La Defensoría del Pueblo alertó los riesgos que enfrentarían miles de pacientes afiliados a la Nueva EPS ante la suspensión de servicios ambulatorios y el cierre de puntos de dispensación de medicamentos anunciados para comienzos de 2026. En un comunicado, el organismo advirtió que no existe información “clara, oportuna y verificable” sobre las rutas de transición, lo que podría afectar la continuidad de tratamientos y el acceso efectivo a la salud en varios territorios del país.“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los hechos recientemente puestos en conocimiento público que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos, con impactos directos sobre las personas usuarias en distintos territorios del país”, señaló la entidad.En ese sentido, el comunicado reiteró que “todos los actores del sistema que hacen parte de la prestación de servicios deben garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad”, una responsabilidad que, subrayó, “cobija a EPS, IPS, ESE, gestores, operadores farmacéuticos, entre otras entidades prestadoras de servicios”.La Defensoría también insistió en la necesidad de mantener una articulación permanente entre las autoridades y los operadores del sistema.“Se debe contar con espacios conjuntos y permanentes de comunicación y articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores de las EPS y los gestores farmacéuticos, con el propósito de dar continuidad al trabajo adelantado mediante los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU) y las reuniones de seguimiento territorial lideradas por la Defensoría”, indicó.La Nueva EPS es una de las entidades con mayor cantidad de afiliados en el país. Foto:Cortesía Nueva EPSLa advertencia se produce luego de que, en días recientes, varios hospitales públicos de Boyacá hicieran públicas decisiones de suspensión de servicios. Según la Defensoría, en comunicados del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (17 de diciembre), el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (29 de diciembre) y el Hospital Regional de Sogamoso (29 de diciembre), se expuso como punto común “la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026, dada la existencia de causas administrativas y financieras comunes como la mora, fallas en plataformas de radicación e incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS”.A ello se suman las comunicaciones dirigidas a usuarios de la Nueva EPS por parte del gestor farmacéutico Colsubsidio. De acuerdo con la Defensoría, en esos mensajes se informa que “a partir de la misma fecha, se cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para dichos afiliados en todos sus puntos de atención a nivel nacional, y que la entrega de los mismos se realizará de manera habitual hasta el 31 de diciembre de 2025”.El punto más crítico, advirtió la entidad, es la ausencia de información concreta para los pacientes. “En dichas comunicaciones, se indica que la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos será asumida por la EPS, sin que se precise información clara, oportuna y verificable sobre las rutas de transición, los puntos alternos de dispensación ni los mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes”, señaló el organismo de control.Nueva EPS. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnewAnte este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros entes del sector una serie de acciones urgentes.Entre ellas, pidió “informar las rutas oficiales de contacto, por territorio, para la atención y gestión de casos de cada una de las EPS intervenidas”, así como “remitir la documentación de los mecanismos de articulación y respuesta definidos para la coordinación con la Defensoría del Pueblo, con el fin de dar continuidad al trabajo territorial a través de los PMU y mesas de trabajo regionales”.También solicitó información detallada sobre las medidas adoptadas frente al informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados’. En particular, requirió que se informe “sobre las acciones, planes y medidas adoptadas (…) orientadas a garantizar el acceso completo, continuo y oportuno a medicamentos, servicios de salud y demás prestaciones requeridas por las personas afiliadas”.Otra de las exigencias se dirige a la Superintendencia Nacional de Salud, a la que la Defensoría pidió “remitir la documentación, programación, planes de visita y resultados del plan de choque actual (…) en materia de acceso y disponibilidad de medicamentos”. Además, solicitó “implementar y remitir un informe individual por cada EPS que contenga el detalle de los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos prescritos y no entregados”, incluyendo cifras discriminadas de solicitudes presentadas, pagadas, no pagadas y rechazadas.De manera paralela, el organismo de control hizo un llamado directo a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos. “La Defensoría les solicita (…) que implementen e informen de manera inmediata los planes de contingencia disponibles para evitar la interrupción abrupta en la prestación de servicios y en la dispensación de medicamentos, evitando impactos irremediables para la salud de las personas”, advirtió.Para la entidad, estas medidas no son opcionales. “Estas acciones son fundamentales para responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios, fortalecer los canales de trabajo conjunto y asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en cada territorio”, enfatizó.Redacción Justicia