El plan del gobierno del presidente Gustavo Petro para atraer a los capos de las bandas criminales a su proceso de ‘paz total’ encendió ayer un fuerte debate en el país.Este jueves, EL TIEMPO reveló las líneas básicas que han sido planteadas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el equipo de paz del Gobierno y que apuntan a abrirles espacio en la Ley de Justicia y Paz a narcos purasangre y sus bandas a pesar de que sus crímenes no pueden enmarcarse en una situación de conflicto armado y, por tanto, no serían susceptibles de la aplicación de pena alternativa.Una de las gabelas más polémicas sería la posibilidad de que capos que están presos, como los que asistieron al polémico ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra en junio pasado, queden en libertad condicional si ya cumplieron ocho años presos o las dos quintas partes de sus sentencias anteriores y si se acogen a las nuevas reglas de sometimiento que serán presentadas al Congreso de la República.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Javier Nieto.Este diario conoció el texto enviado por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema, la Procuraduría y otras entidades con asiento en el Consejo Nacional de Política Criminal, citado para este viernes. Allí se señala expresamente que se trata de un “borrador de trabajo” que está “en proceso de elaboración y no contiene posiciones definitivas”.Las leyes de sometimiento actuales contemplan beneficios de hasta la mitad de la pena por aceptación de cargos y rebajas menores adicionales por trabajo o estudio. Por esa vía, un gran capo podría lograr una condena final de unos 20 años, en promedio. Propuesta de legislación de ‘paz total’ será presentada a la Comisión de Política Criminal. Foto:Archivo ParticularLo que está planteando el Ejecutivo en un texto de 51 artículos es que, sin importar el crimen, los máximos responsables de esas bandas tengan una pena máxima de entre cinco y ocho años, las mismas que se aplicaron en el pasado a los ‘paras’ pero en medio de la negociación que llevó a la más grande desmovilización de un grupo armado irregular en el país: más de 32 mil personas.En el universo potencial de beneficiarios entran desde los narcos purasangre hasta los reincidentes que traicionaron procesos de paz anteriores y por lo tanto habían perdido el derecho a la pena transicional. Pesos pesados del crimen como ‘Iván Marquez’, el ‘zarco Aldinéver’ –el lugarteniente de ‘Márquez’ al que conducen las investigaciones por el atentado del senador Miguel Uribe–; alias ‘Chiquito Malo’, jefe del ‘clan del Golfo’ y las cabezas de bandas del Valle de Aburrá como ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘el Tigre’ podrían aspirar a las gabelas. También, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Castor’, responsables de narcotráfico y decenas de asesinatos en Valle y Atlántico.El artículo 21 de la propuesta señala que a los “máximos responsables en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco años y no superior a ocho años”.Y agrega: “Los demás integrantes que, sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal, hayan intervenido en la comisión de tales violaciones o cuyo tipo penal impida la aplicación de mecanismos anticipados de terminación del proceso, se les aplicará una pena alternativa de dos a cinco años, con los mismos criterios de tasación”.El artículo 21 de la propuesta señala que a los pagarían penas entre 5 y 8 años. Foto:CortesíaComo lo había revelado este diario, el borrador de proyecto habla no de cárcel sino de reclusión en sitios especiales como “colonias agrícolas o centros de armonización”.Para los reincidentes, como ‘Márquez’, se plantea que tendrían que firmar un acta de compromiso antes de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley y que “se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un periodo mínimo de ocho (8) años y no superior a diez (10) años”. “En ningún caso, la sanción podrá ser inferior a la correspondiente en el régimen del cual fueron excluidos”, dice el texto final enviado al Consejo de Política criminal.La propuesta incluye la idea del presidente Petro de sacar de la cárcel a los condenados por ‘protesta social’, como los miembros de la llamada ‘primera línea’.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Archivo ParticularLa revelación de la propuesta generó duras reacciones. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, la consideró “una burla a la justicia que ha tomado decisiones”. Cuestionó la posibilidad de que “salgan a las calles personas que de día se sientan a una mesa de negociación y en la noche delinquen”. “Yo soy de la corriente del que la hace la paga”, señaló.Por su lado, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseveró que la propuesta “contradice toda una política en materia criminal y afecta gravemente los derechos de las víctimas, poniendo en riesgo la estabilidad de los valores de la República”. A su vez, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid aseveró: “Lo que están constituyendo en ese proyecto es una especie de amnistía prohibida por la normativa internacional”.En el frente jurídico, el abogado Julián Quintana consideró que la iniciativa tiene vacíos graves, empezando por tratar de aplicar beneficios a delincuentes ya condenados. En esto concuerda Camilo Rojas, exviceministro de Política Criminal, al señalar que “esta iniciativa plantea serios desafíos al principio de legalidad, al derecho a la verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas y al estándar mínimo que debe cumplir cualquier modelo de justicia transicional”.El polémico proyecto llega al Congreso en la última legislatura, ya en plena campaña para el 2026, y el panorama pinta complicado.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com