En 1994, la vida de Asmel Quiñones Rojas terminó abruptamente en Santander, a manos de integrantes del Ejército Nacional. Su muerte, catalogada como un falso positivo, dejó una herida en su familia, que durante más de dos décadas luchó por justicia. El Estado indemnizó a los familiares, pero no les llegó a sus manos.En 1996, sus familiares decidieron contratar a un abogado para iniciar una acción de reparación directa contra el Estado. La batalla legal duró 20 años, pero en 2017 el Ministerio de Defensa reconoció su responsabilidad y autorizó el pago de una indemnización por más de $1.500 millones. La suma fue consignada directamente a la cuenta del abogado.Sin embargo, cuatro de los 17 familiares que estaban reclamando fallecieron durante el proceso y el abogado argumentó que esa circunstancia le impedía repartir el dinero, pues debía surtirse primero una sucesión para definir los herederos.Abogado. Foto:iStockPrometió encargarse del trámite, pero no lo hizo. Alegó razones de salud, inseguridad y hasta carga emocional, pero nunca devolvió el dinero, ni siquiera a quienes aún vivían y tenían derecho a su parte.El dinero siguió en manos del abogado. Y los familiares de Asmel, otra vez, quedaron esperando justicia.Ahora, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha zanjado el asunto. En un fallo de segunda instancia, con ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, la entidad determinó que el abogado violó sus deberes profesionales al no buscar mecanismos legales para entregar los recursos, ni devolverlos oportunamente a sus verdaderos dueños.Por ello, fue sancionado con seis meses de suspensión en el ejercicio de su profesión y una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes.Mientras tanto, los familiares de Asmel Quiñones aún esperan que ese dinero finalmente llegue a sus manos.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: