La universidad se moviliza para que el Gobierno cambie el examen que habilita a los abogados: “Si aprueban todos, no cumple su función” | Educación

Los decanos de Derecho de las universidades españolas (públicas y privadas) han comenzado a movilizarse para conseguir que el examen de acceso a la abogacía y la procura sea presencial, como antes de la pandemia. Dudan de que en la modalidad remata actual no se copie o se reciba ayuda de un experto si no hay vigilancia en un test que pasan en torno al 95% de los aspirantes. “Si aprueban todos el examen, no cumple la función para la que se creó: escoger a los mejores”, afirma su presidente, Javier Fernández Teruelo. Además, los campus quieren que sea más práctico. Para ello tienen que convencer del cambio a dos ministerios: el de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, y el de Ciencia, Innovación y Universidades, del que depende el máster que hay que cursar para presentarse a la prueba.La conferencia de decanos de Derecho ha expresado su malestar de manera informal, y en noviembre harán pública una propuesta alternativa a la prueba. Un grupo de trabajo está en ello y se presentará en un encuentro extraordinario en Sevilla. En el curso 2023/2024 (últimos datos) terminaron el máster 7.100 titulados, de ellos 3.900 en la pública.“El posible cambio en las pruebas de acceso a la Abogacía no está en la agenda en estos momentos”, afirman desde prensa del Ministerio de Justicia, porque “los aspirantes que realizan las pruebas ya han superado un exigente máster de acceso con un alto contenido práctico”. Según los datos oficiales de 2022/2023, los alumnos de másteres de Derecho (en un alto porcentaje de Abogacía, no hay datos específicos) superaron el 98% de las asignaturas a las que se presentaron. El Consejo General de la Abogacía está de acuerdo con las universidades. “Es inexplicable que, para sacarse el teórico de conducir, haya que ir a un centro de exámenes de la DGT para hacer la prueba y, sin embargo, para acceder al ejercicio de una profesión como la Abogacía o a la Procura, se tenga que realizar online”, señaló en marzo su presidente, Salvador González, ante los decanos.El ministerio resalta el alto perfil de los funcionarios escogidos para elaborar la prueba: un profesor de Derecho elegido por el Consejo General de Universidades, un representante del Consejo General de la Abogacía con más de cinco años de experiencia y un magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial. “Esta comisión verifica el correcto desarrollo de la prueba en una plataforma de la UNED”, continúa el gabinete, “una universidad pública con una amplia experiencia en exámenes online, que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias, incluida una webcam que está abierta toda la prueba y que permite controlar en cualquier momento la identidad del alumno, pues se hacen fotos de manera aleatoria”. Los exámenes de grado de la UNED, sin embargo, sí son presenciales y se celebran en sus centros asociados.Desde Justicia se añade: “La realización online minimiza los costes a los futuros abogados y abogadas, que no tienen que desplazarse a Madrid”. Antes de la pandemia se habilitaban varias sedes por España para examinarse. Una prueba implantada hace una décadaTradicionalmente bastaba con ser licenciado en Derecho (cinco años) para inscribirse en un colegio de abogados y trabajar. Pero desde 2012, para alinearse con el resto de Europa ―ya que hay un reconocimiento recíproco de los títulos a la hora de ejercer―, los aspirantes a letrados que han cursado el grado en Derecho (cuatro años) deben además cursar un máster de abogacía de año y medio y aprobar el examen tipo test. La primera promoción del máster se presentó al test en 2014. “Inicialmente, el Consejo de la Abogacía y las universidades pidieron que se implantase una prueba práctica que acreditase la capacidad de ejercer la abogacía, más que una prueba teórica, en la que al final te pueden preguntar lo mismo que en el grado”, recuerda Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal y decano de la Universidad de Oviedo. “Pero hay muchísimos alumnos que quieren ser abogados y es tal el volumen que los dos ministerios dijeron que era imposible hacer una prueba práctica con un tribunal”. Finalmente, se estableció una prueba teórica. “Y esto repercute sobre el máster, porque aunque este tiene que especializar para ejercer de abogado, al final se terminan repitiendo contenidos si es lo que preguntan en el examen”. El decano valora de forma muy positiva los seis meses de prácticas en un despacho. Las universidades a distancia acogen a cientos de graduados en el posgrado ―matriculan a cerca de 6.000― y ello dificulta mucho que les ofrezcan unas prácticas de calidad, pero ofrecen tantas facilidades para cursarlo que se están quedando con el alumnado.“En Italia es un examen de Estado y lo aprueban entre el 30% y el 40% de los que se presentan. De España no hay datos públicos, pero calculamos que lo pasan el 95%”, explica Fernández Teruelo. El examen desde la pandemia no se vigila, se puede abandonar 15 minutos “por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo” y retomar el examen, se confía en el alumno, y no es necesario llegar al cinco porque en la nota final pesa un 70% el test y un 30% la calificación final en el máster. Al apuntarse a la prueba, los aspirantes deben de adjuntar una foto tamaño carné “para acreditar la identidad”, explica un Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado marzo y se “comprometen” a no consultar “en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos, ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna”. El decano cree que el escenario no es el más indicado: “Falta control para evitar que se copie, ver que no haya alguien al lado o que no se comente por Whatsapp”. La primera parte de la prueba, que dura dos horas, se divide en 50 preguntas (más seis de reserva) con cuatro contestaciones alternativas de materias comunes. La segunda, de 60 minutos, incluye 25 cuestiones (más dos de reserva) sobre la especialidad elegida.Salvador González, el presidente del Consejo de la Abogacía, se sumó a la petición de los decanos en un encuentro en marzo: “Es absolutamente prioritario perfeccionar la prueba de acceso (…) de manera que el máster no sea una mera continuación teórica de los años de grado”.