El fiscal del ‘caso Juana Rivas’ propone un retorno del menor a su padre en privado y con ayuda profesional presente | Sociedad

La jueza Cristina Luis Vílchez, los abogados de Juana Rivas, los de Francesco Arcuri y el fiscal del caso se han reunido este miércoles por la mañana en una cita que ha durado alrededor de 15 minutos. El objetivo era determinar cómo hacer que el segundo intento de retorno del hijo menor de la pareja con su padre sea mucho más pacífico y menos caótico que en la primera ocasión, ocurrida este martes. El Ayuntamiento de Maracena ha escrito una petición al Ministerio de Presidencia para que tome medidas e impida la entrega del próximo viernes, algo que el ministerio ha señalado que va a estudiar. Mientras, el hijo menor Rivas ha pedido ayuda por carta a Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children.En cualquier caso, la jueza ha pedido en la mañana de este miércoles a los profesionales que atendieron el primer intento este martes un informe que le ayude a definir el cómo y el dónde, pero todavía no ha tomado una decisión sobre la hora y el punto de entrega. Lo que es definitivo es que en esta ocasión será un acto mucho más íntimo, restringido a las personas estrictamente necesarias y en un lugar en el que no sea posible que la prensa, familiares y amigos revoloteen en el exterior de donde se haga la entrega. Fuentes conocedoras del caso y de la reunión han explicado que ha sido el fiscal el que ha hecho una propuesta, que ha sido aceptada en distinto grado por las partes. La Fiscalía ha considerado necesario que se incorpore una profesional de apoyo al menor en la transición entre la despedida de la madre y el encuentro con su padre. A partir de ahí, la propuesta incluye un tiempo de despedida con la madre, unos minutos de descompresión con profesionales y el encuentro con su padre que, si es necesario, estará también apoyado por profesionales. La previsión de Arcuri es salir inmediatamente de Granada y volver a Italia. Las partes han tenido también acceso a un largo informe en el que los expertos detallaban lo ocurrido en el Punto de Encuentro. Por otro lado, Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, ha explicado a este diario que ha pedido que “el niño, a diferencia de ayer martes, acuda con una maleta y documentación”. Zambrano ha recordado que Daniel llegó al Punto de Encuentro Familiar sin nada, “evidenciando que no lo habían preparado para irse ni de viaje ni volver con su padre”. Zambrano también se queja de la presencia del hermano, quien estuvo acompañando al menor casi todo el tiempo y quien tuvo una fuerte ascendencia sobre Daniel durante toda la mañana. Petición al Ministerio de la PresidenciaLa responsable del Centro de la Mujer de Maracena, Paqui Granados, ha remitido después una petición al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el que le insta a que, como “autoridad central española”, intervenga para evitar el próximo viernes la entrega de su hijo menor al padre invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980. En el escrito, presentado por el Ayuntamiento granadino, esgrimen la petición con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor, de 11 años, hasta que tenga lugar el juicio contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos, que está previsto que se celebre el próximo septiembre en Italia.Fuentes del ministerio que preside Félix Bolaños confirman que han recibido “una solicitud del Ayuntamiento de Maracena (Granada) sobre la entrega de un menor en el marco de un proceso judicial para la ejecución de una sentencia de un tribunal italiano”. Ahora, “la solicitud se está examinando detenidamente con el fin de dar una respuesta fundamentada en Derecho antes del próximo viernes 25, fecha fijada por la Justicia para la entrega del menor”.Y añaden: “A lo largo de estos meses, el Ministerio ha defendido siempre el interés superior del menor, que incluye el derecho a ser escuchado. Aunque se trata de un procedimiento judicializado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/1111, el Ministerio ha hecho valer estas cuestiones en su ámbito de actuación, particularmente en lo relativo a su relación con las autoridades italianas”.De hecho, “el pasado 11 de marzo, el Gobierno de Italia se dirigió al Ministerio instando su colaboración en la ejecución inmediata de la sentencia que ordenaba la restitución del menor”. Ante eso, “el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respondió negando dicha colaboración por ser un proceso judicializado en el que la parte afectada tenía derecho a manifestar su oposición”.Y concluyen: “El pasado lunes 14 de julio, ante una nueva solicitud de la autoridad central italiana instando la implicación del Ministerio, se hizo llegar a la autoridad italiana diversos informes en los que, entre otras cuestiones, se detallaba el rechazo del menor a ser entregado a su padre, inmerso en un proceso judicial por maltrato en Italia, y su deseo de ser escuchado antes de tomar una decisión definitiva”. Una entrega caótica La entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre el martes se hizo en medio de un gran revuelo: un grupo de alrededor de 12 familiares y amigos de Rivas hizo su aparición calle arriba del lugar de encuentro, con Juana echada sobre el hombro de la directora del Centro de la mujer de Maracena, llorando mientras caminaba, y sus hijos Gabriel y Daniel agarrados de la mano en el centro de la imagen. El grupo apareció 50 o 60 metros antes de la puerta y hacia ellos se dirigieron varias decenas de periodistas a todo correr, interceptándolos a mitad de camino e interrumpiendo el tráfico. A la escena se sumaban dos decenas de personas en apoyo a Juana, abogados de una y otra parte y fuerzas de seguridad. Una situación difícilmente digerible para un niño de 11 años que tiene que dejar a su madre para irse con su padre. La entrega del menor se retrasó hasta el viernes, por lo que la escena podría volver a pasar. La jueza lo quiere evitar a toda costa y va a poner los medios para que la situación sea distinta.Para ello, la titular del juzgado ha solicitado “con carácter urgente” un informe del personal técnico del Punto de Encuentro Familiar de Granada que el martes intervino en la “diligencia con el menor”, que no fue sino la entrega finalmente no completada de Daniel a su padre. Ese informe debe contener datos sobre cómo proceder en cuanto al “lugar, condiciones y modo en que podría tener lugar la efectiva entrega, salvaguardando el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio”.El primer intento de entrega del menor estaba establecido por orden judicial este martes 22 de julio entre las 10 y las 11 en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. Allí entró Arcuri, que llegó un rato antes de la hora prevista, sobre las 9.30 y esperó a que al filo de las 11 entrara el menor. Este llegó acompañado de su hermano mayor y de una psicóloga —“entra como amiga, no como perita”, confirmó luego su abogado—. El niño tardó un rato en encontrarse con su padre. Tanto que este telefoneó a su abogado, que esperaba en la calle, para comentárselo y preguntar qué estaba pasando. El equipo jurídico, en alerta ya a partir de la una del mediodía, realizó algunas llamadas que, en primera instancia, le tranquilizaron. Dentro, mientras tanto, un equipo de dos psicólogas, asistentes sociales y otros especialistas, entre los que había una perita del despacho jurídico de Enrique Zambrano, letrado de Arcuri, intervenía con el menor, que no se separó de su hermano la mayor parte del tiempo. En un momento concreto, el niño pudo ir con su padre y el equipo especializado informó a la jueza, según relata ella en la providencia en la que retrasaba la entrega al viernes, que en un acto como ese es “absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción”. De esas palabras se deduce que el menor y su hermano se opusieron con cierta rotundidad a ir con su padre y que los expertos consideraron que no se daban las condiciones. Entre el miércoles y el jueves, y tras la reunión de la mañana y los distintos informes, la jueza decidirá cómo debe ser el proceso de retorno con su padre —que en ningún caso pone la magistrada en duda— el próximo viernes. Reforma de la ley de protección a la infanciaLa ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado este miércoles que quiere iniciar el septiembre la tramitación de la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia para que se garantice que los menores sean escuchados en los procedimientos. En declaraciones en Onda Cero recogidas por EFE, Rego ha asegurado que se podría haber evitado la situación y la imagen generadas en relación con la entrega en el punto de encuentro del menor al padre, si se hubiera escuchado al propio Daniel, de 11 años, en la Fiscalía o en un juzgado de guardia. “Daniel no se fue ayer porque no quiso irse, estamos hablando de un niño que tiene derecho a plantear sus temores y sus miedos, y nosotros tenemos la obligación de proteger al niño y poner el interés del menor por delante”, ha señalado la ministra.