Ayuso, sobre sus universidades públicas: “Vamos a reforzar significativamente la inversión a seis años” | Educación

Tras más de un año de enfrentamiento abierto entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los seis rectores de las asfixiadas universidades públicas de la región, las tornas han cambiado y ha quedado en evidencia este lunes cuando Isabel Díaz Ayuso ha afirmado: “Vamos a reforzar significativamente la inversión a seis años”. Se ha comprometido a una subida en la partida ―es la región más rica y la que peor financia por alumno de España― durante la toma de posesión de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, que repite en el cargo y que ha aprovechado el acto una vez más para reclamar más dinero. La rectora ha pedido “una gobernanza moderna, autonomía responsable y una financiación adecuada y ajustada sus objetivos” tras la “crudeza de los recortes”.Este incremento, según Ayuso, se verá ya en los presupuestos de 2026, “para que ninguna universidad nunca reciba menos y que puedan adaptarse a cada situación y a las condiciones de cada una de ellas y crecer sin límites en base a sus méritos e incentivos”.En su discurso Ayuso tampoco ha aludido a la necesidad de sacar la ideología de las aulas, como hizo en la Politécnica de Madrid el pasado enero, en una senda trumpista de choque con las universidades. Su intención es castigar los escraches y las manifestaciones no autorizadas ―cuando en realidad no se necesita permiso― con hasta 100.000 euros.Los rectores calculaban el pasado curso que tan solo para salvar los muebles necesitaban 200 millones, pero ahora la Complutense negocia un crédito de 30,8 millones con el Ejecutivo regional para poder seguir abriendo cada día hasta que haya nuevos presupuestos. Y no se han hecho públicas las cuentas de la Universidad Rey Juan Carlos, pero va a terminar el año con un descubierto de decenas de millones que tapará con lo que le queda de un remanente cada vez más exiguo. Este fin de semana, en una entrevista en Europa Press, su nuevo rector, Abraham Duarte, señalaba que con este modelo de financiación a la URJC le quedaba “entre un año y año y medio” de solvencia económica. Para sobrevivir, por tanto, las seis universidades ―están también afectadas la Carlos III y Alcalá― necesitan mucho más que 200 millones, que ahora quedan muy cortos. Con el dinero de hace 16 añosLos rectores reciben la misma partida que en 2009. Ayuso se escuda en que desde 2014 sube, pero un incremento que solo ha servido para volver a los niveles de hace 16 años, lo que supone de facto un enorme recorte si se tiene en cuenta la inflación. La presidenta ha dejado de jactarse del presupuesto ―su inversión en universidades no llega al 0,5%, cuando la media nacional se acerca al 0,7%―, que además no es plurianual como en casi toda España, lo que impide a los rectores hacer planes a medio plazo. En los presupuestos de 2025 los rectores consiguieron con su enorme presión que subiese la partida 47,3 millones en las enmiendas, una cantidad claramente insuficiente.Las relaciones de los rectores con el consejero de Educación Emilio Viciana están prácticamente rotas, pero el viaje de cuatro de ellos con Ayuso a Miami ―muy criticado por la comunidad universitaria por el estrangulamiento financiero a la que están sometidas las universidades― parece haber dado algún fruto. Por fin han podido hablar con la presidenta madrileña, como deseaban desde hace muchos meses, y trasladarle sus inquietudes que son muchas y no solo financieras. La ley de educación superior (LESUC) que prepara Viciana creen que invade su autonomía universitaria, y no comparten ni el distrito único de prácticas, ni unas multas altísimas ―hasta un millón de euros por atacar la libertad de expresión― que a juicio de los expertos son anticonstitucionales. En el viaje a Miami ―descrito como un “punto de inflexión” por fuentes del Gobierno madrileño― Viciana se comprometió a reunirse semanalmente con los rectores para negociar su ley. Durante meses, tanto él como Ayuso han declarado estar elaborando la norma en sintonía con los rectores, aunque en realidad estaban esquinados. Fueron los últimos en recibir un borrador de la LESUC.Previsiblemente el borrador de la norma, tras estas negociaciones, sufra muchos cambios. Técnicamente no se sostiene ―está llena de incorrecciones―, disgusta hasta el extremo a los rectores y a los sindicatos, y Ayuso corre el riesgo de incendiar no solo la Complutense y la Autónoma, con sus profesores y decanos ya movilizados, sino las otras cuatro universidades públicas. En paralelo, pronto la Asamblea regional sacará adelante la decimoquinta privada.