El gobierno del presidente Gustavo Petro hizo oficial lo que venía hablándose en los últimos días. Este 22 de diciembre, vía decreto, declaró la emergencia económica y social en el país, justificándose en que se está ante una difícil situación en la que se ve obligado a usar esta figura extraordinaria para conseguir 16 billones de pesos de déficit presupuestal.”Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, dice la orden de Petro, que también ha sido mencionada previamente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Una de las herramientas que podrá expedir el Ejecutivo es imponer impuestos -como el 5×1.000- y emitir decretos con fuerza de ley sin necesidad de que pasen por el Congreso de la República. La decisión del Presidente tiene varios antecedentes recientes. Por el lado de decisiones extraordinarias está la declaratoria de conmoción que ordenó cuando se presentó una crisis humanitaria en el Catatumbo a inicios de este año, producto de acciones terroristas del Eln. Esa decisión sigue siendo revisada por la Corte Constitucional, tal y como pasará de manera automática con la emergencia económica, en la que el debate está en si el alto tribunal puede sesionar en medio de la vacancia judicial que arrancó el pasado viernes. Mientras que sobre temas relacionados con la emergencia económica, los antecedentes son que en el Congreso se hundió la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, y sumado a ello se ha venido viviendo una escalada violenta en distintas regiones del país. Y que se conoció la venta de unos títulos de deuda pública colombiana, también conocidos como TES, a un inversionista extranjero por 6.000 millones de dólares, unos 23 billones de pesos. “El Gobierno ha propuesto dos proyectos de ley de financiamiento con tributos de carácter progresivo, con el fin de pagar las obligaciones pendientes de gasto social, los cuales fueron negados por el Congreso, mientras que las obligaciones son exigibles de manera inmediata”, dice el decreto.Presidente Gustavo Petro y ministros Benedetti y Ávila. Foto:PresidenciaLos argumentos del EjecutivoSi bien son ocho causas que aparecen desplegadas en el decreto de 20 páginas firmado por todos los ministros, la tesis de la declaratoria de emergencia se basa en que hay una incapacidad estatal para garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía y prestar servicios básicos, “debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la Nación”. Según el Gobierno, se trata de hechos concurrentes y sensibles a nivel social que agravan la crisis fiscal y afectan a la población más vulnerable.Como primero de ocho puntos, se pone de presente que la decisión se toma para darle cumplimiento al auto de la Corte Constitucional que ordenó el reajuste de la UPC para el año 2024, el cual sigue sin cumplir el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por eso le abrieron un incidente de desacato.Petro Foto:PetroOtro de los argumentos es que se busca garantizar la seguridad ciudadana ante la escalada violenta que ha vivido el país, que tuvo ataques terroristas recientes en municipios como Aguachica, Cesar, con artefactos lanzados a una base militar. Según el Gobierno, busca proteger a los líderes sociales, defensores de derechos y candidatos a las elecciones de 2026.Otra de las causas es que se han presentado desastres naturales por cuenta de la actual ola invernal. Asimismo, alegan que hay sentencias judiciales ya ejecutoriadas que están pendientes de pagarse por parte del Estado.Entre los otros argumentos, es que hay “obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos eléctricos y combustibles) y contractual (vigencias futuras) adquiridas antes del presente gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad; y el agotamiento de las alternativas de endeudamiento (regla fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos; y restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación”.Consejo de seguridad tras atentados en Buenos Aires y Aguachica. Foto:Presidencia.En cada uno de estos ocho argumentos, el Gobierno ha descrito que se adeudan grandes sumas de dinero que deben saldarse. Por ejemplo, alega que para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) se requiere medio billón de pesos, y que para pagar fallos judiciales son 9,9 billones. En cuanto a subsidios pendientes, hay 5,1 billones, 4,18 de ellos ligados a energía eléctrica, y 935 millones a subsidios de gas.Incluso las víctimas del conflicto también son mencionadas en el decreto, ya que según el Gobierno se requiere una asignación inmediata de 1,6 billones de pesos para ayudar a quienes han sufrido de desplazamiento forzado. LEA TAMBIÉN Sobre qué tan conveniente es la declaratoria, el experto Juan Camilo Restrepo le dijo a EL TIEMPO que “es un disparate mayúsculo nunca visto en Colombia. Imagínese la jurisprudencia que se sentaría si la Corte Constitucional aceptara este Estado de excepción. Ello quería decir que cada vez que el Congreso niega una ley, están sentadas las bases para dictar la emergencia económica. Sería entrar en una dictadura fiscal que no la quiere ni la quiso nunca la Constitución”.Ahora, frente a si puede o no la Corte Constitucional sesionar en vacancia judicial, el abogado Francisco Bernate explicó que en ningún caso está permitido. Esa misma tesis sostiene el constitucionalista Esteban Manco. “Desde mi punto de vista, la Corte solo puede actuar a partir del fin de la vacancia; de lo contrario, podría incurrir en una irregularidad en su funcionamiento”, le dijo a este diario, añadiendo que “el análisis del decreto puede durar de tres a seis meses en la Corte, donde tendrá que declararse si es exequible o no”.Los detalles punto por puntoEn diálogo con este diario, varios expertos indicaron que la medida tomada por el Gobierno no es la adecuada, ya que son temas que se pueden resolver por fuera de una emergencia. El abogado Ramiro Bejarano cuestionó que el Gobierno esté usando dicha figura para solucionar asuntos como la ola invernal.”Es un problema de organización presupuestal que debe ser atendida. En el tema de las catástrofes naturales que si bien ha sido duro, no ha sido como en otros momentos. No he oído algún ministro decir que hay una emergencia porque se destruyó un puente”, afirmó Bejarano.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com