La captura del dictador Nicolás Maduro –que el mundo espera marque el principio del fin de ese régimen de oprobio que se sigue robando riquezas y derechos de los venezolanos hace ya más de un cuarto de siglo– tiene profundos nexos con Colombia. Nexos que, inexplicablemente, ninguna autoridad en el país se ha preocupado por investigar con seriedad.De cabo a rabo, el ‘indicment’ de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Maduro y de sus dos socios más conspicuos –Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino– abunda en referencias a negocios de narcotráfico, oro y armas con las antiguas Farc, con narcos puros, con disidencias y con el Eln. LEA TAMBIÉN Los primeros señalamientos son viejos: del 2007, de los tiempos de Hugo Chávez y el refugio que les dio a enemigos públicos de Colombia como alias Iván Márquez en Fuerte Tiuna, el mismo complejo militar del que las Fuerzas Delta de los Estados Unidos sacaron esposados en la madrugada del sábado al dictador y a su esposa, la no menos temida Cilia Flores. Lo que dicen las investigaciones gringas es la verdad que todos sabemos en Colombia, menos los encargados de las investigaciones: que Chávez y luego su heredero, Maduro, se aliaron con las Farc de ‘Márquez’ y ‘Timochenko’ para proveerlas de armamento y de rutas seguras para sus negocios de cocaína, los mismos por los que obtenían millonarias ganancias. Maduro tendrá que responder por toneladas de cocaína colombiana que salieron por el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, incluso usando el hangar presidencial, y por miles más que se movieron rumbo a Europa y EE. UU. desde pistas clandestinas que aún hoy operan sin restricción en el oriente de Venezuela, en la frontera con Colombia. LEA TAMBIÉN El fin de las Farc en el 2016, por el acuerdo de paz, no marcó el fin de esos negocios criminales. La acusación federal habla de reuniones del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, con jefes de las disidencias y con narcos colombianos en Medellín en el 2019 y de viajes constantes de Diosdado Cabello a la frontera, incluso hasta finales del 2024, para supervisar personalmente envíos de coca cuya seguridad estaba a cargo del Eln y para reunirse con capos colombianos y recibir personalmente su tajada del narcotráfico.La JEP decidió convenientemente ignorar el tema de los apoyos estratégicos en Venezuela y el Ecuador de Rafael Correa –que fueron determinantes para que la guerra siga hasta hoy en Colombia– en sus procesos contra ‘Timochenko’ y los otros ex-Farc que recibieron justicia transicional. La Fiscalía colombiana tampoco le ha metido diente al tema, como tampoco lo hizo la Corte Suprema frente a otro capítulo ignorado de nuestra historia: la ‘Farcpolítica’, empezando por el caso de la cuestionada y fallecida senadora Piedad Córdoba. Pero el régimen chavista tuvo, y tiene, querientes en Colombia, al punto de que Cabello habló de supuestos envíos de dinero para campañas políticas en el país. ¿Habrá que esperar a que desde afuera nos hagan justicia? LEA TAMBIÉN JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET