Ayuso cede y negociará con los rectores su controvertida ley de universidades | Educación

El viaje de los rectores de las universidades públicas de Madrid a Miami junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en medio de sus denuncias de la asfixia económica del Gobierno autonómico a las seis universidades públicas, ha sido polémico pero fructífero. Los rectores llevan 11 meses denunciando la ley de educación superior que prepara el Gobierno autonómico ―piensan que invade su autonomía y no garantiza que pasen a estar bien financiadas― y ahora, tras reunirse con Ayuso, han pactado verse cada semana con el consejero de Educación, Emilio Viciana, para negociar por primera vez la norma. En el Consejo de Gobierno de la Complutense se ha abordado el tema este jueves. “En la reunión del viernes pasado, antes del viaje, el consejero le dijo a los rectores que podían tener reuniones semanales para analizar juntos el contenido de la ley”, confirman desde la Puerta del Sol. E insisten: “La consejería lleva reuniéndose con ellos desde el otoño”. Pero la comunicación no ha fluido en ningún momento y los rectores ven ahora a Ayuso “receptiva” al diálogo. El viaje es visto desde el Gobierno autonómico como “un punto de inflexión”.En paralelo, en este consejo de la UCM, un campus con enormes aprietos económicos, el rector Joaquín Goyache ha anunciado que han pedido un crédito de 30,8 millones a la Comunidad de Madrid para poder afrontar el comienzo de curso, según confirman a este periódico dos fuentes. El departamento de prensa de la UCM, sin embargo, no especifica la cifra: “La universidad está negociando un mecanismo de apoyo económico con la Comunidad de Madrid, cuyas condiciones aún no han sido definidas”. Para sobrevivir, el rectorado ya había ordenado a los decanatos recortar un 33% los gastos para cubrir el año. Cerró el 2023 con una deuda de 65 millones de euros.Si la Comunidad concede este préstamo a la UCM, tendría condiciones ventajosas respecto a las del mercado. Su intención con esta partida es poder salvar los muebles hasta noviembre, cuando previsiblemente se aprobarán los nuevos presupuestos que aspiran a que sean menos rácanos. Madrid no llega a destinar el 0,5% del PIB a universidades, cuando la intención es que todas las comunidades lleguen al 1% en 2030. La media ahora es de 0,7%.Las relaciones de los rectores con Viciana se han ido degradando a medida que se conocían detalles de la LESUC. El consejero les ha ninguneado desde que hace un año lanzaron un comunicado durísimo contra la norma. El remate llegó la semana pasada, cuando este aseguró a los medios que trabajaba en la ley “siempre de la mano de los rectores y con muy buena sintonía”. También Ayuso se pronunció en los mismos términos, que no se atenían a la verdad: “Llevamos muchos meses trabajando en la ley y seguimos colaborando con los rectores, con sus equipos, con los consejos sociales y con todo aquel que tenga algo que decir o aportar, para conseguir entre todos la mejor ley posible”. Los consejos sociales, los órganos que sirven de puente entre la sociedad y la universidad y que en Madrid presiden personalidades designadas por Ayuso ―como el periodista Francisco Marhuenda o el ex consejero de universidades de Ciudadanos Eduardo Sicilia―, salen muy bien parados en el proyecto de ley, ya que se les otorga más poder de intervención frente a los rectores. Reciben un trato de favor por parte de la Comunidad y, de hecho, tuvieron pronto una copia del borrador de la ley.Los rectores no recibieron una copia de forma oficial hasta el 13 de junio, los últimos, cuando ya el texto corría y EL PAÍS había publicado la intención de Ayuso a multar con hasta un millón de euros los atentados a la libertad de expresión y de cátedra. Previsiblemente en estas reuniones con Viciana se modificarán esos artículos, pues los expertos cuestionan su encaje jurídico y constitucional. Tras la reunión con el consejero, los rectores emitieron un tímido comunicado, que entre líneas dejaba claro lo esquinados que están. Pedían “participación temprana, leal y efectiva de las universidades públicas en la elaboración de la norma”.La Comunidad de Madrid asumió íntegramente los gastos de desplazamiento y estancia de los rectores en Miami. Allí estos le trasladaron a Ayuso una serie de líneas rojas y advertencias sobre los aspectos más problemáticos del texto. Esta dijo estar, según fuentes conocedoras de las conversaciones, abierta al diálogo. La Cruma, la conferencia que aúna a los seis rectores de la pública (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos), que se reunirá el próximo martes comandada por Alcalá, considera que la LESUC tiene que ser sustancialmente reducida y simplificada. Su propósito es aligerar el contenido de algunos de los artículos, que son demasiado detallados.Según estas fuentes, Ayuso ha dejado de enorgullecerse de la inversión en las universidades madrileñas ―las peor financiadas de España por alumno― y reconoce, como dice cualquier estudio o dato oficial o estudio riguroso, que no pueden seguir en esa situación. La Complutense no tiene ya de dónde recortar: ha metido tijera a ayudas a la investigación, planes de innovación docente, cooperación al desarrollo, obras, recursos, materias optativas… Y, pese a ello, mantiene el tipo en los rankings internacionales e imparte una docencia de gran calidad.Movilización de la comunidad universitariaEl pasado 5 de junio, el claustro de la UCM llamó a la movilización de toda la comunidad universitaria, que está representada en ese órgano. “La actual infrafinanciación afecta a la estabilidad y dignificación del personal, a la actualización y mantenimiento de infraestructuras, la capacidad de innovación y generación de conocimiento o la igualdad de oportunidades para el estudiantado”, recordó en un comunicado. La institución casi se paralizó el día de la huelga, a diferencia de los otros cinco campus, pero el apagón deslució su paro.El movimiento UCM por la pública ha convocado una asamblea el próximo lunes para empezar a perfilar las protestas de un otoño que se prevé caliente. Las últimas noticias ―100.000 euros por un escrache o una manifestación no autorizada― han indignado a la comunidad universitaria, pero se han conocido cuando los estudiantes estaban en plenos exámenes y a punto de acabar el curso. Abraham Duarte, nuevo rector de la Rey Juan Carlos ―la financiación por alumno en esta universidad es un tercio de la media española, según denunció su antecesor en este diario― se enfrenta a unas semanas muy complicadas, pues las cuentas del campus son peores de lo previsto. Terminarán el curso con un gran descubierto, al que podrán hacer frente por el remanente que les queda del pasado, pero que no se puede estirar mucho más.La falta de fondos pone en cuestión planes en marcha de otras universidades. La Carlos III quiere orientarse hacia las ciencias de la salud y la Politécnica aspira a tener Medicina, pero esas apuestas son inviables si no llegan fondos.