El uso de un avión y un helicóptero de la Policía por parte de una de las ‘manos derechas’ del ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene ahora un capítulo penal. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, instauró una denuncia contra la funcionaria por el delito de peculado por uso, al considerar que no estaba facultada para emplear esas aeronaves en un viaje de carácter personal.“El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado, o de empresas o instituciones en las que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones”, es el concepto del delito por el que, de hallarse culpable, Guerrero podría ser condenada entre a uno y seis años de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.Contraloría investiga al Ministerio del Interior por presunto uso irregular de avión de la Policía. Foto:Archivo Particular.Guerrero, de 22 años y sin trayectoria académica —es bachiller comercial—, ha logrado posicionarse en el gabinete ministerial como una de las figuras de poder. EL TIEMPO conoció que ha escrito a altos funcionarios recomendando hojas de vida para nombramientos en entidades y, de acuerdo con la revista Cambio, habría intercedido para ubicar a René Segundo Hernández, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior.Por su poder de influencia, según la denuncia radicada ante la Fiscalía el pasado 19 de junio, la funcionaria —quien ostenta el cargo de “secretaria ejecutiva” en el despacho del ministro Armando Benedetti— solicitó y utilizó un avión de la Policía, de matrícula PNC-0242, para viajar desde Santa Marta a Valledupar junto a su hermana Verónica y otras personas.Al día siguiente, abordó un helicóptero Bell 212, matrícula PNC-0495, también de la Policía, para desplazarse desde Valledupar hasta Aguachica, aterrizando en el Batallón Andrés María Rosillo y regresando en horas de la tarde.El mandatario habló sobre sus caso en la alocución presidencial del pasado 15 de julio. Foto:Archivo particular.Aunque la versión oficial fue que se trataba de una supuesta “misión secreta” relacionada con temas de seguridad nacional, salió a la luz que el motivo real del viaje a Aguachica fue asistir a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Pública del Cesar y hacer lobby para la reelección del rector; un asunto personal, ajeno a sus funciones oficiales.Según el concejal Briceño, el costo estimado de los desplazamientos asciende a 126 millones de pesos, con base en el cálculo del consumo de combustible de las aeronaves. El delito se configuraría, advierte, porque Guerrero no estaría facultada para disponer del uso de aviones y helicópteros oficiales en beneficio de intereses particulares.”La conducta vulnera de manera directa los principios constitucionales de moralidad, eficiencia y economía administrativa (art. 209 C.P.), pues los bienes del Estado deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de funciones públicas. El uso de un avión y un helicóptero oficial para asistir a una reunión con fines personales y políticos en la Universidad Popular del Cesar no guarda relación alguna con la seguridad nacional ni con funciones propias del cargo”, se lee en la denuncia.Petro apuesta sus reformas clave en la última legislatura Foto:Y agrega el concejal: “En segundo lugar, la acción descrita constituye una desviación de poder y una extralimitación de funciones (arts. 6 y 121 de la Constitución Política), dado que la denunciada utilizó su posición para obtener ventajas indebidas, vulnerando la confianza depositada por el Estado y la ciudadanía”.Paralelo al asunto penal, las entidades de control —tanto la Procuraduría como la Contraloría— ya abrieron investigaciones para determinar una posible responsabilidad disciplinaria y establecer si hubo un presunto detrimento fiscal en el que habría incurrido la funcionaria por su actuación.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia