La próxima semana está previsto que se realice la audiencia en la que un juez revisará la negociación a la que llegó la Fiscalía con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda imputada por el caso de corrupción en la UNGRD, el cual tiene a varios exaltos funcionarios del Gobierno respondiendo en los estrados judiciales.Si el juzgado de Control de Garantías al que le corresponda el proceso, decide aceptar la negociación, Benavides será beneficiada con un principio de oportunidad que la librará de ir a la cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.Su abogado, Jaime López, llegó a ese pacto con la fiscal María Cristina Patiño a cambio de que la exasesora se comprometa a declarar en contra de quienes habrían delinquido con ella. Y lo hará con un antecedente que no se había presentado en este proceso: Benavides será la primera persona judicializada por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en recibir una inmunidad total. Audiencia de imputación a María Alejandra Benavides. Foto:Archivo ParticularEn plata blanca, significa que hasta el momento no pagará una pena por ninguno de los hechos de los que tiene conocimiento en este expediente, en el que ella se declaró inocente al momento de imputarla debido a los planes que tenía su defensa con la fiscal.Ese beneficio, que de acuerdo a abogados consultados por este diario no se da tan fácil en este tipo de procesos, abarcará los hechos de los que ella supo en el año 2023 relacionados a la contratación en la UNGRD y en Invías. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Foto:Archivo particularNi Olmedo López ni Sneyder Pinilla, quienes fueron los primeros en levantar la mano para delatar a sus socios, recibieron esa inmunidad total, y muestra de ello es que están en la cárcel pagando por otros cargos. Este diario conoció que la razón por la que se tomó esta medida con la exasesora es debido a su bajo grado de conocimiento y participación que tuvo en el escándalo, en comparación a López y Pinilla, exdirectivos de la Unidad que sí manejaron los hilos del entramado ilegal.En diálogo con EL TIEMPO, el abogado de Benavides manifestó que ella “colaboró con la administración de justicia en la teoría del caso de la Fiscalía. Será testigo contra los que la entidad considere, entre ellos, Ricardo Bonilla”.Este es Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Archivo particularMaría Alejandra Benavides llegó a ser la asesora de Bonilla en Ministerio de Hacienda a hacerle un reemplazo temporal a Andrea Ramírez, quien era la titular del cargo. En ese lapso, la hoy procesada habría alcanzado a conocer de los tres proyectos que al parecer se iban a direccionar de manera ilegal en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar a contratistas recomendados por seis excongresistas. Como entonces miembros de las comisiones económicas del Congreso, el interés de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz sería quedarse con esa contratación, avaluada en 92.632 millones de pesos. A cambio, habrían tenido que favorecer a Bonilla con la aprobación de cupos indicativos, conceptos que se empezaron a acelerar en 2023 justo cuando estaban en diálogo con la cartera de Hacienda.Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Casa de Nariño. Foto:Archivo particularEn ese sentido, Benavides podrá aportar no solo información clave en contra de su exjefe Bonilla y los legisladores, sino también del exministro Luis Fernando Velasco, Andrea Ramírez y Jaime Ramírez Cobo, con quien intercambio varias veces mensajes. Él fue el asesor de la Presidencia que estaba al pendiente de que se dieran rápidamente los acuerdos entre Congreso, Gobierno y UNGRD.El capítulo de la Unidad no es solo del que hablaría. Del escándalo de Invías -que promete ser más grande- también tendría información, y lleva a personas como Juan José Oyuela, quien era funcionario de la entidad vial. Además, a más de 20 congresistas, sobre los cuales la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que los investigue para establecer si cometieron algún delito. María Cristina Patiño, fiscal a cargo del caso UNGRD. Foto:Archivo ParticularEl alto tribunal ya les abrió una indagación, y lo que suceda en ese proceso dependerá en parte, así como el resto de declaraciones, de lo que dicte el juez el próximo 22 de julio al momento de revisar el principio de oportunidad.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com