La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó este martes sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades vinculadas a una red dedicada al envío de exmilitares colombianos a la guerra civil de Sudán.En noviembre de 2024, EL TIEMPO reportó la muerte de tres exmilitares colombianos que fueron asesinados en ese país al que llegaron bajo el engaño de que serían vigilantes.En ese momento, este diario conoció que los hombres habrían sido llevados ese país por una empresa señalada de “reclutar” a los exmilitares, la cual lleva por nombre ‘International Service Agency SAS (A4SI)’, que, según registros mercantiles, asegura ser una agencias de gestión y colocación de empleo, además de realizar actividades de provisión de talento humano.De acuerdo con la oficina, a lo largo del conflicto iniciado en abril de 2023, el Departamento de Estado reportó ataques reiterados contra civiles atribuidos al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y sus milicias aliadas. Los informes señalan asesinatos de hombres y niños, episodios de violencia sexual contra mujeres y restricciones al acceso humanitario.al-Fateh Abdullah Idriss, también conocido como Abu Lulu. Foto:Redes SocialesEl componente central de la designación se enfoca en una red transnacional liderada por ciudadanos colombianos. Desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares de Colombia viajaron a Sudán para integrarse a las FAR en funciones de fusileros, artilleros, operadores de drones, conductores y formadores, incluidos entrenamientos de menores reclutados.Su presencia fue confirmada en batallas en Jartum, Omdurmán, Kordofán y El Fasher. La logística que permitió este flujo de combatientes involucra campañas de reclutamiento, contratos laborales internacionales y transferencias de fondos coordinadas entre empresas en Colombia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.La Ofac identificó a Álvaro Andrés Quijano Becerra como figura determinante dentro del esquema, este es un exmilitar colombiano radicado en Emiratos Árabes Unidos y con doble nacionalidad colombo-italiana, quien es señalado por liderar el reclutamiento y despliegue de personal hacia Sudán.En este decierto fueron hallados los cuerpos de los mercenarios. Foto:CortesíaSu empresa Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), fundada en Bogotá, funcionaba como punto inicial de contacto mediante publicaciones en su sitio web, convocatorias en chats grupales y reuniones informales para identificar perfiles como operadores de drones, francotiradores o traductores. Claudia Viviana Oliveros Forero, esposa de Quijano, aparece como propietaria y gerente de A4SI.En un segundo nivel, la red incorporaba a Global Staffing SA, hoy operando como Talent Bridge, con sede en Panamá. Según la Ofac, esta empresa era utilizada para reducir la exposición legal de A4SI mediante la firma de contratos en nombre de la compañía colombiana y la recepción de fondos destinados a los combatientes. Los vínculos entre ambas entidades incluían un sitio web idéntico y la participación previa de Oliveros como presidente y tesorera de Global Staffing. La autoridad estadounidense indica que, aunque existía un aparente distanciamiento formal, la estructura operaba de manera integrada.Dentro de la cadena financiera, Maine Global Corp SAS, con sede en Bogotá y dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, cumplía funciones clave. La empresa administraba y distribuía fondos provenientes de Global Staffing y de la compañía que contrató a los exmilitares colombianos. Para estas operaciones se apoyaba en empresas estadounidenses asociadas con Duque, responsables de transferencias bancarias por montos que, entre 2024 y 2025, alcanzaron millones de dólares. Maine Global también participaba en la conversión de divisas, transformando euros y pesos colombianos en dólares para completar los pagos de nómina de los combatientesFuentes ligadas con el caso le dijeron a EL TIEMPO que los colombianos, tras salir de Colombia, llegaban a las ciudades de Dubái y Bengasi (Libia) donde les realizaron las aperturas de bancarias, y posteriormente fueron contrabandeados a través de la frontera en Sudán hasta llegar al desierto de Darfur.De acuerdo con las fuentes, esta fue una sofisticada operación transfronteriza que se dio desde los Emiratos Árabes Unidos, por lo que se explica que varias de las víctimas tuvieran dinero de ese país.al-Fateh Abdullah Idriss, también conocido como Abu Lulu. Foto:Redes SocialesA su vez, Ofac mencionó a Mónica Muñoz Ucros como gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito, empresa bogotana que sostuvo transferencias bancarias con una compañía afiliada a Duque y con el propio empresario.San Bendito fue incluida en la lista de sanciones al ser identificada como entidad controlada por Muñoz y señalada de actuar para facilitar actividades de la red financiera que soportaba el movimiento de recursos hacia Sudán.Cada una de estas designaciones implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con personas o empresas en Estados Unidos. Unidos por la intención de interrumpir una cadena transnacional, los señalamientos describen una estructura empresarial y financiera que permitió el traslado de exmilitares colombianos hacia una de las guerras más activas del continente africano.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: