El Gobierno de Trump incumple la orden judicial sobre el salvadoreño deportado por error | Inmigración en Estados Unidos

El Gobierno de Trump incumplió este viernes la orden de la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, que le exigía explicar cómo devolverá a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que deportó por error a El Salvador. Xinis amplió dos horas el plazo, hasta las 11.30 de la mañana, para recibir la información, pero los abogados del Departamento de Justicia alegaron que no han tenido suficiente tiempo. “Los demandados no pueden proporcionar la información solicitada por el Tribunal en el plazo impracticable establecido por el Tribunal horas después de que la Corte Suprema emitiera su orden”, dijeron en su respuesta.La magistrada había calificado de “ilegal” la deportación de Abrego García, después de que el propio Gobierno admitiera que su traslado se hizo por “un error administrativo”. A pesar de ello, la Administración se ha negado a iniciar gestiones para su devolución argumentando que ya está bajo custodia del Gobierno de El Salvador. Xinis pidió recibir la información sobre los pasos que el Gobierno va a seguir para conseguir su vuelta, después de que este jueves el Tribunal Supremo respaldara su fallo del 4 de abril, en el que exigía que el Ejecutivo “facilite” su retorno. El Alto Tribunal ordenó al Gobierno que compartiera “los pasos que ha tomado” para conseguir la devolución de Ábrego García, además de “los futuros pasos” que prepara.Xinis ha ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que le entreguen actualizaciones diarias sobre tres asuntos: la ubicación de Ábrego y el estatus de su custodia, qué esfuerzos se han hecho para devolverlo a Estados Unidos y qué esfuerzos se harán.Los abogados del Gobierno dijeron que están intentando entender a qué se refieren los magistrados con “facilitar” o “efectuar” el regreso del salvadoreño. Al dar la razón a Xinis, el Supremo ordenó que el Gobierno “facilite” la devolución del salvadoreño, pero mostró reticencias en cuanto al término “efectuar”, recogido también en el fallo de la magistrada. “El alcance del término ‘efectuar’ [el regreso] en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder las facultades del tribunal”, escribió.El salvadoreño, de 29 años, fue deportado el 15 de marzo a El Salvador junto a otros compatriotas y más de 200 venezolanos, que se encuentran encarcelados en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El Gobierno realizó el traslado sin que hubiera una orden judicial, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Los detenidos estaban acusados de pertenecer a las pandillas M-13 y Tren de Aragua, consideradas grupos terroristas por Trump.Los abogados y familiares de Abrego García, que carece de antecedentes penales, han negado cualquier vinculación con las bandas violentas. Al deportarlo, el Gobierno se saltó una orden judicial que desde 2019 le protegía de la deportación. El salvadoreño fue detenido en ese año bajo una acusación de pertenecer al M-13 que nunca fue probada y salió libre sin cargos. Un juez le otorgó la protección para que no le enviaran de regreso a El Salvador por temor a lo que las pandillas le pudieran hacer. Ábrego García salió de su país a los 16 años huyendo de amenazas de muerte de los grupos violentos. En la actualidad residía en Maryland con su mujer y sus tres hijos (dos de ellos de su esposa y una relación anterior) y trabajaba como obrero metalúrgico.La negativa del Gobierno a aportar la información requerida refuerza el enfrentamiento que se está produciendo entre la actual Administración y el poder judicial, ya que no es la primera vez que mantiene un pulso con los tribunales. Los abogados del Departamento de Justicia, finalizaron su argumento subrayando que “los asuntos exteriores no pueden operar según plazos judiciales, en parte porque implican consideraciones sensibles específicas de cada país, totalmente inapropiadas para la revisión judicial”.