencia han sido convocadas entidades como los ministerios de Justicia, Interior, Defensa y Culturas, la Unidad de Búsqueda, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Agencia para la Reincorporación (ARN), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, entre otras.Previo al desarrollo de la diligencia, se realizarán dos encuentros preparatorios: uno con las víctimas, sus representantes y autoridades étnicas, y otro con los comparecientes. Además, está previsto un espacio privado de encuentro entre víctimas y responsables, como parte del modelo restaurativo impulsado por la JEP.Este paso es indispensable antes de que el Tribunal para la Paz emita sentencia. La Sección de Reconocimiento evaluará si los hechos reconocidos, las pruebas, las calificaciones jurídicas y las propuestas de sanción corresponden entre sí y cumplen los estándares exigidos tanto por el derecho nacional como por el internacional.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com