El 12 de septiembre de 2019, una compulsa de copias derivada de la condena de la Sala de Primera Instancia contra la excongresista Aída Merlano Rebolledo pidió investigar el papel de Arturo Char y Laureano Acuña en un entramado corrupto para la compra de votos en el Atlántico. El escándalo estalló tras el allanamiento a la sede política Casa Blanca, en Barranquilla, que funcionaba como centro de operaciones de una megaestructura delictiva que habría asegurado con plata las curules de estos parlamentarios para el periodo 2018-2022.El 12 de marzo del 2018, un día después de las elecciones legislativas, las autoridades encontraron en esta sede, uno de los conocidos bastiones de las casas Char y Gerlein, certificados electorales en “cantidades alarmantes”, apilados en bolsas y cajas, dinero en efectivo en una pequeña oficina que operaba como tesorería y stickers con códigos de barras, lectores y numerosos computadores.Fuad y Arturo Char en la inscripción de las listas de Cambio Radical a la Cámara en Atlántico. Foto:Prensa Cambio Radical”La operación de compra de votos funcionaba mediante un sticker con código de barras que se entregaba al votante junto con el 50 % del pago pactado. Una vez la persona depositaba su voto, recibía el restante. Por eso durante el allanamiento apareció tanto dinero circulando en el lugar”, explica la Corte en la acusación contra Char, llamado a juicio el pasado viernes 5 de noviembre.Tras la compulsa que ordenó la Sala de Primera Instancia en la condena contra Merlano, Char fue procesado por concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada por, presuntamente, “haber participado en un acuerdo con Julio Gerlein Echeverría, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, Lilibeth Llinás Delgado y el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, su hermano”. El objetivo, según la imputación en su contra, era asegurar masivamente votos para garantizar las curules de Char, Merlano y Llinás.Por estos hechos, Merlano fue condenada a 13 años de prisión, tras un novelón por protagonizar una cinematográfica fuga, el 1 de octubre de 2019, en un consultorio odontológico del norte de Bogotá, para luego huir a Venezuela denunciando amenazas en su contra.Según el material probatorio recopilado por la Corte, “la candidatura de Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara surgió por iniciativa de Arturo Char. En un principio, él había considerado postular al esposo de Llinás, Andrés Ricardo Diazgranados, pero ante su grave estado de salud, la propuesta terminó recayendo en ella”.El testimonio central de la acusación es el de Aída Merlano, recogido en sus distintas intervenciones ante autoridades judiciales. Ha sido, sin embargo, blanco de fuertes críticas tanto de la defensa como de la Procuraduría, que rechazan otorgarle cualquier mérito para sustentar una imputación penal.Uno de los reparos es que supuestamente Merlano padece afecciones mentales, lo que —según ellos— haría que mezclara verdades con mentiras y afectara la coherencia interna de su testimonio.Alegan, además, que por la falta de corroboración externa y la existencia de elementos que contradicen su relato, su versión resulta inverosímil, agravada por una tendencia a aumentar señalamientos contra la familia Char —en particular contra Arturo y Alejandro— con cada intervención.Corte Suprema de Justicia Foto:CortesíaLa Sala, sin embargo, sí le otorga credibilidad. Aunque reconoce que Merlano padece un trastorno de personalidad inestable —con evidencia de larga data, previo incluso a su vida pública—, señala que existen dictámenes de Medicina Legal que permiten concluir que la testigo conserva sus facultades para rendir un testimonio acorde con la realidad de los hechos.Si bien en 2019, antes de fugarse por una ventana de un consultorio con una cuerda improvisada, Merlano dijo que Arturo Char no tenía relación con el entramado corrupto, después de ese episodio —y tras denunciar una supuesta traición de su casa política— lo incriminó directamente.El 6 de febrero de 2020, ya capturada en Venezuela, declaró ante una jueza de ese país y reiteró lo dicho previamente a la Fiscalía colombiana, en su declaración jurada del 31 de mayo de 2019. Allí afirmó que hizo un acuerdo en la casa del senador Arturo Char para que él apoyara su candidatura y la de Lilibeth Llinás.Asimismo, que él pondría a la candidata a la Cámara y que la campaña sería financiada por los contratistas Faisal Cure Orfale y Valorcón, con recursos provenientes de contratos celebrados en Barranquilla durante la administración de Alejandro Char.Finalmente, aseguró que Arturo Char y Julio Gerlein fueron los organizadores de su campaña, impulsada —como ya se ha establecido— por la compra masiva de votos en Barranquilla y varios municipios del Atlántico.Al referirse directamente a la campaña al Senado de Arturo Char, Merlano aseguró que se compraron 10.000 votos. Además, anexó fotos, chats y una grabación, enviados por correo electrónico a la Corte, para respaldar sus afirmaciones.Según la Sala, estos elementos acreditan, entre otras cosas, su relación sentimental con el entonces —y hoy nuevamente— alcalde Alejandro Char, el vínculo de Julio Gerlein con su campaña y con la de Lilibeth Llinás, y la participación del contratista Faisal Cure.Además, explicó que, según lo que le dijo Arturo Char, su apoyo político buscaba consolidar una estructura que impulsara la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018.Otro hecho que, según la Sala, contradice la defensa de Char es su afirmación de que visitó la sede política de Merlano una sola vez, en octubre de 2017. “El plexo probatorio —dice la providencia— demuestra que asistió en más de una ocasión”.”El vínculo sentimental entre Merlano y Alejandro Char, la alianza de Julio Gerlein con Faisal Cure y los intereses comunes en contratos en Barranquilla dan, para la Sala, coherencia a los señalamientos de Merlano sobre el origen de su campaña y la de Lilibeth Llinás”, agregó la ponencia del magistrado Francisco Farfán.El excongresista, quien tocó puertas en su partido para intentar aspirar nuevamente al Senado en las legislativas de 2026, finalmente no fue avalado y enfrentará el juicio en su contra fuera de las funciones públicas.Mauricio Cárdenas entrega firmas en la Registraduría Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia