“Cuando mi novia se enteró de la violación, pensó que yo era gay”. La frase, dicha en voz baja por una de las víctimas, resume años de silencio, vergüenza y dolor. Tenía 17 años cuando fue retenido por hombres armados en el sur de La Guajira. Lo golpearon, lo amarraron y lo sometieron a actos de violencia sexual que aún hoy le resulta difícil nombrar. Al regresar a casa, no pudo contar nada. “Me sentía menos hombre. Pensé que si hablaba, todos iban a señalarme”.Ese testimonio es uno de los 104 relatos acreditados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reconoció a hombres, adolescentes y niños como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba, pero también en zonas como La Guajira y Cesar, donde los grupos paramilitares delinquían de forma coordinada, cumpliendo órdenes de ganaderos y controlando territorios y ríos. Entre 1998 y 2009, estos hombres vivieron hechos que, hasta hace poco, permanecían invisibles: violaciones, torturas, desplazamientos y amenazas, con un punto crítico en el año 2000, cuando se cometieron 50 de los crímenes documentados.Estas víctimas fueron acreditadas en el Subcaso 02 del Caso 11, que investiga violencias de género cometidas por la Fuerza Pública contra civiles, y en el Subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que aborda crímenes perpetrados por la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.La JEP anunció la decisión este jueves 28 de septiembre. Foto:JEPDe los 104 casos reconocidos, al menos 35 corresponden a hombres que eran niños al momento de los hechos. Diecinueve de ellos tenían entre cinco y catorce años, y dieciséis eran adolescentes.Según la JEP, fueron sometidos a violencia sexual utilizada como mecanismo de castigo, humillación y control, en el marco de dinámicas de poder de género. Según los relatos, las agresiones buscaban quebrar su identidad, despojarlos de atributos socialmente asociados a la virilidad y reforzar un modelo de masculinidad hegemónica y violenta. “Me dijeron que si contaba lo que pasó, me mataban”, relató otra víctima, que fue desplazada de su finca en el Magdalena.Los testimonios revelan que, en muchos casos, los paramilitares actuaban con el apoyo o la aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional. Esta presunta complicidad es hoy objeto de investigación por parte de la JEP.Magistrado Óscar Parra, relator del subcaso 02 de la JEP. Foto:JEPEl magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso 02 del Caso 11, señaló que, aunque inicialmente el macrocaso se abrió para investigar patrones de violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, con el tiempo empezaron a recibir información sobre violencias contra hombres que no estaban contempladas.“El colectivo acreditado es el grupo más grande conocido, pero a la fecha hay otros 30 hechos en otras regiones del país contra hombres que también han sido acreditados”, explicó. Incluso, recientemente, se solicitó la inclusión de 11 víctimas adicionales.El magistrado indicó que los principales responsables directos de estos hechos fueron integrantes de grupos paramilitares, pero que el despacho está evaluando si existió participación activa, directa o indirecta de integrantes de la Fuerza Pública.“Los relatos de las víctimas brindaron información acerca de que los grupos paramilitares actuaron de manera conjunta, cumplían órdenes impartidas por ganaderos o coordinaban acciones orientadas al control de la movilidad fluvial y territorial, todo ello con el apoyo o aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina o de la Policía Nacional”, precisó.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:CortesíaEn 103 de los hechos victimizantes documentados —80 ocurridos en el departamento del Magdalena y 23 en el departamento de Bolívar—, las víctimas identificaron como presuntos responsables a miembros de grupos paramilitares. Además, en cinco casos señalaron que los abusos fueron cometidos por estos grupos actuando de manera conjunta con integrantes de la Fuerza Pública: en dos hechos con miembros de la Policía, en otros dos con miembros del Ejército y en un caso adicional con el uso de un helicóptero oficial.Las víctimas describieron daños físicos graves: enfermedades de transmisión sexual, problemas de columna, infertilidad, pérdida de la dentadura, heridas por ser amarrados y secuelas de golpes. Pero las consecuencias psicológicas fueron aún más profundas: ansiedad, depresión, flashbacks, pensamientos suicidas y aislamiento. Muchos relataron haber guardado silencio durante décadas por miedo a ser ridiculizados, cuestionados o no creídos.Jurisdicción Especial para la Paz. Foto:JEPEn un contexto marcado por los mandatos de la masculinidad hegemónica. “Para un hombre esto es muy vergonzoso”, cuenta una víctima y otra relata que “la misma policía les informaba quién hacía las denuncias”. Algunos fueron abandonados por sus parejas, otros perdieron sus trabajos y comunidades, y la mayoría optó por no denunciar.Por primera vez, un tribunal reconoce de forma amplia y explícita la violencia sexual contra hombres, adolescentes y niños como una forma de violencia basada en género.“Reconocer a estos hombres como víctimas no niega ni minimiza la gravedad de las violencias ejercidas contra mujeres, niñas y personas con orientación sexual e identidad de género diversas; por el contrario, amplía y refuerza los argumentos de género e interseccionales”, subrayó el magistrado.Durante años, muchos de estos hombres creyeron que sus voces quedarían sepultadas por el miedo, el silencio y la impunidad. Sin embargo, la acreditación ante la JEP abre un camino de reconocimiento y reparación. El tribunal destacó la valentía de quienes, enfrentando la estigmatización y las amenazas, decidieron relatar lo que vivieron. Acompañados por organizaciones como All Survivors Project, las víctimas esperan que sus testimonios contribuyan a esclarecer la verdad, establecer responsabilidades y evitar que estos hechos se repitan.La JEP documentó la violencia sexual de la que son víctimas hombres. (Imagen de referencia). Foto:iStockLa JEP señaló que la violencia sexual contra mujeres, hombres y personas con orientación sexual e identidad y expresión de género diversas (OSIEGD) ha sido “histórica y estructural, utilizada como un mecanismo de control, dominación y destrucción de cuerpos, comunidades y proyectos de vida”. Enfatizó que “reconocer a estos hombres como víctimas no niega ni minimiza la gravedad de las violencias contra mujeres y personas diversas; por el contrario, refuerza los argumentos de género e interseccionales y fortalece el carácter transformador, incluyente y restaurativo” de la Jurisdicción.El despacho cerró la primera ronda de versiones voluntarias con 10 integrantes del Ejército en Putumayo y citaron a 17 personas a versión y a un testigo, por hechos ocurridos en Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta.Ahora analiza nuevas diligencias para esclarecer responsabilidades y la posible participación de la Fuerza Pública y paramilitares en el uso de la violación de hombres como arma de guerra.Juan Diego Torres – Justicia – @JusticiaET – dielas@eltiempo.com