El 42% de los españoles vive en autonomías con servicios sociales debilitados | Sociedad

20 millones de personas, el 42% de la población española, vive en autonomías con servicios sociales debilitados o irrelevantes. Castilla y León, País Vasco y Navarra continúan siendo los territorios con mejor calificación, pero Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid suspenden por su cobertura intrascendente. Así lo ha revelado este lunes el Índice DEC 2024, que desde 2012 examina a España en esta materia de forma anual.El estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales permite realizar una clasificación en una escala que va desde “excelente” hasta “irrelevante” según la autonomía, tras valorar una treintena de indicadores, el 49% con datos de 2024 y el resto de 2023.“No es que las mejor posicionadas destinen siempre más dinero, sino que dedican más porcentaje del presupuesto de sus Administraciones. O sea, lo que invierten en servicios sociales es una proporción del PIB mucho más alta que en el resto de España”, explica el coordinador del estudio, Gustavo García.Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares presentan unos servicios sociales debilitados. Asturias, La Rioja, Extremadura, Aragón, Canarias, Cataluña y Andalucía obtienen una calificación “media baja”.Año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas en función de su lugar de residencia. Por ejemplo, Extremadura tiene 713,7 euros de gasto por habitante en servicios sociales, un 76,1% más que la Comunidad de Madrid.El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas extremeñas destinan a esta cobertura social triplica el que destinan las madrileñas. Por otra parte, Andalucía, con 21 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura.El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias es seis veces superior al de Navarra. El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%) y la proporción de plazas residenciales públicas para personas mayores de 75 años es tres veces superior en Castilla y León que en Murcia. Más allá de las importantes diferencias territoriales, los resultados manifiestan el escaso desarrollo y evolución general de la ayuda a domicilio, la teleasistencia y los centros de día, “lo que requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización” para acercar los cuidados a la comunidad y mejorar la integración, según recalca la entidad. Aunque, al mismo tiempo, confirma que el sistema está ampliamente consolidado. Los resultados del Índice DEC 2024 indican una mejora general de los servicios sociales, alcanzando la puntuación más alta de toda la serie desde 2012 con una tendencia ligeramente creciente. 13 de las 17 autonomías mejoran su puntuación respecto al estudio anterior, solo Baleares empeora. Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana mantienen la misma calificación que en el anterior análisis, lo que pone de manifiesto la mejora global del sistema.Todos los territorios poseen una ley que reconoce derechos subjetivos en materia de servicios sociales, 14 cuentan con un catálogo que los desarrolla y los concreta, 15 tienen integrada la atención a la dependencia en sus servicios sociales y 10 gozan de una planificación estratégica vigente. Pero la asociación insiste en que “resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030”.Hace un año el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia estatal para un nuevo de modelo de cuidados en la comunidad, la hoja de ruta que dibuja hacia dónde deben evolucionar las políticas públicas entre 2024 y 2030 para transitar desde una cultura “asistencialista” hasta unos apoyos que se adapten a las preferencias y necesidades de cada persona y que les permita continuar en su entorno. Fue el primer documento de estas características en España, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales. Propone mejorar la cartera de servicios, aumentando, por ejemplo, las horas de ayuda a domicilio o desarrollando viviendas en la comunidad con apoyos para personas en situación de dependencia como alternativa a las residencias.Pero el Índice DEC 2024 revela que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años. Su intensidad media es de 35,65 horas mensuales, 17,4 horas para los dependientes de primer grado, 39,8 para los de segundo y 60,2 para los de tercer nivel. Son datos que corrobora el propio IMSERSO.“Apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para los grandes dependientes, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia Ley de Dependencia, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria”, denuncia García.La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el catálogo de la dependencia, es percibida por el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros. “Una cuantía insuficiente para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que precisan ayuda continuada”, a juicio de la asociación.El panorama de los otros dos servicios no es menos preocupante. La cobertura de los centros de día tiene una escasa evolución desde 2010, aunque en el último año muestra por primera vez un repunte, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10.La teleasistencia es el único servicio que consigue un cierto progreso en estos 13 años, 3 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,1% de las personas mayores de 65. Sin embargo, el plan de choque para la dependencia, aprobado en 2021 hasta 2023 con el objetivo de reflotar un sistema que estaba ahogado, marcó como objetivo establecer este servicio como derecho subjetivo destinado a toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. En el año 2024 seguían quedando 709.234 ciudadanos para alcanzar la cobertura total, lo que significa que, a este ritmo, se necesitarían 7 años para conseguir el objetivo previsto. Desde 2014 aumentó el gasto de las administraciones públicas en servicios sociales, pero disminuyó su porcentaje sobre el PIB. El plan de choque reforzó la coberturaLa mejora actual, pese a las cifras reflejadas, se relaciona con la subida de financiación en materia de dependencia por parte del Ministerio de Derechos Sociales gracias al plan de choque, que repercute en el presupuesto de las comunidades.“Si algo hizo bien el Ministerio en la anterior legislatura fue esta medida, que no se quedó solo en palabras, sino en 600 millones de euros nuevos cada año. Fue una época brillante con un impacto tremendo, pero los últimos 24 meses sin este refuerzo se han notado”, expresa García antes de defender que para conseguir un cambio real se necesita una nueva inyección económica.“Por lo menos otro par de años, hasta equiparar la inversión de la Administración central con el presupuesto de las comunidades autónomas porque la aportación del Estado todavía no llega al 50%”, aclara. También solicita cambios normativos autonómicos para favorecer la desinstitucionalización, el principal objetivo.Por ello, en esta edición la asociación ha querido premiar a Cuenca, Fuenlabrada (Madrid) y Teruel, los dos primeros por sus proyectos de viviendas para mayores y el tercero por su iniciativa contra la soledad no deseada.