El Tribunal Electoral, por mayoría de votos, ha echado mano de su facultad de interpretación constitucional y le ha dado la razón a quienes impugnaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) —en su mayoría afines a Morena— para que todos los servidores públicos, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, los gobernadores y legisladores, puedan promocionar la elección judicial del 1 de junio y no sea facultad exclusiva del instituto. La presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes han dado los votos que este miércoles dan un giro a las enmiendas al texto constitucional y a la Ley Electoral, aprobadas por el oficialismo, que evitaba el uso de recursos públicos y restringía la participación de instituciones, gobiernos o particulares para difundir la elección de jueces, magistrados y ministros. El objetivo de los cambios aupados y aprobados por el oficialismo eran cerrar la puerta al uso de recursos públicos y garantizar la equidad en la contienda. Ahora, los mismos que impulsaron las restricciones han cambiado de idea.El tema ha reafirmado los dos bandos, ya visibles, en el máximo tribunal. El de los magistrados en contra de abrir la llave a los servidores públicos para promocionar la elección. Y el de los partidarios de enmendar la plana al acuerdo emitido por el INE en el que se establece como el único vocero del proceso para cuidar la equidad en la contienda. El fallo ha roto el candado que el mismo oficialismo impuso con su avasalladora mayoría en el Congreso, durante la aprobación de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en las leyes reglamentarias, para evitar el uso de recursos públicos, que hoy han buscado corregir en medio de las campañas electorales en curso. “No le estamos dando la vuelta a la Constitución, estamos dando viabilidad a lo que establece la Constitución”, dijo Soto al argumentar a favor del proyecto que presentó el magistrado de la Mata. La participación de la presidenta del máximo tribunal electoral le ha válido una lluvia de críticas. “Les voy a decir un secreto, va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie […] ”Nadie puede decirlo, solo el INE”, lanzó con tono de mofa en los primeros minutos de su intervención.Los intentos por mantener el acuerdo del INE fueron infructuosos. El proyecto de la magistrada Janine Otálora, que ratificaba las restricciones a servidores públicos para difundir los comicios judiciales, fue desechado por los mismos votos que se inclinaron por corregirle la plana al INE. “No gana Morena ni el gobierno, gana la ciudadanía”, lanzó de la Mata en conferencia de prensa posterior a la sesión. Los tres magistrados han defendido a toda costa su decisión y de paso han negado cualquier cercanía con el oficialismo.Los magistrados han zanjado el camino a los funcionarios, aunque han dejado algunas restricciones. Los servidores públicos únicamente podrán promocionar la elección en sus redes sociales. Los legisladores del Congreso de la Unión han sido los más favorecidos. Diputados y senadores podrán difundir el proceso en cualquier medio, siempre y cuando los recursos estén destinados a comunicación social. Ambos tienen prohibido promoción personalizada de alguna candidatura, es decir, no podrán referirse a alguna candidatura en particular.Con la resolución, el tribunal electoral ha dado respuesta a un puñado de 39 impugnaciones, presentadas todas por el oficialismo. En la lista destacan Sheinbaum, Morena, la Cámara de Diputados, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; así como Loretta Ortiz, ministra y candidata al mismo cargo del Supremo mexicano. Todos, desoyendo el acuerdo del INE, han promocionado de alguna manera el proceso electoral antes de que el tribunal les diera luz verde.

El Tribunal Electoral da la razón a Morena: los servidores públicos pueden promocionar la elección judicial
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