En esta entrevista con EL TIEMPO, el general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares expuso las causas que explican la persistencia del conflicto en el Catatumbo, las dinámicas de confrontación entre los grupos armados ilegales y las limitaciones que enfrenta la acción estatal en territorios atravesados por economías ilegales, fronteras porosas y condiciones geográficas adversas.En el diálogo también abordó las similitudes y diferencias con otros focos de violencia como el Cauca, así como los retos operacionales para avanzar en la estabilización y el control territorial.Cúpula de las Fuerzas Militares en Norte de Santander en reunión por violencia en el Catatumbo. Foto:Archivo particularGeneral, hace unas semanas se cumplió un año de la crisis del Catatumbo, ¿Cuáles son los factores que han impedido que el Estado logre un control sostenido del territorio?La situación en el Catatumbo obedece a una convergencia de amenazas transnacionales y factores estructurales que buscan desafiar la autoridad legítima del Estado. En la región confluyen la presencia de diferentes grupos armados organizados al margen de la ley, la disputa por el control del territorio y de las economías ilícitas, una geografía compleja, el uso de nuevas tecnologías y una frontera porosa, con profundas problemáticas sociales. Mientras las Fuerzas Militares de Colombia, hacen un esfuerzo operacional en el territorio nacional, el adversario aprovecha la porosidad fronteriza para sostener su accionar criminal y evadir la acción de la justicia.¿Qué se pelean estas estructuras?Esta guerra es una disputa por el control de las rentas ilícitas y el control ilegal del territorio. En ese escenario, la población civil queda inmersa en medio del accionar delictivo del Eln y de la estructura del Frente 33, facción Calarcá, que buscan imponer su dominio mediante la acción criminal. Allí hay más de 43.000 hectáreas de cultivos de coca cultivadas, como principal combustible financiero de la violencia y de estas organizaciones narcoterroristas. La confrontación entre ambas estructuras criminales ha convertido el territorio en un escenario de infracciones sistemáticas al derecho internacional humanitario, donde la violencia es una estrategia de control social basada en el terror, que utiliza el desplazamiento forzado y el asesinato como mecanismo para romper el tejido social y facilitar la expansión de las economías ilícitas. Lo que en 2023 y 2024 fue una alianza criminal, durante el último año se ha traducido en una guerra que ha dejado un saldo devastador: 166 personas muertas y más de 87.000 desplazados, con un impacto directo y desproporcionado sobre la población civil.Y la situación geográfica de la región…Claro, a esta situación se suma la complejidad geográfica y fronteriza del Catatumbo, compuesto por 11 municipios y una frontera de 213 kilómetros con Venezuela; un teatro de operaciones de más de más de 9.000 kilómetros cuadrados, caracterizado por un terreno montañoso y selvático, donde la Serranía del Perijá nos impone algunas limitaciones.Fuerzas Militares en reunión. Foto:Cortesía¿Qué diferencias y similitudes encuentra la Fuerza Pública entre lo que ocurre hoy en el Catatumbo y la situación de orden público que atraviesa el Cauca?Aunque ambos territorios están conectados por el narcotráfico como motor de guerra, presentan dinámicas operacionales y amenazas asimétricas distintas que exigen estrategias diferenciales. Entre las similitudes estratégicas se encuentra la presencia de economías ilícitas de gran escala, que funcionan como pulmón financiero para los grupos armados al margen de la ley, así como su condición de corredores ilícitos hacia mercados internacionales, una alta complejidad social, entornos geográficos difíciles que limitan la acción del Estado, entre otros. En cuanto a las diferencias, en el Catatumbo predomina la hegemonía del Eln y el impacto directo de una frontera con Venezuela, como zona de retaguardia estratégica. En el Cauca, la amenaza dominante corresponde a las disidencias del Estado Mayor Central, facción Mordisco, especialmente las estructuras Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, con salida al Pacífico como centro de gravedad del narcotráfico. En ambos escenarios, los recursos derivados de las economías ilegales han permitido el uso intensivo de tecnologías y la implementación de formas no convencionales, y medios y métodos ilícitos para atacar la tropa.General, ‘Calarcá’, jefe de un grupo disidente, sigue sembrando violencia en el país a pesar de estar en una mesa de negociación. ¿Qué debería pasar con este terrorista?El Gobierno ha mantenido la puerta abierta a las negociaciones de paz como un camino para poner fin al conflicto y proteger a los colombianos y ha buscado generar acuerdos desde la mesa de negociación con esta estructura armada, que le permitan a la población civil vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Lamentablemente esto no ha sido posible. Hoy es evidente que esta estructura al margen de la ley no tiene voluntad de paz. Su accionar criminal persiste, sembrando terror, afectando de manera directa a la población civil y vulnerando a las comunidades en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Cauca, Norte de Santander, Meta, sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Ante este escenario, a las Fuerzas Militares de Colombia, en contribución a la paz del país, nos corresponde seguir cumpliendo con la misión constitucional, continuar desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes en todo el territorio nacional, especificamente en las áreas donde delinque la estructura, entendiendo que no existe un cese al fuego ni un cese de operaciones con esta estructura criminal, con el fin de proteger la vida, la integridad y los derechos de los colombianos, así como fortalecer la acción unificada del Estado en todo el territorio nacional y avanzar hacia la estabilización.General Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares. Foto:Cortesía¿Qué limitaciones enfrenta la Fuerza Pública en estos territorios donde confluyen economías ilegales, presencia de múltiples grupos armados y fronteras porosas?Las operaciones militares se desarrollan en condiciones adversas. Los grupos armados al margen de la ley utilizan a la población civil como escudo humano e infringen de manera sistemática el derecho internacional humanitario, lo que impone restricciones operacionales. A ello se suma una geografía compleja que limita la movilidad de las tropas y genera dependencia del apoyo aéreo, el cual a su vez, se ve condicionado por factores climáticos adversos. La frontera porosa, con 6 pasos formales y al menos 44 no formales, facilita el tránsito de estos grupos y de la delincuencia organizada transnacional, representando un desafío adicional en el control territorial. Pese a estas limitaciones, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y el apoyo coordinado con la Policía Nacional, han venido obteniendo resultados estratégicos y operacionales sostenidos, que han permitido avanzar de manera progresiva en la estabilización de la región. Tenemos claro los desafíos y la amenaza permanente de estas estructuras hacia la población civil y a nuestras tropas, pero el reto es mejorar los niveles de seguridad, estabilizar la región y así permitir el ingreso de la institucionalidad, fortaleciendo el Estado Social de Derecho.¿Qué es lo más complejo?A través de la inteligencia militar, hemos identificado que los territorios están permeados por el control ilegal que ejercen las estructuras ilegales sobre el territorio, lo que genera temor en la población civil. Esta amenaza se adapta de manera constante, incorporando medios y métodos ilícitos no convencionales, como el uso de drones modificados con capacidad explosiva, minas antipersonal sofisticadas y el uso de francotiradores. Lo anterior, les permite no confrontar a nuestras tropas de manera directa, demostrando su debilidad y su falta de capacidad. Frente a este escenario, el Apéndice “Juan José Rondón” del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, emitido en el año 2026, dinamizará una respuesta integral, basada en el empleo flexible de las capacidades militares, la integración conjunta, la anticipación de riesgos y, como prioridad, la protección de la población civil.¿Qué regiones del país concentran en este momento la mayor preocupación para el alto mando militar por su nivel de conflictividad?En este momento, las zonas focalizadas son el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, territorios donde confluyen desplazamientos masivos, presencia de múltiples actores armados, uso intensivo de drones modificados y amplias áreas contaminadas con minas, lo que incrementa el riesgo para la población civil. En un segundo nivel se encuentran Nariño, el sur de Bolívar y Arauca, debido a la persistencia de economías ilícitas, el asesinato de líderes sociales y su valor estratégico como corredores criminales o zonas de retaguardia para las estructuras armadas ilegales.¿Se está evaluando un replanteamiento o rediseño de la estrategia de seguridad nacional frente a los escenarios actuales de violencia?, las implementadas hasta ahora no han sido eficientes…Más que un replanteamiento, la estrategia se encuentra en un proceso de adaptación dinámica y evolutiva, enmarcado en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus. Este enfoque reconoce que las amenazas actuales son híbridas y requieren una respuesta integral basada en la Acción Unificada del Estado. En ese sentido, a través del Apéndice “Juan José Rondón”, se integran de manera flexible la inteligencia y capacidades tácticas, con el fin de anticipar y neutralizar nuevas modalidades de amenaza, como el uso ofensivo de sistemas aéreos no tripulados, el control ilegal del territorio y el constreñimiento a la población civil.La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:Cortesía¿Considera que algunas estrategias aplicadas en el pasado no lograron los resultados esperados y contribuyeron a que la violencia se mantuviera o se reconfigurara?Hemos recogido las lecciones aprendidas. El enfoque actual reconoce que la violencia no se enfrenta con esfuerzos aislados, sino mediante la Acción Unificada del Estado, con una coordinación permanente con la Policía Nacional y una colaboración armónica con la Fiscalía General y la institucionalidad. La victoria militar es un habilitador de la estabilidad, pero la paz territorial sostenible solo se consolida cuando existe coherencia entre la acción militar y policial, y una presencia integral y sostenida del Estado en el territorio.¿Cuáles son esas lecciones aprendidas?La principal lección aprendida es que la recuperación y estabilización del territorio debe ser un esfuerzo interinstitucional del Estado en su conjunto. Mientras no se logre el reemplazo efectivo de las economías ilícitas, los ciclos de violencia tenderán a repetirse, pues son estas rentas ilegales las que alimentan la cadena del narcotráfico, la minería criminal, el contrabando, el tráfico de armas, y que permiten la rápida reconfiguración de la amenaza y sostienen todos sus eslabones criminales.El despliegue militar en la frontera con Venezuela. Foto:CortesíaEn 2025, el país estuvo cerca de alcanzar la cifra de mil toneladas de cocaína incautadas. ¿Cuál es la meta que se proyecta para lo que resta del actual mandato presidencial?En 2025, las Fuerzas Militares lograron la incautación de 687 toneladas de cocaína, resultado de una ofensiva sostenida contra las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. Para este año, la proyección es superar la cifra del año 2025, priorizando la destrucción de centros de producción, el control de corredores de movilidad y la extinción de dominio, con el propósito de afectar de manera estructural las finanzas criminales. Esta ofensiva permite las condiciones necesarias para que las demás instituciones del Estado puedan actuar de forma segura, coordinada y efectiva en los territorios.¿Existe un plan específico para atender una posible crisis fronteriza derivada del desplazamiento de estructuras criminales hacia Colombia?Sí. Desde el 3 de enero de 2026 se encuentra activo un plan de contención fronterizo, que nos permite un dispositivo especial de seguridad, coordinado al más alto nivel con un Puesto de Mando Unificado principal en Cúcuta y un observatorio permanente en Bogotá, sobre los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía. Este dispositivo contempla el despliegue de más de 30.000 efectivos a lo largo de la línea fronteriza, con inteligencia permanente y una coordinación estrecha con la Policía, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, con el fin de garantizar el control territorial, la protección de la población civil y la seguridad nacional.Sobrevuelo en el Catatumbo.Sobrevuelo en el Catatumbo. Foto:Sobrevuelo en el Catatumbo.¿Qué tan viable es una eventual articulación entre el Eln y las disidencias de las Farc?Aunque puede existir una intención retórica de articulación, la viabilidad de un acuerdo estratégico real es limitada. Las disputas por el control ilegal del territorio y de las economías ilícitas generan intereses contrapuestos que, en la práctica, tienden más a la confrontación que a una alianza sostenible. De lo ideológico no quedó nada. Hoy se trata de un conflicto de carácter económico y mientras existan rentas ilícitas, persistirá la disputa por el territorio y las posibilidades de paz seguirán siendo limitadas.¿Qué acciones se adelantan para evitar que una convergencia de grupos armados represente un riesgo para el calendario electoral?El Plan Democracia es asumido por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Registraduría Nacional, la Procuraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, como un objetivo estratégico nacional e institucional. Su propósito es que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en condiciones libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, neutralizando cualquier intento de interferencia o acción criminal por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para ello, se mantiene una coordinación permanente con entidades del Estado Civil con gobernaciones y alcaldías a nivel nacional, regional y local, que permite un monitoreo constante y focalizado de los municipios identificados con mayor riesgo electoral, asegurando la protección del proceso democrático.¿Cómo se proyecta el plan?La estrategia contempla la garantía de cobertura territorial mediante el fortalecimiento del control militar en todo el país. El objetivo es asegurar que el proceso electoral se desarrolle bajo protección efectiva, en defensa del Estado Social de Derecho. En ese marco, se están movilizando tropas y recursos logísticos para proteger los 13.452 puestos de votación, desde los corregimientos más apartados hasta las principales ciudades, con antelación suficiente a la apertura de las urnas. De manera complementaria, las Fuerzas Militares participan activamente en las comisiones de seguimiento electoral, donde se evalúan riesgos, se ajustan dispositivos y se coordinan respuestas interinstitucionales.Fuerzas Militares en el Plan Democracia para elecciones regionales 2026. Foto:Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO¿Cuáles son las regiones que generan mayor alerta desde el punto de vista electoral y de orden público?Desde el análisis militar, las mayores alertas en material electoral se concentran en el Catatumbo, Arauca, Chocó, el sur de Bolívar y el Cauca, donde confluyen la presencia de grupos armados organizados, la persistencia de economías ilícitas, antecedentes recientes de afectaciones al proceso electoral y constreñimiento a la población civil.En ese contexto, ¿qué papel juega la frontera como uno de los principales focos de atención?La frontera constituye uno de los principales focos de atención por su impacto directo en las economías ilícitas, la movilidad criminal y la proyección de amenazas híbridas hacia el territorio nacional. Desde el 4 de enero se dispuso un dispositivo especial de control fronterizo, orientado a neutralizar cualquier acción ilícita que pretenda ingresar al país, mediante el control de corredores estratégicos y una articulación interinstitucional permanente.¿Qué mecanismos se están fortaleciendo para prevenir y detectar hechos de corrupción dentro de la institución militar?La política institucional es de cero tolerancia frente a la corrupción. En ese marco, se han fortalecido los mecanismos de prevención, detección y control, comenzando por el robustecimiento de la Línea Anticorrupción 157 y la estandarización de los procesos internos, con el fin de facilitar la denuncia, garantizar la protección al denunciante y asegurar una respuesta oportuna, efectiva y transparente por parte de las autoridades competentes. De manera complementaria, se ha reforzado la labor de las inspecciones y el trabajo permanente de las Direcciones de Aplicación de Normas de Transparencia (Dante), como instrumentos clave de control interno, seguimiento y verificación del cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y ética institucional. Estos esfuerzos se articulan con una coordinación permanente con entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar, entre otras, para garantizar investigaciones rigurosas y actuaciones integrales frente a cualquier conducta irregular. Cada hecho que se conozca será investigado, y se adoptarán las acciones legales, disciplinarias y penales a que haya lugar. Defenderemos la legitimidad de la institución con transparencia, contundencia y decisiones firmes.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: