Olvidados y excluidos: sólo seis de los más de 3.000 aspirantes a jueces y magistrados se identifican como indígenas

La Reforma Judicial, impulsada con bombo y platillos por Morena —el partido gobernante—, fue planteada como una necesidad de una renovación estructural para generar una justicia más eficiente, cercana al pueblo y alineada con los cambios sociales y culturales generados en la sociedad mexicana en los últimos años. Sin embargo, en el decreto que avala la elección de jueces por voto popular no hace ni una mención a la palabra indígena. Y tan solo seis de los más 3.000 candidatos se considera como tal. El 2020 en México, más de 23 millones de personas se autoadscribieron a algún pueblo originario, un 19.4% de la población total que ha sido excluído e invisibilizado, según expertos y representantes de los pueblos originarios, en estos próximos comicios para ser elegibles como administradores de justicia por los siguientes nueve años.Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ve problemas de raíz en esta exclusión. El problema, según la jurista, es que no se establecieron acciones afimativas ni cuotas para que hubiera candidaturas reservadas o un porcentaje mínimo de espacios para personas indígenas. “No vamos a tener como tal las juezas, magistradas, ministros, ministras indígenas. Y no lo previo la Constitución, no lo previo la ley, y en la sala superior la mayoría negó esa inclusión. Entonces, sabemos que en este país de discriminaciones, las personas indígenas, si no es por cuotas, no acceden a los cargos públicos. Entonces, ese es el problema en esta elección”, afirma vía telefónica.Eduardo Martínez, lingüista zapoteco y director ejecutivo de la Red de Intérpretes y Promotores interculturales en Oaxaca, dice que la invisibilización a los indígenas es parte del actual modelo judicial, ya que no existe una variable étnica en la desagregación de datos para conocer a los operadores de justicia. Solo se toma en cuenta la edad y el género. “No ha habido una política estadística de poder observar el origen étnico de las personas. Esto también por que el poder judicial es un espacio altamente elitista y racista, ya que excluye a las personas indígenas por su misma naturaleza. Por que no tienen las mismas posibilidades de acceder a esos puestos que te abren las escuelas a las que los indígenas les es muy difícil acceder por un tema estructural y sistemático”, complementa.De los más de 3.000 candidatos para reconfigurar el Poder Judicial, solo seis se reconoce como indígena en la pregunta de “¿Por qué quiero ocupar un cargo público?” en la página web que el Instituto Nacional Electoral ha instalado para conocer a los aspirantes. Martínez piensa que las pocas personas que sean hablantes de lenguas indígenas en la Administración de justicia, “dado el caso que existan”, en muchos casos no se asumen como tal y durante toda su carrera judicial prefirieron ocultar su identidad por un tema de discriminación y racismo.“Este ocultamiento de identidad se da también porque al interior del Poder Judicial no existe una política que visibilice y dignifique a los que son indígenas. Lo que hemos visto en nuestra experiencia, es que los altos funcionarios judiciales desconocen de la diversidad lingüística y la diversidad cultural de este país. Tanto es así que, por ejemplo, la presencia de los intérpretes, a pesar de ser una necesidad, una urgencia, lo omiten“, agrega Martínez.Autoridades del Gobierno durante el inicio de la producción de las boletas para el Proceso Electoral Extraordinario, en febrero de 2025.CuartoscuroMéxico ha tratado de verse en el espejo frente a Bolivia que, desde 2011, elige a sus magistrados. Desde que se adoptó el nuevo sistema en el país sudamericano, los ciudadanos han acudido a las urnas en tres ocasiones (en 2011, 2017 y 2024). Aunque tampoco ha existido una cuota reservada para personas indígenas, desde el inicio uno de los requisitos ha sido hablar al menos dos lenguas oficiales reconocidas por la nación andino-amazónica. Aunque esta exigencia no ha sido un impedimento para que los candidatos y funcionarios públicos falsifiquen certificados que les permita marcar la casilla de requerimiento.Otálora ve una asignatura pendiente del Gobierno mexicano hacia los pueblos indígenas respecto a la inclusión y representación política, tomando en cuenta sus lugares de origen y sus lenguas ancestrales. “Tenemos la Constitución que establece todos sus derechos, pero en la realidad no hay ni curules reservados para ellos, ni rejidurías. Es decir, solo por una sentencia se puede lograr que puedan participar. Y las sentencias se dictan para un caso particular, no son de efectos generales y permanentes. En cada proceso electoral se tienen que volver a dictar acciones afirmativas para las personas indígenas, pero esto solo para procesos políticos electorales, es decir, legislativos y municipales”, precisa la magistrada.Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, adviritió que ni el 5% de la población originaria de ese estado acudirá a las urnas el próximo 1 de junio. Las razones se deben a que no se sienten representados y que no se les informó en qué consistiría el proceso electoral para renovar el Poder Judicial, motivo también por la cual no hubo candidatos indígenas para participar.Martínez pone, de igual manera, el ejemplo de Oaxaca respecto a la falta de representación. De acuerdo con datos obtenidos por la Red de Intérpretes, en ese Estado, de las 27 magistraturas que existen, ningún juez es hablante de lengua indígena, ni se asume como tal. Esto en una entidad donde más de 1 millón de habitantes habla un idioma originario. Asimismo, de los 180 jueces locales que se tiene, entre materia familiar, penal, civil, solamente dos son hablantes de lengua indígena.Prisco Gutiérrez, representante de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, considera importante que, de cara al siguiente proceso electoral del otro 50% de magistrados en 2027, se realicen enmiendas a la selección de candidatos. Como uno de los representantes del pueblo náhuatl, con presencia en Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Ciudad de México e inclusive Hidalgo, ve importante la perspectiva de tener jueces con entendimiento, interpretación de la cosmovisión de los pueblos indígenas y de las variantes de las lenguas.“Un abogado indígena nahuátl de la Huasteca seguramente no habla pertinentemente el náhuatl de Guerrero, o de Morelos. Entonces, creo que ahí se abre una gran oportunidad para que en el futuro las secciones afirmativas complementen y se aperturen para que exista una mayor representación de representantes indígenas en el poder judicial”, dice Gutiérrez.Rescata el trabajo de los intérpretes y traductores para poder hacer valer y hacer respetar los derechos humanos que tienen los pueblos indígenas, pero hace hincapié en la diferencia que marcaría cuando el juez en alguna Corte sea indígena, hable la lengua, entienda la cultura y las tradiciones. “Eso, definitivamente, creo que es el paso al que todos los indígenas aspiramos”, sentencia.