El juez insiste en señalar al Consejo de Gobierno andaluz por retirar el control previo de los contratos de emergencia sanitarios | España

Aunque desde el Gobierno andaluz se insiste en trasladar la idea de que la investigación judicial sobre los contratos de emergencia sanitarios otorgados a dedo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 por 242 millones de euros acabará archivada o reducida a un mero reproche administrativo, el hecho es que el juez instructor sigue recabando informes relacionados con esas adjudicaciones, por las que están acusados de supuesta prevaricación administrativa los tres gerentes del SAS que ha tenido el presidente Juan Manuel Moreno desde que llegó al Ejecutivo autónomo. La última reclamación, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, pide a la Intervención General de la Junta de Andalucía el expediente que determinó al Consejo de Gobierno a sustituir el 6 de octubre de 2020 ―siete meses después de declarada la pandemia― el control previo de determinados gastos, órganos y servicios, por el control financiero permanente, que implica una revisión a posteriori de esas partidas.El juez Javier Santamaría, que instruye la causa, ya requirió toda la información relacionada con la memoria que avalaba la decisión de cambiar el sistema de control de determinados gastos y servicios del SAS el pasado noviembre. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción quieren entender bajo qué motivos se aprobaron los expedientes de los contratos millonarios de emergencia que se elevaron al Consejo de Gobierno entre 2020 y 2024, amparados en una normativa aprobada durante la pandemia, pero que había decaído cuando se siguieron adjudicando. Lo que se le pide a la Intervención ahora es “el expediente [o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado] que dio lugar a la emisión” de esa memoria por la que se decidió sustituir el control previo por el permanente, de acuerdo con la providencia que fue adelantada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso este periódico.En esa memoria, redactada por la entonces interventora general de la Junta, Amelia Martínez, que ahora es viceconsejera de Hacienda, no se ofrecen argumentos concretos que avalen el cambio en el sistema de fiscalización y se justifica la medida en la necesidad de garantizar “una mayor agilidad y eficacia en la gestión”. Este nuevo sistema, denunciado por el PP en el caso de los ERE, obliga a analizar los gastos una vez que se han producido, por lo que los reparos se plasman con mucho retraso respecto de cuando se pudieron cometer las infracciones, lo que también condiciona la dilación de la respuesta por parte de la administración a esas objeciones.Han sido precisamente esos informes posteriores de la Intervención los que han destapado el abuso y las irregularidades de este sistema de contratación de emergencia por parte del SAS. Pero no solo. Todos los informes realizados por los interventores provinciales relacionados con los contratos sanitarios menores ―lo que permitía también otorgarlos a dedo― adjudicados por las centrales provinciales de compras del SAS vienen encabezados por el cambio en la manera de controlar esos gastos. Precisamente, las adjudicaciones correspondientes a 2021 están siendo investigadas también por un juzgado de Cádiz, que también ha imputado a su jefe de compras en esa provincia. El Gobierno de Moreno destinó 1.223 millones a la contratación menor en las ocho provincias en ese ejercicio, en donde se fraccionaron buena parte de las mismas y en las que la Intervención detectó irregularidades en el 92% de los casos.Para el PSOE, tal y como consta en su querella, este cambio de control financiero fue determinante para amparar el abuso de los contratos de emergencia pasada la pandemia, donde ya no era necesaria la agilidad en los procedimientos de adjudicación. Fuentes de la Consejería de Hacienda, sin embargo, defienden el cambio e incluso llegan a puntualizar que, sin esta fiscalización a posteriori la Intervención no podría haber detectado los supuestos contratos fraccionados en las centrales provinciales de compra, que también se investigan.El expediente sobre la memoria justificativa del cambio en la forma de control de determinados gastos del SAS no es lo único que ha pedido el juez a instancia de la Fiscalía. También se ha solicitado a la Intervención “los expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS de 11 de agosto de 2020” y “cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el período en el que estaban sujetos a fiscalización previa”, si es que la Intervención los emitió; además de la documentación de los “expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por el Servicio Central [del SAS] en el período 2021-2023″. También requiere a la Cámara de Cuentas que le indique los auditores que participaron en el Informe de Fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la Junta y sus entidades vinculadas con la gestión de la crisis sanitaria del covid y que fue aprobado por el Pleno de la Cámara el pasado 26 de julio.El instructor ha decidido también aplazar la declaración de los tres interventores del SAS investigados hasta que no se reciba toda esta información, así como las declaraciones de testigos pedidos por el PSOE de Andalucía, que ejerce la acusación particular.