El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el polémico decreto 0639 de 2025 con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular a pesar de la negativa del Senado.La Sección Quinta del alto tribunal aceptó una demanda contra el llamado ‘decretazo’ y en su primer análisis encontró fundamento para frenar sus efectos mientras decide de fondo:”Debe señalarse que de la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, dice el documento.Pese a que el Gobierno pretendía excluir al Consejo de Estado del estudio jurídico de su decreto y limitarlo a la Corte Constitucional, en el entendido de que esa revisión supuestamente debía ser posterior a la consulta, los consejeros de la Sección Quinta ratificaron su plena competencia para abordar la inédita actuación del Ejecutivo, que pretendía desconocer la decisión del Senado.Para ello, el alto tribunal acudió a lo dispuesto en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a varias decisiones internas del mismo Consejo de Estado.El decreto que convoca a la consulta popular. Foto:Archivo particular.Esta decisión no afecta el trámite que hará la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo tribunal, al que el registrador Hernán Penagos le solicitó emitir un concepto frente a la constitucionalidad de la consulta popular.Penagos anunció, en una rueda de prensa del 17 de junio, que no convocó a las urnas para la consulta popular impulsada por el Gobierno a través del decreto 0639 del 15 de mayo de 2025 hasta tanto el alto tribunal no resuelva las dudas jurídicas sobre su validez.Según el registrador, el hundimiento del concepto favorable en el Senado genera un conflicto de legalidad que no le corresponde dirimir, razón por la cual pedirá un concepto al alto tribunal antes de ejecutar el decreto presidencial.Penagos reconoció que el país está “problema jurídico”, pues los conceptos entre Gobierno y el Congreso son contrarios, por lo que considera necesario que sea la justicia la que dirima esa situación y tenga la última palabra. “La Registraduría no puede aceptar el concepto de una de las partes y dejar al lado el de la otra”, recalcó el jefe de la Registraduría. Incluso el Gobierno Petro anunció acciones jurídicas contra Penagos por no acatar el decreto de la consulta popular y dejar en manos de las altas cortes la decisión sobre su licitud.Noticia en desarrollo…