La Corte Constitucional, por decisión de la Sala Especial de Seguimiento en Salud, archivó el incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La acción había sido interpuesta en enero por presuntamente desobedecer las órdenes de reajustar y pagar los presupuestos máximos, es decir, los recursos con los que las EPS cubren servicios y tecnologías no incluidos en la UPC, pero sí en el Plan de Beneficios en Salud. Usualmente se usan en el tratamiento de enfermedades crónicas o huérfanas.A través del Auto 2049 de 2024, el alto tribunal declaró el incumplimiento general en la suficiencia de estos giros, lo que —según la Corte— “afectaba la liquidez de las Entidades Prestadoras de Salud y el flujo de dinero en el sistema”.Este déficit se mantenía a pesar de que, mediante el Auto 2881 de 2023, la Corte ya había determinado que no se habían desembolsado los recursos reconocidos como reajuste de este fondo correspondiente a la vigencia de 2022. El Estado le debía a las EPS 819 mil millones de pesos.Para febrero de 2024, esa mora ya acumulaba dos años vencidos. Por ello, la Corte ordenó al Ministerio de Salud que, en un plazo de 45 días, “cancelara los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia de 2021”.Aunque el cheque ya tenía el visto bueno del Consejo Superior de Política Fiscal desde diciembre de 2023 —cuando se autorizó el pago de la deuda con cargo al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024—, el Ministerio de Hacienda no cumplió con el giro.Por este desacato, en el que el principal responsable era el Ministerio de Salud, la Corte abrió un incidente de desacato en enero de este año.Siete meses después, el magistrado José Fernando Reyes decidió archivar la acción judicial. La Sala Especial de Seguimiento en Salud verificó que el ministro gestionó e hizo seguimiento a los pagos de los presupuestos máximos mediante la Resolución 067 de 2025, “por la cual se establecieron disposiciones unificadas y el contenido metodológico para la financiación de los servicios y tecnologías en salud incluidos en el PBS, pero no cubiertos por la UPC”.La Corte advirtió que, desde hace cuatro meses, el ministro avanzó en los pagos correspondientes a 2022 y que, el 16 de mayo de 2025, se completó el giro de 819.667 millones de pesos adeudados a las EPS, conforme a lo ordenado en el Auto 2049 de 2024.El ministro queda bajo matrícula condicional, pues aún falta la evaluación material del acto administrativo, la cual será adelantada por la Sala Especial en una actuación posterior.El concepto de la Corte en el fallo de SanitasEn el fallo con el que la Corte tumbó la resolución de la Superintendencia de Salud con la que se ordenó la intervención forzosa de Sanitas, la Corte responsabilizó al Gobierno por la insolvencia económica de la EPS, una de las causales por las que fue ‘tomada’, precisamente por la insuficiencia no solo de los presupuestos máximos, sino de la UPC.”La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, sin encontrar soluciones”, aseguró el alto tribunal en las consideraciones de la decisión. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia