La Contraloría General de la Nación entregó su segundo balance de hallazgos fiscales esta semana. Esta vez, enfocado en el manejo que se le ha dado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al mando de Yanod Márquez.En el barrido que le hicieron a los estados financieros del año pasado, se dio con un hallazgo fiscal de 593.737 millones de pesos, lo que lleva al ente de control a emitir un concepto negativo a lo hecho por el Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, que es administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. El análisis estuvo en manos de la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.El Fondo Empresarial es un patrimonio autónomo constituido por la Superintendencia manejada por Márquez, en el que él es quien ordena el gasto. Se financia a través de distintas fuertes como los ingresos por la tarifa establecida en la Ley 1955 de 2019, los ingresos por multas, excedentes de la CREG, reintegros y cancelaciones de contratos de mutuo, pignoraciones, y rendimientos de recursos de terceros.Funcionaria de la Contraloría (Imagen de referencia). Foto:ContraloríaLa auditoría financiera que le hizo la Contraloría a este Fondo y la Superintendencia puso a flote varias deficiencias en lo que respecta a los controles contables, contractuales y de seguimiento.En total hay 10 hallazgos administrativos, de los que tres tienen una presunta incidencia fiscal por los 593.737 millones de pesos ya mencionados. Para establecer si hay alguna responsabilidad fiscal, la entidad ya hizo sus respectivos traslados.Carlos Hernán Rodríguez, contralor. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo”De estos hallazgos, el que más se destaca está relacionado con los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios”, explicó la Contraloría en un comunicado de prensa de este miércoles.Asimismo, se encontró algo similar en los contratos 180 y 181, “en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el término, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora. En consecuencia, se concluye que el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados”.La sede de Electricaribe en el norte de Barranquilla. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPOAnte las deficiencias encontradas, la Contraloría General de la República explicó que hay una posible afectación a la capacidad de recuperación del capital prestado, y que eso podría comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además, que “se identificó un debilitamiento estructural del control interno, que fue calificado ‘con deficiencias’, tras evidenciar fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com