Durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, Camilo Vargas Betancourt, encargado de campaña para Colombia de la Oficina Regional del organismo, afirmó que el país continúa atravesando una crisis persistente en materia de derechos humanos. Según su evaluación, esta situación se ha venido agravando desde el año 2018.Durante una rueda de prensa, Vargas señaló que “existe una tendencia a normalizar esta situación”, lo que ha llevado a la organización a insistir en la necesidad de visibilizarla y resaltó que, a pesar de las iniciativas gubernamentales orientadas al diálogo y a la paz, los impactos sobre la población civil continúan “siendo graves”.“Fenómenos como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y las desapariciones forzadas persisten en diferentes regiones del país”, dijo el vocero, quien resaltó la violencia sostenida contra defensores y defensoras de derechos humanos como uno de los aspectos más preocupantes.Camilo Vargas Betancourt, encargado de campaña para Colombia de la Oficina Regional de Amnistía. Foto:CortesíaVargas subrayó que las cifras disponibles dan cuenta de un patrón sistemático de ataques y que la respuesta institucional no ha sido suficiente, es por ello que hizo un llamado en la necesidad de adoptar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de quienes defienden derechos fundamentales.Resaltó que Amnistía Internacional también hizo eco del informe anual presentado por el programa “Somos Defensores”, el cual planteó la necesidad de transformar el actual modelo estatal de protección, señalando que si bien existen normas, estas no se aplican adecuadamente en el contexto cotidiano.Para Vegas, ambas organizaciones coinciden en que se requiere “una revisión de fondo” en la forma en que se protege a personas, comunidades y colectivos amenazados. “Los protocolos existentes no han logrado prevenir ataques ni garantizar la seguridad de quienes están en mayor riesgo”.La organización reportó impunidad en varios casos. Foto:CortesíaOtro punto mencionado por Amnistía Internacional es la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, es por ello que el vocero señaló que en estos casos rara vez llegan a la etapa de sanción judicial y son poco en los que se logra identificar a los responsables.Vargas recordó que el 28 de abril se cumplieron cuatro años del inicio del estallido social de 2021, y a pesar de que pasaron cuatro años, se siguen presentando “víctimas” por mutilaciones oculares, además indicó que se ha documentado casos de asesinatos y amenazas por denunciar estos hechos. “Algunas de estas personas (denunciantes) se encuentran actualmente en el exilio”La organización también expresó inquietud por la falta de resultados judiciales en casos que involucran a la Fuerza Pública y a la Policía. A pesar de avances en ciertos procesos durante 2024, se considera que la lentitud en los fallos contribuye a la perpetuación de la impunidad.Finalmente, el representante de Amnistía Internacional reiteró la solicitud de una reforma estructural a la Policía Nacional. Dicha reforma incluiría mejoras en los procesos de formación, con el fin de prevenir futuras violaciones y fortalecer el respeto por los derechos humanos.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com