El histórico apagón que ha vivido a principios de esta semana la España peninsular y Portugal ha avivado todavía más la guerra cultural sobre el futuro de la energía nuclear. La planificación energética del Gobierno actual, avalada por Bruselas, incluye un calendario de clausura de las cinco centrales que hay en el país. Pero PP y Vox llevan años embarcados en la defensa de la energía nuclear y, por lo tanto, en el rechazo a esa hoja de ruta trazada por el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, abrió fuego este martes en varias entrevistas mañaneras. “Se acredita la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo”, dijo en referencia a la nuclear. “Tenemos mucha energía renovable y eso es bueno, pero es oscilante, nuestro sistema energético se está utilizando con una enorme carga ideológica”, sostuvo en una entrevista en Esradio donde pidió que se revierta el calendario de cierre. Horas después, en una comparecencia en La Moncloa, Pedro Sánchez respondió: “No hubo un problema de exceso de renovables”, dijo sobre las causas del apagón. “Quienes vinculan este incidente a la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia”, añadió. Además, el presidente lamentó que las nucleares no hayan podido participar, por razones de seguridad, en el proceso de recuperación del sistema eléctrico tras el apagón del lunes. En España hay cinco centrales nucleares activas, que cuentan con siete reactores operativos. Estas plantas han cubierto hasta ahora alrededor del 20% de la electricidad del país. Pero la irrupción de las renovables también ha cambiado ese retrato y la cuota nuclear en el sistema se está reduciendo. Y lo hace por un motivo de competitividad: las nucleares son incapaces de competir con la solar y la eólica en los precios a los que ofertan la electricidad que generan.Xavier Cugat, experto en energías renovables, explica que justo antes del momento en el que se produjo el apagón, es decir, a las 12.32, las energías renovables cubrían alrededor del 70% de la demanda eléctrica. Solo estaban produciendo electricidad en ese momento cuatro de los siete reactores nucleares del país, porque el resto no podía competir con la generación solar y eólica.Esta primavera, en la que se están marcando una y otra vez récords de generación renovable, el parque nuclear (propiedad de las compañías eléctricas) ha operado a medio gas. “En Semana Santa han estado activos solo dos reactores”, añade Cugat. “Las renovables son más competitivas en precio y no entran”, recalca. Desde el sector pronuclear se asegura que son menos competitivas por lo que llaman carga impositiva. Pero entre esas cargas, además de los impuestos, está la tasa que deben pagar por la complicada y costosa gestión de los residuos radiactivos que generan, lo que está en gran parte detrás de su falta de competitividad frente a las renovables. Pero desde la derecha política se insiste en la necesidad de ayudar económicamente al mantenimiento de la energía nuclear en el país. A Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los populares, le pilló el inicio del apagón en plena visita a la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Con esa visita pretendía escenificar el apoyo de su partido a la continuidad de la operación de esta planta, la primera que debería cerrar según la planificación del Gobierno.Esa planificación con la hoja de ruta para el cierre nuclear, que será reemplazado por renovables y almacenamiento energético, no parte de la nada. Sino que se basa en un acuerdo que las compañías eléctricas sellaron en 2019 con la empresa pública que gestiona sus residuos radiactivos, Enresa. Pero desde hace un año las eléctricas han comenzado a cuestionar públicamente ese calendario y a pedir que se amplíe más la operación de las plantas. Sin embargo, hasta ahora las compañías no han consensuado una propuesta para presentarla al Gobierno. Para Almaraz el tiempo corre y eso hace que cada vez parezca más irreversible el cierre de su primer reactor, previsto para el otoño de 2027; y esto aumenta más la tensión y la presión. El PP presentó en el Congreso una proposición de ley para evitar el cierre programado justificándolo en la “coyuntura geopolítica”. Además, ha condicionado su apoyo al decreto del Gobierno para paliar los efectos de los aranceles a que el Ejecutivo acepte ampliar la vida de las centrales. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que no ha recibido ninguna propuesta concreta de las compañías eléctricas, que son las que pactaron el calendario de cierre en 2019. “No hay ninguna propuesta formal de las empresas propietarias de Almaraz para ampliar el calendario de cierre”, recalcaban hace dos semanas fuentes de Transición Ecológica, que añadían: “En las conversaciones mantenidas con las compañías, el ministerio tampoco ha constatado una apuesta concreta y unitaria sobre el futuro de Almaraz”. Además, Transición Ecológica afirmó que se ha “trasladado de manera firme a las empresas que la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no van a recaer en los consumidores”.

El gran apagón agita la guerra cultural sobre la continuidad de la energía nuclear en España | Clima y Medio Ambiente
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