Durante cinco horas, este viernes los miembros del Consejo de Política Criminal debatieron el polémico borrador de proyecto de ley con el que el Gobierno buscaría darles gabelas a capos de bandas criminales que se sometan a la ‘paz total’, iniciativa a la que se opuso tajantemente la Corte Suprema de Justicia.La magistrada Myriam Ávila, como presidenta de la Sala Penal, fue quien asistió a la reunión y expresó su negativa al borrador compuesto por 51 artículos, en el que se habla de penas alternativas entre cinco a ocho años para los máximos jefes de grupos criminales, así como también se abre la puerta para beneficios a desertores de la paz como alias Iván Márquez.“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta. La exposición de motivos no da cuenta de diálogos previos o acercamientos con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos que surgirían de implementarse el articulado”, señaló la Corte en un comunicado.Para la magistrada Ávila, existen los lineamientos de la ‘paz total’ en la Ley 2272 de 2022 y son necesarios más argumentos para incluir a capos y miembros de las bandas criminales. Uno de los artículos que ha generado mayor debate dice que en la práctica peligrosos y poderosos jefes criminales, entre ellos varios de los del ‘tarimazo’, ya cumplieron ese tiempo presos y podrían volver a las calles.Propuesta de legislación de ‘paz total’ será presentada a la Comisión de Política Criminal. Foto:Archivo Particular“Las personas que hayan cumplido ocho años o las 2/5 partes de la pena de privación efectiva de la libertad y que además de la colaboración efectiva con el desmantelamiento, se verifique la contribución efectiva con la satisfacción de los derechos a las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición podrán acceder a la libertad condicional”, dice el proyecto.Esto generó reparos por parte de la presidenta de la Sala Penal, al señalar que hay inconvenientes para combinar, en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria.”Temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”, dijo el alto tribunal en un comunicado.Reunión del Consejo de Política Criminal para debatir proyecto de gabelas a bandas criminales. Foto:Ministerio de JusticiaComo Ávila, también se opusieron a la iniciativa -revelada por EL TIEMPO- la senadora Paloma Valencia y la defensora Iris Marín, quienes dieron a conocer sus reparos en un encuentro en el que finalmente, por mayorías, prosperó el borrador. Otros de los presentes fueron el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch; el director de Justicia Transicional de la Fiscalía; Juan Carlos Arias; el subdirector de la Policía, general Rosemberg Novoa; el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez; la directora del ICBF, Astrid Cáceres.Tras la sesión, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, como anfitrión del evento pasó a reunirse con su equipo para hacer ajustes de cara al 20 de julio, cuando tienen planeado radicar el proyecto de ley. Mientras que la directora del ICBF resaltó que “las cuatro consideraciones que le hicimos al proyecto las acogió el Ministro de Justicia para incorporarlas. Una de ellas tiene que ver con armonizar un poco el tema de penas cuando las víctimas son niños y niñas. Que sea sine qua non la entrega de niños que estuvieron en las filas de cualquiera de esos grupos armados. Y por último, en caso de que no, un mecanismo de monitoreo de que ningún niño será usado ni vinculado”.Cuando cada uno de los asistentes tomó la palabra, la mayoría de voces se inclinaron a opinar sobre los montos de penas propuestas, y a decir que no se les dio el tiempo suficiente para estudiar a fondo el documento. Otra observación fue en el sentido de que este sistema de penas alternativas a capos como alias Douglas, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Vallejo’ es muy similar a lo hecho con la Ley de Justicia y Paz, cuando los paramilitares se postularon a beneficios alternativos.Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Foto:Corte ConstitucionalEl artículo en el que se habla de los beneficios entre cinco a ocho años de penas alternativas para capos es el 21. “Los máximos responsables en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco años y no superior a ocho años”. Y sigue con que “los demás integrantes que, sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal, hayan intervenido en la comisión de tales violaciones o cuyo tipo penal impida la aplicación de mecanismos anticipados de terminación del proceso, se les aplicará una pena alternativa de dos a cinco años, con los mismos criterios de tasación”.Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com