Aunque la ‘paz total’ sigue sin despegar y, según la autocrítica de funcionarios del Gobierno —como el ministro del Interior, Armando Benedetti—, se ha llegado a plantear su “fracaso”, el presidente Gustavo Petro sigue frenando extradiciones, priorizando los acercamientos de paz.Según la respuesta del Ministerio de Justicia a un derecho de petición enviado por EL TIEMPO, hasta el 11 de diciembre había 22 solicitudes con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia a la espera de la firma del jefe de Estado. Como la del cabecilla Giovanny Rojas, alias Araña, trece de ellas corresponden a solicitudes formuladas por Estados Unidos.Uno de los casos que han generado más controversia es el de ‘Araña’. El fin de semana se conoció que a través de la Resolución 421 del 18 de noviembre, el Gobierno suspendió su envío a las cortes federales bajo la condición de que realice “aportes verificables” al proceso de paz con la ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’, facción disidente de la ‘Segunda Marquetalia’.Giovanny Rojas, alias Araña. Foto:Archivo particular‘Araña’ es requerido por la Corte del Distrito Sur de California, que lo señala de seguir traficando mientras negociaba la paz. Según la acusación en su contra, entre enero de 2017 y febrero de 2025 habría comandado a los ‘Comandos de Frontera’, “una estructura dedicada a la producción y fabricación de cocaína, y habría coordinado el envío del estupefaciente hacia México y Estados Unidos”. Entre las pruebas se incluyen dos operaciones de las autoridades mexicanas del 18 y 19 de marzo de 2024, cuando fueron interceptadas dos embarcaciones con 800 y 700 kilos de cocaína en el Pacífico, que le fueron atribuidas a su grupo ilegal.Sin embargo, el Presidente, en un intento por seguir manteniendo viva su política de paz y bajo la discrecionalidad que lo cobija, ha condicionado la extradición únicamente para quienes no estén sentados en la mesa de diálogo, tensando la relación y cooperación judicial con Washington.El presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaDe hecho, uno de los cinco puntos en los que Colombia salió mal librada en la evaluación anual del Gobierno de Estados Unidos sobre el compromiso de los países en la lucha contra las drogas —y que derivó en su descertificación— fue precisamente la “negativa a extraditar a cabecillas de los grupos armados ilegales que controlan el narcotráfico”.“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas no hicieron más que agravar la crisis”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.Procedimiento de extradición. Foto:CortesíaOtros casos frenadosAdemás de ‘Araña’, en mayo pasado el primer mandatario también congeló la solicitud de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., uno de los cabecillas de ‘Comuneros del Sur’, facción disidente del Eln y el único grupo con el que ha avanzado la negociación de desarme en el marco de la ‘paz total’. Ha sido la primera estructura en entregar sus armas, que fueron destruidas en un acto simbólico en Samaniego, Nariño.Este hecho, ocurrido antes de conocerse la descertificación condicionada de Colombia, generó molestias en la Casa Blanca, que incluso intercambió duras cartas con la Fiscalía colombiana.Alias HH hace parte actualmente del proceso de negociación entre el Gobierno y Comuneros del Sur. Foto:Presidencia / Ministerio de Justicia“La suspensión de la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía es una desviación de nuestra larga y fructífera relación bilateral de extradición. Nos preocupa que la suspensión fomente un ambiente de impunidad para los graves delitos transnacionales”, dijo el Departamento de Estado, una “preocupación” a la que la fiscal Luz Adriana Camargo respondió pidiendo acompañamiento a las negociaciones de paz.Y, en julio, el Gobierno suspendió de manera indefinida la extradición de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc, también acusado de narcotráfico, quien incluso después de su captura, en lugar de ir a la cárcel, pasó casi dos meses en un apartamento en Chapinero, Bogotá, custodiado por hombres de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).’Mocho Olmedo’ y el presidente Gustavo Petro. Foto:El Tiempo/PresidenciaExtradiciones efectivasA la par de la encrucijada con las extradiciones de capos sentados en las mesas de diálogo, el Gobierno ha enviado a tribunales norteamericanos a 505 personas, el 84 % de los casos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.De hecho, un día después de expedir la resolución con la que decretó los “diálogos exploratorios” con la banda criminal ‘la Inmaculada’, firmó la extradición de su máximo cabecilla, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, quien cumple una pena en Colombia por al menos 47 homicidios y otros graves crímenes.Según información entregada por el Ministerio de Justicia, entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de noviembre pasado, el Gobierno registra un total de 769 extradiciones hacia 32 países. De estas, 505 extradiciones efectivas —equivalentes al 66 %— corresponden a entregas a Estados Unidos.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoPara la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, que el Presidente haya firmado la extradición de ‘Pipe Tuluá’, pero suspendido la de ‘H. H.’, la de ‘Mocho Olmedo’ y la de ‘Araña’, “significa una posición no muy igualitaria. Las solicitudes demuestran que han seguido cometiendo delitos graves y que no han cumplido con los compromisos de paz. Esta ambivalencia tiene serios problemas, porque no se sabe cuáles son los criterios de fondo que se están utilizando para decidir a quién extraditar y a quién no. Lo que debería tenerse en cuenta es que existan hechos claros sobre sus compromisos con la paz, no condicionarlos a futuro”, dijo.Sara Quevedo – Justicia – @JusticiaET – sarque@eltiempo.com