El escándalo de corrupción de Centros Poblados empezó a dejar las primeras operaciones de extinción de dominio contra los principales involucrados. La Fiscalía General de la Nación decomisó bienes que serían de la exministra Karen Abudinen, el contratista condenado Emilio Tapia y otros salpicados en el entramado ilegal.Los otros cobijados con las medidas de extinción de dominio a un total de 23 bienes son Juan José Laverde, quien hacía parte de la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro, contratista; y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, con la que se hizo el descalabro al erario público.Este escándalo de corrupción, que se presentó durante el gobierno del expresidente Iván Duque, nació de una estrategia del Ministerio de las TIC, a cargo de Karen Abudinen, para llevar internet a escuelas rurales de 16 departamentos del país, en un negocio que ascendía el billón de pesos. El contrato se lo ganó Centros Poblados, a la cual a través de actos de corrupción le giraron 70.000 millones de anticipo que se quedaron algunos de los involucrados.Luis Fernando Duque Torres, Centros Poblados. Foto:EL TIEMPOJosé Iván Caro, jefe de la Dirección especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, dijo que las propiedades decomisadas tienen un valor cercano a los 65.900 millones de pesos, y están divididas en parqueaderos, locales comerciales y sociedades.”Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados”, explicó el director.Emilio Tapia. Foto:Archivo particularEn el caso de la exministra Abudinen, de acuerdo a las decisiones que ha emitido la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad fiscal, se le aplicó una medida cautelar a un inmueble que posee.En materia penal hubo varios judicializados por parte de la Fiscalía. “La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumento para la comisión de las irregularidades”, explicó el ente acusador.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoTras las medidas cautelares de extinción a 23 bienes, un juez especializado tendrá que decidir si se los decomisa de manera definitiva a los involucrados en el escándalo.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com