Por la negativa de entregar los documentos que requería la Contraloría en el marco de la auditoría de cumplimiento a la Nueva EPS, el ente de control adelantó una inspección con Policía Judicial en la que recabó más de 4.500 archivos. Estos evidenciaron un incremento billonario de los pasivos de la entidad prestadora de salud, hoy en manos del Gobierno tras su intervención en 2024, y alertaron sobre una precarización del servicio de cara a sus 11 millones de usuarios.En entrevista con este diario, Julián Niño, contralor delegado para el sector Salud, y Andrés Caicedo, director de la DIARI, profundizaron en las principales preocupaciones sobre el manejo de la entidad y recalcaron que ninguna intervención ha logrado reencauzar financieramente a las EPS ni traducirse en una mejora real del servicio de salud.¿Qué encontraron en la inspección realizada a la Nueva EPS? ¿Cuándo se llevó a cabo y cómo adelantó la Policía Judicial ese proceso?Caicedo: La inspección —o despliegue de Policía Judicial, como técnicamente se conoce— está enlazada al informe de auditoría que la Delegada de Salud publicó en julio de 2025. Ahí, al identificarse algunas carencias en términos de estados de resultados, certificados aprobados por una revisoría fiscal, entre otros, el señor Contralor General de la República solicitó una actuación en el marco de Policía Judicial.Fuimos a la Nueva EPS desde el 16 de julio hasta el 25 de julio de este año, haciendo todos los procedimientos aplicados en ese tipo de actuaciones: inspecciones a lugares, entrevistas técnicas con los funcionarios de la entidad, recaudo de material probatorio, evidencias físicas y, por supuesto, tomas forenses para después llevarlas a nuestro laboratorio de informática forense, decodificarlas y analizarlas. En total, se allegaron 4.524 archivos a este expediente sobre la Nueva EPS.¿Qué arrojó esa información? La alerta es por una deuda y un incremento de los pasivos billonarios. ¿Qué encontraron y qué riesgo anticipan frente a la operatividad de la EPS más grande del país?Niño: Bueno, para complementar lo que acaba de decir el director, es importante aclarar que la actuación en el marco de Policía Judicial no fue el único insumo inicial. También hubo una especie de “desclasificación” de la codificación de la información para que un grupo de análisis dentro de la DIARI se aproximara por primera vez a los datos.De ese ejercicio se generó un informe que derivó en la alerta. Hoy, la Contraloría Delegada para el Sector Salud acoge ese informe y, sobre los puntos más relevantes, empieza a actuar buscando los mecanismos de control fiscal que mejor se acomoden.Este análisis cubre tres vigencias completas y lo corrido de 2025. Y tratándose de la EPS más grande del país —por los recursos que maneja y por la población afiliada—, eso implica una gran cantidad de información.La alerta ya empieza a identificar puntos importantes: facturas sin procesar, incremento en las cuentas por pagar y otras inconsistencias señaladas en el comunicado. Todos esos ítems serán priorizados por nosotros para encontrar el mecanismo de control más rápido y efectivo.Parte de lo que ha hecho esta Contraloría es entregarle a la ciudadanía y a las instituciones documentos con cifras validadas y verificadas. Esa fase es la que está en curso desde que la Delegada recibió la información.Y hay que añadir un elemento clave: hoy la EPS no tiene estados financieros ni de 2023 ni de 2024. Intentar aproximarse a la realidad financiera sin esa información certificada es muy complicado. El riesgo, como lo señala el informe, es que algunos indicadores importantes de la EPS se deterioren, considerando además que la entidad está bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.El Gobierno intervino a la Nueva EPS el 3 de abril de 2024 y la alerta indica que desde 2022 hasta el primer semestre de 2025 la EPS incrementó pasivos, deudas por anticipos sin legalizar y facturación represada. ¿Qué corresponde a los años anteriores a la intervención y qué a la administración actual bajo la Supersalud?Caicedo: Digamos que el ejercicio de recaudo abarcó desde 2022 hasta junio de 2025, y esas cifras están englobadas en el comunicado de prensa. Tenemos algunos porcentajes incrementales de una vigencia comparada con otra, especialmente en el tema de anticipos.Pero señalar con precisión qué corresponde a antes de 2022 y qué a después de la intervención será objeto de estudio de la Delegada, con el insumo que entregamos. De hecho, trasladamos ocho alertas: una sobre facturación, otra sobre cuentas por pagar, entre otras. El informe contiene tablas y clasificaciones que permitirán más adelante precisar esa división.Le insisto en una cifra: entre 2023 y 2024 los anticipos sin legalizar pasaron de 3,4 billones a 8,6 billones, un incremento del 155 %. El presidente Gustavo Petro usó esa información de la Contraloría para justificar la intervención del 3 de abril de 2024. ¿Qué responde?En el comunicado señalamos claramente que sí hay una tendencia progresiva. Comparando las vigencias 2022, 2023, 2024 y lo corrido de 2025, se observa un aumento del nivel de endeudamiento de la EPS, un incremento en facturas pendientes por procesar y ese 155 % en anticipos sin legalizar entre 2023 y 2024. Ahora, después de la intervención se agravó la situación de la entidad. Los números lo indican. Le corresponde a la Delegada determinar esos puntos críticos y convertirlos en eventuales hallazgos.¿Entonces, la intervención se justificaba con esas cifras? ¿La deuda se agravó durante la administración actual bajo la Supersalud? Y, sobre todo, ¿qué significa esto para los usuarios? ¿Corren el riesgo de quedarse sin servicio médico?Niño: Básicamente, este informe es una alerta que identifica puntos críticos. El informe de julio ya había sido muy importante porque, por primera vez, habló de una deuda global e incluso de indicadores clínicos. Desde la Contraloría no nos corresponde valorar la decisión ejecutiva de intervenir, pero con esta información podremos complementar lo que vimos en 2024.Lo que buscamos es mostrar la realidad financiera de la EPS. Sin estados financieros certificados es imposible tener certeza de lo que ocurre, pero sí vemos que eso se traduce en más PQR, más tutelas, cierres de servicios en algunas regiones y problemas de acceso a medicamentos.Si logramos validar toda esta información y llevarla al control fiscal, podremos decirle al país con claridad qué está generando la percepción de que la Nueva EPS no está garantizando ni oportunidad ni calidad en la atención. Ese es el reto.¿Cuál es el llamado al Gobierno para evitar que se sigan agudizando estas precariedades en el servicio de salud?Niño: Hemos visto que en la historia de las intervenciones ninguna ha sido efectiva al momento de lograr reencauzar los componentes financieros, asistenciales, operativos y en general se ha visto que una intervención, todos los pasados superintendentes no han terminado de la forma que se espera que es reencauzar la EPS y que esa ese mejoramiento de los indicadores se traduzcan en que los usuarios, que es lo que le importa a la Contraloría, reciban el mejor servicio de salud posible.El informe de julio fue un punto de partida. Con este nuevo insumo de la DIARI y lo que la Delegada determine, podremos entregar más elementos a la discusión.El Gobierno acaba de devolverle Sanitas al grupo Keralty tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la intervención. Alegan recibir la EPS en un estado financiero crítico. ¿La Contraloría también ha hecho alguna inspección a esta entidad?Caicedo: La respuesta es no. Hoy quisimos concentrarnos en la Nueva EPS. Sabemos que el sistema de salud en general está en una coyuntura complicada, pero en este momento no tenemos una actuación en curso sobre Sanitas ni sobre otra EPS.Lo que buscamos es llevar a feliz término la actuación con la Nueva EPS. Estaremos atentos a lo que corresponda dentro del marco de vigilancia y control fiscal.¿Esta alerta sobre la Nueva EPS podría extenderse a otras EPS intervenidas por el Gobierno?Niño: Este informe tiene un origen particular: la falta de estados financieros en la Nueva EPS. La visita buscó capturar la información para analizar los indicadores y entender la realidad de la entidad.Pero en paralelo estamos adelantando auditorías de cumplimiento: a Sanitas para la vigencia de este año y también a la Nueva EPS.La Contraloría nunca ha dejado de vigilar el sector. Lo que hacemos con informes y auditorías es poner de presente la realidad, con técnica, independencia y cifras validadas.Esto apenas empieza. La voluntad es avanzar, y si la Nueva EPS se convierte en un piloto para validar información en otras EPS, lo desplegaremos.Lo importante es que, tratándose de la EPS más grande, podamos mostrar con certeza cómo está entre 2022 y 2025, para que los reguladores y entes de control tomen decisiones. Porque lo que debe importarle al ciudadano es tener garantizado el acceso a medicamentos, la oportunidad en citas y la atención en urgencias.¿Se contemplan responsabilidades fiscales si se encuentran hallazgos en este proceso?Niño: Eso lo arrojarán el análisis y las actuaciones de vigilancia fiscal. Puede haber hallazgos fiscales, disciplinarios o incluso penales, o temas que correspondan a la Supersalud.Lo que queremos es saber qué está pasando con la EPS, porque sin estados financieros certificados no hay certeza. Esa es la instrucción que tenemos: analizar la EPS más grande del país y después proyectar los hallazgos.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia