Andalucía ha entrado de lleno en año electoral, un espacio temporal mucho más refractario a llegar a consensos que han sido esquivos a lo largo de la legislatura. Sin embargo, el decidido empeño de la Confederación de Ampas de Andalucía (Codapa) por buscar una solución real y efectiva a los problemas para la integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo -los más vulnerables del sistema educativo de la comunidad- ha conseguido concitar el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de un plan estratégico andaluz de inclusión que aborde la reforma de la normativa existente, la bajada de la ratio, la incorporación de más recursos especializados, y la extensión el apoyo más allá de la etapa de escolarización. “Andalucía necesita un programa, un marco estratégico por la educación inclusiva, porque nos estamos quedando atrás”, ha advertido este viernes Martina Jiménez, presidenta de Codapa, durante la presentación en el Parlamento autonómico del documento de consenso sobre la atención a la diversidad y la inclusión, en el que han intervenido representantes de todos los partidos -Adelante Andalucía, Por Andalucía, Vox, PSOE y PP- como una muestra de esa rara unidad y del compromiso que han alcanzado en este asunto.El documento es el resultado de una serie de mesas de diálogo que se desarrollaron entre los meses de abril y octubre del año pasado, impulsadas por Codapa y en las que, además de los partidos políticos, también estuvieron presentes todas las centrales sindicales con representación en las mesas sectoriales de Educación, la asociación Redes, expertos y familias de menores con necesidades especiales. “Necesitábamos ver la unidad de todo el arco parlamentario en este caso porque creemos que la atención a la diversidad en la inclusión educativa tiene que ser ahora mismo el problema que debemos afrontar a nivel educativo”, ha indicado Jiménez sobre la relevancia del consenso alcanzado. Desde Codapa, sin embargo, advierten de que van a estar vigilantes ante la concreción de estos compromisos, esenciales en una comunidad donde el 13% del alumnado (180.000 menores) tiene necesidades específicas de apoyo educativo y un 6% necesidades educativas especiales, según los datos que maneja la confederación. “Este no es un punto final, es el principio”, ha enfatizado su presidenta.Los consensos que recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario, hacen hincapié en la elaboración del Plan estratégico de inclusión, con una memoria económica, en el que se desarrolle el paradigma de la inclusión, con itinerarios personalizados y una apuesta por parte de la administración para su desarrollo; en la necesidad de revisar y actualizar la normativa andaluza en materia de inclusión y atención a la diversidad –“está obsoleta, hay que darle la vuelta y tener otro punto de vista”, ha enfatizado Jiménez-; en reorientar la política de personal, estableciendo ratios máximas por profesional, estabilizando las plantillas estructurales de los profesionales en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) y orientadores, evitando recursos compartidos e itinerancias y estableciendo plantillas consolidadas; en crear y consolidar la figura de enfermera escolar (actualmente un proyecto piloto que apenas llega a más de 60 familias); en garantizar el derecho a la inclusión en la enseñanza postobligatoria, fomentando la dotación de especialistas en Bachillerato y FP y abordando la reducción del abandono escolar; y en garantizar la formación del profesorado y la incorporación de las familias con hijos con necesidades especiales en la comunidad educativa.Desacuerdos“Ha sido más fácil de lo que pensábamos al principio, viendo cómo se desarrollaban el resto de debates en el Parlamento, quizás porque no había cámaras”, ironiza Pepe Segovia, un veterano orientador escolar que ha sido quien ha redactado el documento. “Demuestra que hay una base de acuerdos, aunque también hay varios elefantes en la sala que tienen que ver con financiación, con elementos relacionados con la ratio y con el derecho del profesorado”, añade, sobre las dificultades y discrepancias que se han detectado a lo largo de las reuniones, que también se recogen en el documento y que han deslizado las representantes políticas en sus intervenciones de este viernes. Aunque todas han destacado la importancia de disminuir la ratio, afianzar la plantilla, extender la atención a la docencia postobligatoria y la formación del profesorado, las parlamentarias de las formaciones de izquierdas – Begoña Iza, de Adelante Andalucía, Alejandra Durán, de Por Andalucía y Susana Rivas, del PSOE- han puesto el énfasis en la necesidad de que se refuerce a la educación pública como marco de desarrollo de esta estrategia y a la aportación de una dotación presupuestaria suficiente para garantizar que los centros educativos andaluces sean realmente inclusivos. Durán y Rivas han recordado cómo en esta legislatura sus grupos han presentado iniciativas legislativas para mejorar y garantizar la calidad para el alumnado con necesidades educativas especiales y reducir la ratio, que fueron rechazadas por el PP, con mayoría absoluta.Ana Ruiz, desde Vox, también ha cuestionado la gestión de los recursos de la Junta en la materia de inclusión escolar y ha aprovechado su intervención para defender los centros específicos de formación especial, pese a que la ONU reprendió recientemente a España por mantenerlos debido al peligro de segregación que representan. La representante popular, Remedios Olmedo, se ha visto en la tesitura de defender las políticas que en materia de educación especial está llevando a cabo el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que han sido cuestionadas por sus predecesoras en el turno de palabra. “Es la prioridad de la Consejería de Desarrollo Educativo”, ha defendido para hacer hincapié en la reciente orden de la Junta de reducir la ratio a 22 en infantil y primaria -si bien la propuesta de Codapa fija el límite en 20- o en el compromiso adquirido con los sindicatos de que los alumnos con necesidades especiales computen el doble a la hora de establecer los grupos. La Junta de Andalucía ha presupuestado para este año 636 millones de euros para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que eleva la inversión a 7.500 euros anuales por estudiante que requiere de atención a la diversidad, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo educativo. La plantilla de especialistas también se ha incrementado en un 37% más, un esfuerzo que desde Codapa reconocen, pero que se considera insuficiente, teniendo en cuenta que el número de alumnos con necesidades especiales ha subido en un 300%.En todo caso, todas las representantes políticas han admitido “la urgencia” de abordar este asunto y de hacerlo a través de una planificación estratégica que es el elemento innegociable para Codapa. “Eso es lo básico, tanto para la confederación como para los especialistas y las familias que han participado en las mesas, un programa marco para saber cómo se va a actuar de aquí a cinco o 10 años”, explica Segovia. Un plan estratégico que, ante todo debe ejecutarse. Desde la entidad, tal y como ha subrayado su presidenta, no quieren que con la atención a la diversidad ocurra como con la ley de bioclimatización, “aprobada en el Parlamento Andaluz por unanimidad, pero que está guardando en un cajón”. “Necesitamos que sea un compromiso real, efectivo y que se desarrolle a la mayor brevedad posible”, abunda. Jiménez ha insistido en cómo las Ampas se han convertido en catalizador de la desesperación de muchas familias de menores que necesitan atención a la diversidad y que se sienten desamparadas por no tener profesionales disponibles y tener que desplazarse a otra localidad, por no tener suficientes horas de atención, porque los recursos se comparten o no disponer de la figura de la enfermera escolar. “Los problemas a los que se enfrentan desde mi punto de vista, casi que son para quemar contenedores, por decirlo de una manera suave”, ha ilustrado la presidenta de Codapa. Ahora queda por ver cómo incorporan en sus programas electorales los partidos ese documento. La confederación, ya ha señalado su presidenta, les prestará apoyo y estará atenta a esa traslación.

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