El martes 8 de abril, a miles de kilómetros de distancia entre sí, el gobierno del presidente Gustavo Petro se jugaba dos cartas claves para tratar de impedir un escenario crítico que, para muchos analistas, parece casi ineludible: la descertificación de la lucha colombiana contra el narcotráfico por cuenta de la disparada de los cultivos de coca y de la producción potencial del alcaloide a niveles nunca vistos.Mientras en Washington la Embajada de Colombia rendía homenaje a los dos senadores de origen colombiano elegidos en el país del norte, Rubén Gallego y Bernie Moreno, en las selvas de Tarazá, Antioquia, aviones de la FAC realizaban otro bombardeo contra un campamento del ‘clan del Golfo’, principal cartel de la cocaína en el país, en poco más de dos semanas.El homenaje llamó la atención porque Moreno es el mismo congresista que en enero, en medio de la primera crisis diplomática entre Washington y Bogotá por el tema de los migrantes deportados, dijo que “la gente en Colombia ama a los Estados Unidos y odia a Gustavo Petro”. “En las próximas elecciones vamos a salir de él”, aseguró en esa coyuntura Moreno, a quien hoy la diplomacia de Bogotá ve como un posible canal para tratar de llegar al oído del presidente Donald Trump, de quien es copartidario.Más de fondo, la reactivación de los bombardeos –el arma estratégica que en su momento fue clave para la derrota de la guerrilla de las Farc y que el Presidente decidió no utilizar durante los dos primeros años de su mandato– representa un giro de fondo en la política de seguridad de la actual administración, duramente cuestionada en el país y en Washington por el crecimiento del poder de los grandes grupos armados ilegales en medio de la ‘paz total’. Desde diciembre se han realizado tres ‘operaciones beta’ que dejan cerca de 30 ilegales del ‘clan’ abatidos. El endurecimiento de la política de seguridad ha sido evidente tras la salida de Iván Velásquez y la llegada del general (r) Pedro Sánchez Suárez al Ministerio de Defensa.Bernie Moreno, Ruben Gallego y Daniel García-Peña Foto:Steven A. HarveyApenas 24 horas después, el miércoles, se conoció que el Gobierno decidió ampliar la meta de erradicación de coca de las modestas 10.000 hectáreas de 2024 (que no se alcanzaron) a 30.000 este año, y que para ello decidió volver a poner en el ‘arsenal’ de la estrategia antinarcóticos el uso de glifosato a través de la aspersión manual.Aunque en el Gobierno hubo tormenta por el eventual regreso del herbicida –finalmente se aseguró que se usará solo si los campesinos acceden a ello en el marco de los programas de sustitución de narcocultivos–, el ministro Sánchez reconoció públicamente que el empleo del químico hace más eficiente la lucha contra la coca.Bombardeos y glifosato son dos estrategias que en su carrera política y en su campaña a la Presidencia fueron casi demonizadas en el discurso de Gustavo Petro, pero que, a fuerza de la realidad que se vive en la seguridad de las regiones, están reviviendo en el portafolio de su gobierno.La fumigación con glifosato marcó la agenda presidencial esta semana. Foto:GlifosatoAdemás de los ataques aéreos contra el ‘clan’, este año el Ejecutivo aumentó las recompensas por los jefes del Eln y por ‘Iván Mordisco’. La decisión de la billonaria compra de los aviones de combate suecos que reemplazarán a los vetustos Kfir es otro frente en el que el jefe del primer gobierno de izquierda en la historia del país ha tenido que echarse para atrás frente a la narrativa que mantuvo por años en materia de seguridad.Aunque la migración irregular y los aranceles que pretende imponerle al resto del mundo el gobierno Trump han sido los dos temas prioritarios abordados por la diplomacia colombiana, nadie en el Gobierno duda de que la disparada de los cultivos va a ser un reto capital en las relaciones con Washington a partir de la segunda mitad del año y hasta septiembre, cuando se toma la decisión.Señales ha habido de sobra. La principal de ellas, la corrección pública de la lectura del Gobierno sobre el informe anual elaborado por EE. UU. acerca de los esfuerzos internacionales en la lucha antidrogas y publicado en marzo pasado. Ante un trino en el que la Casa de Nariño aseguró que “EE.UU. exaltó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico”, el Departamento de Estado rectificó casi de inmediato en estos términos: “La Política Nacional de Drogas de Colombia tiene objetivos admirables, pero es momento de ver resultados. Debido al récord de cultivos de coca, el Gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación, para el beneficio y la seguridad de nuestras naciones”.Cultivos de uso ilícito Foto:Raúl Arboleda. AFPEn entrevista con EL TIEMPO, hace tres semanas, el exembajador de EE. UU. William Brownfield lo dijo claramente: “Ojalá que haya algún resultado que mostrar en erradicación, faltan seis meses (para la certificación). Lo que se puede ver en esta materia son dos trenes avanzando uno hacia el otro por una sola carrilera a toda velocidad. Si nadie toma ninguna decisión, vamos a tener un choque de trenes. Espero que haya personas que tomen acciones serias para evitarlo”.Mientras el tono y los términos del presidente Petro siguen generando ruidos con Washington –el incidente con la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, fue el más reciente–, lo cierto es que altos funcionarios de su gobierno, empezando por la canciller Laura Sarabia y el embajador Daniel García-Peña, se vienen moviendo hace semanas para tratar de evitar una descertificación y las graves implicaciones que tendría para el país, empezando por el riesgo de sanciones comerciales y la suspensión de los programas de asistencia que aún se mantienen.El excanciller Luis Gilberto Murillo, cuya última gestión oficial fue ayudar a desescalar la crisis diplomática generada en enero, dice que “el Gobierno colombiano y su diplomacia están haciendo un trabajo muy importante para poner en contexto la política antinarcóticos”. Las cifras récord en incautación de cocaína y en destrucción de laboratorios en los últimos tres años son la base de esa estrategia.El presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaPero, reconoce Murillo, “lo que pasa es que el principal indicador de logro para Estados Unidos tiene que ver con los cultivos de coca, que se mantienen muy altos. Ellos están evaluando el avance en la erradicación y las cifras que tienen en ese sentido no llenan las expectativas en algunos sectores, incluidos sectores del Gobierno y del Congreso”.Y las cifras no son buenas. Mientras los narcocultivos llegaron en 2023 a 253.000 hectáreas (fuentes de seguridad en Colombia advierten que el año pasado se pudieron dispararse hasta las 300.000), en los dos últimos años apenas se destruyeron en el país unas 30.000 hectáreas. Las metas y los resultados de la erradicación son los más bajos en la historia de la lucha antinarcóticos, y la disparada de la producción potencial de cocaína por encima de las 2.600 toneladas eclipsa las incautaciones históricas de 830 toneladas de cocaína del año pasado. Otro dato preocupante es que en enero y febrero, como ha sido constante en este gobierno en cada inicio de año, prácticamente no hubo erradicación.Fuentes oficiales dicen que no se descarta que Colombia se someta a una certificación anticipada, un proceso que pasa por acordar con Washington no solo metas concretas en erradicación, sino el uso de herramientas que permitirían alcanzarlas.Una de las apuestas de Colombia en la lucha contra las drogas ha sido la erradicación de cultivos. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPOEn este contexto hay tres funcionarios claves en Washington que deberán ser persuadidos. Se trata de Michael Kozak, nuevo director para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; F. Cartwright Weiland, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL), y Sara Carter, directora de la Oficina de Drogas. Establecer canales de diálogo directo con estos actores es fundamental, pues son quienes tendrán influencia directa en el informe de base que recibirán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump.Los acercamientos ya empezaron. A principios de marzo, el vicecanciller Daniel Ávila y el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, se reunieron con Kozak en Washington. También hubo un encuentro con Weiland en el que participaron el embajador García-Peña; el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, y Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).Esas reuniones han tenido un factor común: la presencia de funcionarios colombianos con alta responsabilidad en asuntos de seguridad. La razón es que, por encima de altos delegados del Ministerio de Justicia y de la Cancillería, en los funcionarios del gobierno republicano y en sus bases en el Congreso tienen más eco los oficiales de la Fuerza Pública, a quienes les siguen reconociendo sus esfuerzos y resultados históricos en la lucha contra el crimen.Fuentes del Gobierno aseguran que también se están buscando vías para tratar de minimizar los daños colaterales de la ‘diplomacia del trino’ que tanto ruido ha causado entre los dos países. El episodio de hace una semana con la secretaria Noem, que tiene línea directa con el presidente Trump, ha reforzado esa prioridad para el Palacio de San Carlos.El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez (c) acompañado de la cúpula de la fuerza pública. Foto:CortesíaEl excanciller Julio Londoño, uno de las voces más reconocidas en la diplomacia del país, advierte que, más allá del discurso político del presidente Petro, es un hecho claro que el Gobierno “está andando con cautela porque el escenario de una descertificación sería muy complicado para Colombia”.En su primer gobierno, en 2017, Trump consideró el garrote de la descertificación a Colombia, que en su primer año sin fumigación aérea contra la coca vio caer las cifras de destrucción de cultivos a apenas 15.690 hectáreas (casi 6.000 más que las del gobierno Petro en 2024). “Tuve que dedicar los últimos días en servicio activo tratando de convencer a todas las personas de importancia de que esa decisión sería un desastre total, no solo para Colombia, sino para los Estados Unidos. Finalmente, personas inteligentes tomaron la decisión correcta. Este año, el subsecretario de Estado para Drogas y Asuntos Policiales tiene que tener algo de evidencia, algo que puede usar en el debate interno del Gobierno de los Estados Unidos para demostrar los resultados de Colombia”, señaló el exembajador Brownfield en la entrevista con este diario.El aumento de la meta antinarcóticos, aunque discreto, y el posible regreso de la aspersión en tierra apuntan en ese sentido. Y lo propio podría decirse de los bombardeos contra el ‘clan del Golfo’, que es la banda armada que más ha crecido en los últimos años y es el principal socio de los carteles mexicanos en el país.El presidente de EE.UU., Donald Trump Foto:SAUL LOEB / AFP¿Qué tanto éxito tendrá esa estrategia? En la medida en que muchas decisiones de la política norteamericana se toman sobre resultados consolidados del año anterior, el panorama no pinta despejado. De allí que analistas como Eduardo Velosa, director de la maestría en Estudios Internacionales de la Javeriana, consideren que la estrategia de Colombia priorice tratar de “demostrar cómo, bajo su enfoque, se está combatiendo el problema”, especialmente resaltando los resultados en interdicción de drogas, que este año también van rompiendo registros (casi 200 toneladas en los primeros tres meses del año).La calidad de aliado más importante de Washington en la región, que por tres décadas puso a Colombia en una condición privilegiada en el mapa diplomático de Estados Unidos y por fuera de las peleas entre demócratas y republicanos, hoy no es ya ninguna garantía. De allí que tratar de acercarse a senadores como Bernie Moreno, un antípoda ideológico, se haya convertido en una opción para el gobierno Petro.“Este es un acto sencillo, pero cargado de significado. Estamos aquí para homenajear a los senadores Rubén Gallego y Bernie Moreno. La noche en la que Bernie fue elegido, y unos días después, cuando se ratificó la victoria de Rubén, puedo decir con certeza que, en Colombia —sin importar la orientación política— todos nos sentimos profundamente orgullosos de verlos llegar al Senado de Estados Unidos. Es un orgullo compartido que trasciende diferencias. Y es importante no solo por la solidez de la relación bilateral, sino porque en ellos vemos ejemplos claros de cómo los colombianos en este país han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo de nuestra relación bilateral”, dijo el embajador García-Peña.Daniel García-Peña (c), embajador en Estados Unidos. Foto:EFELos analistas Carlos Charry y Melissa Franco consideran que, más allá de los discursos políticos, se está viendo al menos un intento de Colombia por alinearse más con las políticas de seguridad, migración y lucha antinarcóticos de la administración Trump. “El endurecimiento de la acción estatal busca enviar señales de compromiso político y operativo, prevenir sanciones o restricciones en la cooperación internacional y restablecer la confianza geoestratégica con su principal aliado en materia de seguridad hemisférica”, dice Franco.Fuentes en Washington admiten que en los diferentes encuentros que se ha tenido con funcionarios de Trump el mensaje reiterado ha sido la exigencia de resultados “inmediatos” y “tangibles” en erradicación.Y un frente en el que ha tenido que redoblar esfuerzos el embajador García-Peña es el de tratar de restablecer la confianza entre los dos gobiernos, y esa confianza pasa por demostrar que las diferencias ideológicas no implican tolerancia hacia actividades que puedan afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos.“Será clave que la diplomacia colombiana asuma un papel activo, que busque reuniones con sus pares norteamericanos y trate de lograr apoyo de aliados que le hablen bien de Colombia al gobierno Trump. Tres cosas serán clave: reforzar la narrativa de que Colombia es un aliado histórico de EE. UU. y le interesa seguir trabajando juntos, que es un actor clave en la lucha antidrogas y que se están adelantando esfuerzos claros para disminuir las hectáreas de coca”, dice Angélica Rodríguez, investigadora de la Universidad del Norte.En todo caso, dice Charry, los ajustes en las políticas de seguridad y antinarcóticos no pueden dejar de leerse a la luz del orden público nacional y de la próxima campaña electoral.“Es lógico que el Gobierno refuerce sus estrategias de seguridad en el último año de mandato para mitigar un impacto negativo en las elecciones”, dice.Cultivos de hoja de coca. Foto:Raúl Arboleda- AFPLa llegada de Sánchez está marcando diferencias con el estilo y los opacos resultados de la gestión de Iván Velásquez. Pero, como se vio esta semana con el ‘corto circuito’ con Petro a raíz del anuncio del regreso del glifosato, aún está por verse el margen de maniobra que tiene el nuevo mindefensa y la solidez de los correctivos que empiezan a tomarse en áreas claves no solo para la seguridad, sino para la buena salud de las relaciones del país con su principal aliado internacional.Jesús Blanquicet y Juan Pablo Penagos – justicia@eltiempo.com