Los 12 miembros del Consejo Superior de Política Criminal se reunieron este viernes 18 de julio para debatir el proyecto de ley de sometimiento 2.0, en medio del ruido mediático que generó la filtración del borrador revelado en primicia por EL TIEMPO.El proyecto —que lleva la firma del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre— será presentado el domingo 20 de julio durante la instalación de la cuarta y última legislatura del Gobierno. Tiene 57 artículos y contempla una serie de gabelas y beneficios punitivos para cabecillas de bandas criminales y desertores de viejos acuerdos de paz, a cambio de su sometimiento.Por ejemplo, el Gobierno busca abrirles campo en la ley de Justicia y Paz, por medio de la cual se desmovilizaron los paramilitares en 2005, pese a que los nuevos capos no son susceptibles de acogerse a los beneficios de una jurisdicción especial, al no estar sus crímenes enmarcados en el conflicto armado.Entre los puntos más polémicos, el proyecto contempla la libertad condicional para quienes ya hayan cumplido ocho años de cárcel o las dos quintas partes de sus sentencias anteriores, siempre que se acojan a las nuevas reglas de sometimiento.La votaciónFueron cinco horas de debate tensionante. Este diario conoció por fuentes que estuvieron presentes que la magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal y representante de la Corte Suprema, le pidió al ministro Montealegre, como dicta el reglamento del Consejo, estudiar los comentarios y votar en cinco días. Sin embargo, el alto funcionario se opuso. El Gobierno buscaba con afán el visto bueno de este órgano, cuyo concepto, pese a no ser vinculante sí da un respaldo técnico de cara al debate legislativo. EL TIEMPO conoció la votación de la sesión, que por una reñida diferencia, terminó avalando la controvertida propuesta. Hubo cuatro votos por el no: el de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría, la Justicia Penal Militar y el de la senadora Paloma Valencia. El otro congresista con asiento en el Consejo, el representante liberal Álvaro Rueda, se abstuvo. Este mismo camino tomó la Fiscalía y la Procuraduría. Ni Luz Adriana Camargo ni Gregorio Eljach fueron a la sesión, lo que inhabilitaba a sus entidades a sentar postura durante la deliberación. Las entidades que dijeron ‘sí’, en su mayoría, son del ramillete del Gobierno: el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el Ministerio de Educación, el Bienestar Familiar y el Ministerio de Justicia. La Policía, representada por el subdirector, el general Rosemberg Novoa, también la avaló. El proyecto del anterior ministerio Este diario también conoció en exclusiva el proyecto que había dejado listo la ex ministra Ángela María Buitrago, el cual le presentó a su sucesor Montealegre en el empalme pero que fue reemplazado casi en su totalidad por ser demasiado duro. “Artículo 4: El artículo 340 del Código Penal inciso segundo “Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice uno de sus artículos. Y agrega: “La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan y financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Podrá atenuarse la pena a quien decida someterse voluntariamentea la justicia y se reducirá de un 20% a un 30% la pena prevista”. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia