Menos niños, más plazas públicas y amplia competencia: el 25% de escuelas infantiles privadas ha cerrado en los últimos cinco años | Educación

Una de cada cuatro escuelas infantiles privadas en España ha cerrado en los últimos cinco años. Así lo reportan las principales organizaciones patronales y sindicales del sector. Las razones son varias, aunque hay dos principales: la menor natalidad en el país y el aumento de centros y plazas públicas para bebés y niños de cero a tres años. España es uno de los países de la UE con mayor índice de escolarización de cero a tres años. Este se sitúa en el 55,8%, casi 20 puntos más que hace 10 años, según el informe Educación y atención a la primera infancia publicado por la Comisión Europea. El estudio destaca la inversión del Gobierno que ha permitido un aumento de las plazas públicas para menores de tres años en cooperación con las comunidades autónomas. Pese al descenso de la población (700.000 niños menos en 2023 que en 2013), se han creado más de 60.000 plazas en el último curso, con lo que la tasa de participación en esta etapa ha crecido 3,9 puntos respecto al curso anterior.Mientras que padres y madres inscriben a sus hijos en listas de espera para el primer ciclo educativo con plazas gratuitas, las escuelas privadas cierran. Las patronales y sindicatos del sector ―como ACADE, CECEI, Escuelas Católicas, FECCOO, UGT Servicios Públicos― firmaron, el 8 de julio, una declaración conjunta en defensa del primer ciclo de educación infantil. Solicitan medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad, la universalización y gratuidad. Señalan que el sector está compuesto en su mayoría por micropymes y pymes que dan empleo a más de 50.000 profesionales ―en su mayoría mujeres cualificadas― y atienden a más de 200.000 familias. Sin embargo, llevar esto se hace cada vez más cuesta arriba. Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, explica que las administraciones están trabajando en un plan para facilitar el acceso a las plazas públicas: “Es un plan político que busca facilitar la conciliación y que no sea un impedimento para los jóvenes que quieran tener un hijo”, sostiene. Un plan con el que están de acuerdo porque aumenta la escolarización, pero lamentan que los privados no estén integrados.La educación infantil ―aunque sea de carácter voluntario― está reconocida como una etapa educativa en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los centros deben ser autorizados por las administraciones educativas. Existen tres tipos: los públicos; los de administración indirecta, que son centros de los organismos públicos, pero administrados por empresas tras una licitación; y los centros privados. En los últimos años, algunas comunidades autónomas están abriendo también aulas para niños menores de tres años en colegios. La Comunidad de Madrid superó las 3.000 plazas de este tipo en el último curso.Esto se produce en un contexto donde la natalidad va en caída. Según el INE, en 2023 se registraron 320.656 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 2,6% respecto al año anterior, y el número medio de hijos por mujer se redujo hasta 1,12. De 2013 a 2023, el número de nacimientos bajó un 24,7%.Desde el sector reivindican que esta etapa educativa no es solo una herramienta de conciliación, sino una indispensable para el desarrollo de la infancia, con centros que cumplan los requisitos y personal cualificado. Para ello es necesario que los trabajadores tengan condiciones laborales dignas, acordes a las responsabilidades pedagógicas y sociales que desempeñan. Desde Comisiones Obreras (CC OO) es justamente lo que exigen, especialmente en los centros privados y de gestión indirecta. De hecho, después de años de negociaciones, en marzo de este año las patronales firmaron un nuevo convenio, pero CC OO fue el único que lo rechazó porque consideraban que las tablas salariales seguían perpetuando la precariedad. De todas formas, desde el sindicato reivindican que toda la educación infantil debería ser parte de la red pública, como un derecho básico. José Antonio Rodríguez López, secretario de enseñanza privada y servicios socio educativos de CC OO, explica: “No se trata solo de los cierres de las escuelas infantiles, sino de las circunstancias”. En ese sentido, reclaman tres elementos: que disminuya la ratio de alumnos por aula y docentes, que el tiempo para preparar las clases se contabilice dentro de la jornada laboral y no únicamente el tiempo de atención directa a los niños, y el aumento del salario. Ana Cano, educadora y delegada sindical en un centro de gestión indirecta del Ayuntamiento de Madrid, en Moratalaz, lo ejemplifica: “Si tenemos que preparar informes, reuniones con familias o hacer inventario, debemos hacerlo fuera del horario laboral. No disponemos de tiempo como los maestros para las horas no lectivas, sin estar con los niños”. Aun así, asegura que sus condiciones son mejores que las de otras educadoras: “Debemos ser la excepción”, afirma. En su centro, por ejemplo, hay dos educadoras por aula, con un ratio de ocho bebés por aula, 13 niños de entre uno y dos años, y 16 de dos a tres años.El centro donde trabaja Cano abre desde las 7.30 hasta las 17.30 en el horario extendido (el horario normal de atención es de 9.00 a 16.00). Las plazas son gratuitas porque es del Ayuntamiento, aunque manejado por una empresa. Su salario, como el de la mayoría de educadoras de infantil de la privada y gestión indirecta, es de 1.200 euros. Con el último convenio se hicieron tablas salariales con incrementos progresivos. En el caso de Sonia Trejo, liberada sindical de CC OO y educadora infantil de una escuela pública de Madrid, en Alcobendas, los ratios son parecidos: dos educadoras para ocho bebés en un aula, 14 niños en el aula de uno a dos años, y 20 niños en el aula de dos a tres años. Indica que como trabajadora pública tiene “más ventajas” haciendo referencia a las condiciones laborales, ya que tienen un convenio, un calendario, una metodología y condiciones establecidas. El salario en la pública es mayor, cerca de 1.600 euros.Sin embargo, considera que hay aspectos por mejorar en el sector público. Por ejemplo, las bajas pocas veces se cubren a tiempo: “Puede que pase más de 15 o 20 días sin cubrirse, y ese trabajo lo tienen que realizar las demás educadoras”, dice. Agrega que el presupuesto lleva mucho sin incrementarse y esto repercute el mantenimiento y en las instalaciones.EL PAÍS intentó contactar con centros privados para consultarles sobre su situación a través de las principales patronales y sindicatos. Sin embargo, ninguna quiso participar. El ratio en las privadas, según ACADE, es parecido, y la normativa obliga a que haya mínimo una educadora por aula; si hay más, ya depende de cada centro. Los precios de las privadas para menores de tres años oscilan notablemente dependiendo de la autonomía donde se encuentren, así como la zona dentro de cada comunidad. Un rango estimado del coste es entre 350 y 700 euros por mes, sin contar otros pagos anuales que deben hacer los padres. Más plazas públicasEn los últimos años, y con el apoyo de fondos europeos, las comunidades autónomas han abierto más centros infantiles públicos y plazas gratuitas. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia disponía de una inversión total de 670 millones de euros para la creación de más de 65.000 plazas de titularidad pública. En Galicia, gracias a la gratuidad para todos los niños menores de tres años ―que se aplica desde hace tres años―, han logrado “tasas de primera escolarización altísimas”, según indicó en una presentación el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Cerca del 65% de este grupo está escolarizado, 15 puntos por encima de la media estatal. Según la comunidad, en este curso han sido 32.000 las familias beneficiadas.El sector privado pide estar integrado a estas políticas de escolarización. Y resaltan el trabajo realizado en Galicia: “El modelo de gratuidad que han implementado permite que una familia pueda optar por una escuela privada teniendo una subvención por el niño”, explica Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de escuelas infantiles privadas ACADE, patronal que aglomera a 1.500 centros en España. Esta subvención es una de las cosas que proponen las patronales. Para que las privadas puedan suplir la demanda que la oferta pública no alcanza a satisfacer por sí sola.La Comunidad Valenciana es otra comunidad que ha ampliado la gratuidad de la escolarización en esa etapa. En abril del año pasado anunciaron la educación totalmente gratuita en una colaboración público-privada. En su momento, aseguraron que se pasaría de los 21.000 escolares de menos de 3 años que disfrutan de la educación gratuita a 72.000. Castilla y León es otro ejemplo, según han indicado desde la comunidad, cualquier niño de esa edad puede acceder a educación sin coste. Al inicio del último curso, la consejera de Educación, Rocío Lucas, destacó que más de 22.000 familias se beneficiarían de esta medida, con un ahorro de unos 2.000 euros por alumno y curso. Otro problema al que se enfrentan las escuelas del primer ciclo educativo, según menciona el comunicado de las patronales y sindicatos, son los establecimientos que “actúan y se publicitan como centros educativos, sin cumplir con la normativa educativa y las garantías contenidas en la misma”, como las ludotecas o “madres de día”. Las escuelas infantiles deben cumplir ciertos parámetros en cuanto a infraestructura, pedagogía, seguridad o formación de docentes. Requisitos que los otros centros no cumplen, según indica el sector. Esto, añaden, genera una competencia desleal a la que se enfrentan desde hace 10 años, pero las administraciones “no toman medidas al respecto”.