En la víspera de que el 28 de mayo el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de aborto hasta las 14 semanas de gestación, liderado por las ministra de la Mujer y Equidad de Género y de Salud, Antonia Orellana y Ximena Aguilera, respectivamente, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de nacionalidad chilena en La Serena, en la Región de Coquimbo -a 400 kilómetros al norte de Santiago- que tenía casi 1.000 unidades de Misotrol, un medicamento utilizado para provocar abortos y que comercializaba en el mercado negro. No solo se trata del mayor decomiso en los últimos cinco años en el país sudamericano, que fue valorado entre los 12.000.000 y 14.000.000 de pesos (más de 13.000 dólares), sino que también es la primera vez que se detecta que el ingreso ilegal se realizó desde Perú y las dosis no contenían ninguna resolución sanitaria.No es habitual la incautación de Misotrol en Chile, donde se permite el aborto en tres supuestos desde 2017 -en caso de riesgo de vida de las mujeres, inviabilidad fetal y violación-, pero en los casos en que ha sido pesquisado solía tener un origen conocido. Por ello, las casi 1.000 dosis que han sido halladas en La Serena han alertado a las autoridades por el peligro en su uso, pues no se conoce con exactitud su composición. Según cifras entregadas por la ministra Orellana al presentar el proyecto de ley, se calcula que en el país sudamericano se realizan unos 34.000 abortos anualmente, es decir, ocho por cada 1.000 mujeres en edad fértil, lo que equivale a casi una cuarta o quinta parte de los nacimientos que se registraron en 2024, que fueron unos 154.000. El cálculo se ha hecho en referencia a las tasas de aborto en países donde está legalizado y con realidades comparables, como Argentina y Uruguay.A los datos de Orellana se suma, según la ministra Aguilera, que los abortos en la clandestinidad producen graves riesgos para la salud de las mujeres, lo que se traduce “en hospitalizaciones”. De acuerdo a la titular de Salud del Gobierno de Boric, cada año se producen más de 20.000 ingresos por complicaciones en abortos y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años.Una detención en la calleEl subprefecto Fabián Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente Metropolitana (BRIDESMA) de la PDI, el organismo que estuvo a cargo del operativo en La Serena, señala a EL PAÍS que las pesquisas que dieron con el hombre de 34 años que vendía las dosis arrancaron del “monitoreo constante” que realizan en redes sociales, donde se suelen comercializar medicamentos bajo prescripción médica, como antidepresivos. En este caso, hubo un seguimiento, con policías como puntos fijos, durante dos meses al vendedor, que “ofrecía libremente Misotrol”: vendía las unidades a distintos precios, dependiendo de la urgencia, entre 60.000 y 170.000 pesos chilenos, es decir, entre 74 y 170 dólares.Decomiso de mil dosis de Misotrol un medicamento que es usado para abortar, ingresó ilegalmente desde Perú a Chile.Policía de InvestigacionesSu detención se realizó en la calle, en flagrancia, y llevaba consigo 118 dosis. Luego, tras el allanamiento a su casa se encontraron 840 unidades, además de cinco plantas de marihuana que también fueron requisadas. Fue en ese momento que los policías se percataron que el medicamento venía desde Perú y que “no contaba con la resolución sanitaria para ser comercializado en Chile”. “En lo que hay que poner atención es que la legislación chilena, en base a las resoluciones que emite el Servicio de Salud, otorga la capacidad para que estos medicamentos sean comercializados en territorio nacional. Y, al no tener esto, existe una incerteza respecto al contenido, pues materialmente no sabemos qué tiene ni qué efectos producen en las personas, por lo que es un riesgo doble: pueden causar efectos devastadores o complicar la salud”, explica Contreras.Según el policía, se determinó que la única actividad al día que realizaba el hombre era la venta de Misotrol, que “enviaba a todo Chile”. Hoy se encuentra libertad, pero es investigado por la Fiscalía de La Serena -quedó con firma mensual y arraigo nacional- y también por la PDI. “A nosotros nos interesa conocer la dinámica de adquisición, es decir, cómo se ingresan estos medicamentos, pues lo más probable es que sea por contrabando, y tener la certeza de qué contienen”, dice el subprefecto.Contreras dice que ha sido el mayor decomiso en Chile desde 2020. Para hacerse una idea, según cifras de Insituto de Salud Pública (ISP) entregadas a EL PAÍS, en cinco años han llegado para su revisión 18 unidades requisadas en la Región Metropolitana de Santiago.El proyecto de ley de aborto hasta las 14 semanas de gestación es una promesa de campaña de la Administración de Boric, y el mandatario ha puesto énfasis en su tramitación tanto en su Cuenta Pública de 2024 como la del 1 de junio de 2025, la última de su mandato. En el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, tiene un complejo escenario. Y el Gobierno ha optado por no ponerle urgencia a su discusión. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizada entre marzo y abril y presentada en mayo, el 16% de quienes participaron de la consulta piensa que el aborto debe estar prohibido a todo evento; un 50% está a favor que exista en los tres supuestos y un 33% está de acuerdo con el aborto legal.

El mayor decomiso en Chile de Misotrol, un medicamento para abortar, ingresó ilegalmente desde Perú: “Hay incerteza de su contenido”
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