Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de declararse competente para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, la familia del dirigente conservador solicitó formalmente que la investigación sea remitida a la Fiscalía General de la Nación.La solicitud fue presentada como recurso de reposición frente a la Resolución 01 de 2025 de la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) de la JEP. En dicha decisión, el tribunal transicional declaró su competencia para asumir la investigación sobre los asesinatos de Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, Pablo Emilio Guarín, Fernando Landázabal Reyes, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey.Salvo en el caso de Guarín, en el que se confirmó la autoría de las Farc, los demás homicidios no han sido esclarecidos por la justicia ordinaria en más de 30 años.En los próximos días habrá una reunión entre la JEP y la defensa de ‘Macaco’. Foto:Cortesía JEPEn 2020, siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, como parte de los Aportes Tempranos de Verdad (ATV), reconocieron haber cometido los asesinatos. Entre ellos, Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’) admitió responsabilidad en varios casos, incluido el de Gómez Hurtado. La Sala consideró que, al existir al menos una hipótesis sobre la posible responsabilidad de comparecientes de las Farc, y no haber decisión judicial en firme en la justicia ordinaria, era procedente asumir la competencia.La familia de Gómez Hurtado rechazó esa conclusión con el argumento que durante tres décadas no ha existido evidencia judicial que vincule a las Farc con el crimen y cuestiona que la SRVR haya declarado su competencia basándose únicamente en los reconocimientos de antiguos guerrilleros, sin contrastarlos con pruebas independientes.“En 30 años nunca ha existido evidencia siquiera sumaria o reivindicación alguna de responsabilidad de las Farc en la muerte de Álvaro Gómez y José del Cristo Huertas”, señala el escrito.Jurisdicción Especial para la Paz. Foto:JEPEntre otras solicitudes, la familia pide la revocatoria de la resolución, o en su defecto, que se practiquen pruebas como el testimonio de Salvatore Mancuso, una pericia forense al “Libro Gordo de Marulanda”, la entrega de archivos digitalizados a las víctimas y una inspección al expediente de la Corte Suprema de Justicia. También solicitan la apertura de un incidente de incumplimiento contra los exmiembros del Secretariado que se atribuyeron el crimen, así como una inspección integral a los archivos del DAS bajo custodia de la JEP.La familia sostiene que la declaratoria de competencia por parte de la JEP podría conducir a una suspensión injustificada de investigaciones que avanzaban en la jurisdicción ordinaria. Insiste en que esta situación puede facilitar beneficios jurídicos a exintegrantes de las Farc sin un sustento probatorio suficiente, generando un riesgo de impunidad estructural. “Estamos así ante el incumplimiento del deber de investigar y sancionar a cargo del Estado de crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad”, advierte la familia.La JEP, por su parte, ha señalado que la competencia sobre estos casos solo se refiere a la participación de personas que son comparecientes ante esa jurisdicción. La Fiscalía y la Comisión de Acusaciones mantienen la facultad de investigar otras líneas distintas de responsabilidad, incluyendo a expresidentes u otros actores no cobijados por la JEP.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:CortesíaLa investigación de estos crímenes se adelanta dentro del Caso 10 de la JEP, que abarca crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc, mientras que el caso de José Fedor Rey será tramitado en el Caso 05, sobre crímenes cometidos en Cauca y sur del Valle del Cauca.La Sala de Reconocimiento recordó que su competencia se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la JEP, las cuales establecen que debe asumir la investigación cuando se cumplan los factores personal (comparecientes de la JEP), temporal (hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016) y material (relación con el conflicto armado).A la fecha, según datos oficiales, 15.020 personas han suscrito actas de sometimiento ante la JEP, de las cuales 9.925 son exmiembros de las Farc. La JEP ha emitido 16 autos de determinación de hechos y conductas y cuatro resoluciones de conclusiones dentro de tres de los 11 macrocasos abiertos.Redacción Justicia