La UE mantiene la presión sobre las grandes tecnológicas pese a los ataques de EE UU a su regulación | Economía

Las declaraciones que llegan desde el otro lado del Atlántico son, por sistema, estruendosas. “Es asquerosa”, clamaba hace una semana el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a la decisión de la Comisión Europea de multar a X con 120 millones de euros tres días antes. Estos comentarios, desde Bruselas, suelen quedar sin respuesta directa. Queda en manos de los portavoces dar una réplica casi administrativa, de perfil bajo. Pero entre tanto, el Ejecutivo de la UE, especialmente en Competencia, va haciendo camino. Solo un ejemplo: en septiembre de este año, Google recibió la segunda multa más alta de la historia de la UE: 2.950 millones por abusar de su posición de dominio en el negocio de la publicidad digital.Ya en el mismo día de la toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca, el pasado enero, se observó la cercanía entre los magnates tecnológicos y el presidente retornado a Washington. Pronto llegaron las advertencias de sus colaboradores más cercanos. En febrero, J. D. Vance lanzó una amenaza clara en París: “Algunos Gobiernos extranjeros están considerando apretar las tuercas a las empresas tecnológicas estadounidenses con presencia internacional. Estados Unidos no puede y no aceptará eso”. La última amenaza, en suelo europeo, llegó de los máximos responsables de Comercio, Howard Lutnick y Jamieson Greer: si la UE quería resolver los asuntos pendientes de la guerra comercial (acero y aluminio), tenía que avenirse a descafeinar sus leyes digitales. Detrás de estas posiciones, hay formas distintas de ver las normas digitales. Estados Unidos suele priorizar la libertad de empresa y la de expresión frente al resto de libertades y derechos; la UE busca que estas dos libertades no dañen otros derechos fundamentales ni a los consumidores. “Europa y Estados Unidos definen de manera distinta la libertad de expresión”, resume Anu Bradford, catedrática de Derecho experta en regulaciones digitales de la Universidad de Columbia. “Pero el actual ataque de la administración Trump a las leyes digitales de la UE también forma parte de su guerra comercial más amplia: busca proteger mejor los intereses económicos estadounidenses”, señala por correo electrónico la autora del libro Imperios Digitales. Desde la Comisión Europea, la vicepresidenta y máxima responsable de Competencia, Teresa Ribera, responde: “Es posible que haya quien prefiera que miremos hacia otro lado cuando las grandes compañías tecnológicas incumplen nuestras normas. No lo haremos. La política europea de competencia está diseñada para garantizar mercados abiertos, que funcionen, en los que no quepan abusos ni sobre los ciudadanos ni sobre los nuevos operadores o los consumidores industriales”, ha advertido la comisaria española en respuesta a EL PAÍS. A lo largo de este último año, desde el departamento que dirige, Competencia, se han visto los mayores castigos contra las grandes tecnológicas estadounidenses. Google recibió en septiembre una multa de 2.950 millones por abuso de posición dominante en el negocio de la publicidad digital y todavía está pendiente la decisión de si se le obliga a dividir esta parte de su actividad; a Apple en abril se le impuso una sanción de 500 millones y a Meta otra de 200 millones. También hay investigaciones abiertas a Amazon y Microsoft por su posición en el mercado de datos en la nube y a Google por perjudicar el contenido patrocinado de los medios de comunicación. Y, a esta lista, hay que añadir las imposiciones a Apple, por ejemplo, para abrir los sistemas operativos de los iPhone y los iPad. “Hemos tenido la oportunidad de aplicar la regulación europea y reforzar nuestro compromiso con el cumplimiento de las mismas, sea quien sea el infractor y venga de donde venga la presión”, resume Ribera, a modo de balance de su primer año al frente de Competencia. También ha habido una multa sobre X, de 120 millones, sobre la base del reglamento de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), algo que cae bajo la competencia de la también vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen. A su departamento, la dirección general de Redes y Tecnología, le corresponde el despliegue del DSA. Bajo esta acción, en los últimos meses, se les ha exigido información a Apple, YouTube, Google o Microsoft sobre su actuación en varios campos del universo digital. A Meta se la ha acusado de forma preliminar de quebrar las obligaciones de transparencia. A esto, hay que añadir los compromisos alcanzados con TikTok (en este caso de capital chino) o la reciente investigación puesta en marcha sobre X porque su inteligencia artificial, Grok, hizo comentarios negacionistas con el holocausto. A pesar de esta andanada, Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital en la Universitat de València, cree que la UE todavía tiene más margen de actuación en el campo de los servicios digitales: “Parece bastante evidente que la Unión no ha desplegado al máximo todas las capacidades que debería desplegar. Las autoridades nacionales y la Comisión deberían ser absolutamente rigurosas”. No obstante, valora que “se mantenga el rumbo” en la aplicación de sus regulaciones porque el modelo de regulación estadounidense lleva a “una constante devaluación de los derechos fundamentales, que, además, ha comportado la mayor acumulación de datos de la historia”, con los que después se ha hecho un gran negocio en el mercado de la publicidad. Soberanía digitalPara Bradford, finlandesa afincada en Estados Unidos, estos casos implican que la Comisión lanza la señal de que “sigue comprometida con la aplicación de su legislación y, al mismo tiempo, [lo hace cuando] está replanteándose su agenda reguladora”, en referencia a los paquetes de simplificación adoptados hace unas semanas, con una moratoria sobre la IA generativa como ChatGPT. “Es importante que la UE no ceda a las presiones de la administración Trump ni acepte esta falsa disyuntiva entre la regulación digital y la competitividad. La UE necesita reforzar su competitividad y mejorar su soberanía digital, pero el camino para ello no pasa por la desregulación”, abunda. Esta dicotomía, sin embargo, siempre está presente. Para unos es falsa; para otros, no tanto. A las palabras de Bradford se pueden oponer algunas de las consideraciones como la de Mario Draghi, expresidente del BCE, que reclamó una moratoria para la inteligencia artificial. O las de Google hace una semana: cuando la Comisión anunció la apertura de una investigación por prácticas anticompetitivas con esta tecnología, la filial de Alphabet esgrimió que “se corre el riesgo de frenar la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca”. En las reacciones del dueño de X, Elon Musk, hay mucha menos sofisticación. El sudafricano llamó a “abolir la UE” cuando se publicó la multa sobre su red social. La española Ribera discrepa: “Fortalecer la democracia requiere afrontar nuevos desafíos, y hoy uno de los más relevantes proviene del avance de la inteligencia artificial. Europa apuesta por el cambio tecnológico, pero asegurando al mismo tiempo un ecosistema informativo solvente y confiable y medios plurales”.