La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las acusaciones contra la excongresista del Pacto Histórico, Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez —quien perdió su curul por malversación de dineros públicos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)- y contra el representante liberal Jhoany Palacios, por presuntos hechos de corrupción durante su gobernación en Chocó.En el caso de la exrepresentante del Pacto, el expediente en su contra reúne una supuesta suplantación de una de sus trabajadoras de su UTL. María Isabel Rueda Guerrero se vinculó el 21 de enero de 2022 al cargo de asistente V, que tiene un cupo de $7.000.000 de pesos. En diciembre de ese año renunció. En su reemplazo, la otrora congresista pidió vincular a Laura Fernanda Rueda Guerrero -hija de María Isabel- en el cargo de asesor I, que tiene una asignación salarial de $9’280.000 pesos.Mary Anne Perdomo fue clave para mover la agenda del gobierno en la Cámara. Foto:Redes: Mary Anne Perdomo.La asesora estuvo en el cargo durante nueve meses. En septiembre, Maria Isabel Rueda tomó el ‘testigo’ del relevo y volvió a ser funcionaria de la UTL en su anterior cargo: asesor V. Allí duró tres meses.”En el periodo de enero a septiembre de 2023, durante el cual Laura Fernanda Rueda Guerrero fue empleada y María Isabel Rueda Guerrero estuvo desvinculada de la Cámara de Representantes, la primera no habría desempeñado sus funciones como asesora legislativa de la representante Perdomo Gutiérrez, mientras que la segunda habría continuado desempeñando actividades institucionales para la UTL de la sindicada”, se lee en la decisión de la Corte. No obstante esta falta, la representante certificó, en nueve documentos, el cumplimiento satisfactorio de las tareas del cargo. En septiembre de 2023, Édgar Solier Millares, con quien la exasistente de Perdomo habría intercambiado documentos relacionados con dos asuntos que la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, la denunció ante la Sala Especial de Instrucción. Este es el fallo contra Mary Anne Perdomo en el Consejo de Estado. Foto:EL TIEMPOEl 18 de abril de 2024, la Sala abrió instrucción contra la representante Perdomo Gutiérrez por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.El cinco de septiembre de ese año, la Corte dictó la imposición de dos medidas de aseguramiento no privativas de la libertad: la prohibición de concurrir a los lugares de residencia de María Isabel Rueda Guerrero, Ángela Figueroa Rueda, Luisa Figueroa Rueda y Laura Fernanda Rueda Guerrero, y la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con ellas.Las pruebas en su contra van desde oficios, comunicaciones y certificados en los que se sustenta la vinculación de las madre e hija Rueda Guerrero, hasta la copia de los chats de whatsapp de los grupos “Legislativo Rep Mary Anne” у “CumpleHRep Mary Anne”.En el interrogatorio se ahondó en los hechos. “Cuando yo le pedí a Laura que fuera parte de mi equipo, ella me dijo: “Doctora, yo intento en enero, febrero, marzo, más o menos, pero definitivamente no puedo cumplir con un horario fijo; no puedo estar aquí de lunes a sábado”. Entonces acordamos lo del horario. Le dije: “O.K., Laurita, no pasa nada. Mientras me entregues los informes, me guíes y hagas los análisis que se van a hacer, no hay problema”. Así fue como trabajamos.La interacción entre Laura y yo siempre fue práctica, mayormente presencial o por vía Meet”, dijo la excongresista.Pregunta: ¿Y presencial, dónde?Respuesta:En Gran Estación o en el apartamento de ella. Es que en la oficina, particularmente, siempre llega gente: llega uno, llega otro…Pregunta: ¿Laura Fernanda desarrolló en algún momento su función como miembro de la UTL en la sede del Congreso?Este es el comunicado de Mary Anne Perdomo. Foto:Archivo particularRespuesta:No, porque desde el principio ella me dijo: “Doctora, yo realmente no puedo”. Me quedé prácticamente sola aquí en Bogotá; no tenía más UTL. Todos eran de región. Eso fue en enero, febrero… ya en marzo empezamos.Además, tres meses después de su nombramiento en la Cámara, el 24 de abril de 2023, la entonces asesora legislativa salió del país con destino a la ciudad de Los Ángeles (EE. UU.) y regresó el 11 de mayo siguiente. Por esta razón, el Congreso le solicitó el reintegro de más de $5 millones de pesos, correspondientes al salario de los días en los que estuvo ausente.De acuerdo con su calidad de empleada de la Rama Legislativa del poder público, y con base en las certificaciones expedidas por la sindicada, la Cámara de Representantes desembolsó a Laura Fernanda Rueda Guerrero un conjunto de retribuciones dinerarias por concepto de salarios y otras prestaciones. Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, la entonces asesora legislativa devengó un total de $102.117.324.La Corte determinó que es probable que Perdomo se haya beneficiado económicamente de dichas situaciones. Al finalizar la etapa de instrucción, se acreditó que, durante todos los meses del año 2023, María Isabel Rueda Guerrero realizó transferencias a tres personas cercanas a la congresista.Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera Foto:Archivo ParticularPara la Corte, la representante Perdomo Gutiérrez habría planeado apropiarse de dineros del Estado a favor de Laura Fernanda Rueda Guerrero, por lo cual la termina acusando, en calidad de autora, de un concurso material de delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.El caso del exgobernador PalaciosEn el caso del exgobernador y representante liberal Jhoany Palacios, la Corte lo acusó por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por presuntas irregularidades en dos convenios y un otrosí firmados para el mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado de Istmina, Chocó, que suman un valor de más de $5 mil millones de pesos.Al examinar el trámite de la fase precontractual, conforme con los documentos allegados, se evidencia que se presentaron irregularidades esenciales que vulneraron el principio de planeación, con fundamento en los siguientes aspectos:Ausencia de estudios previos, pliego de condiciones, plan de manejo ambiental y permiso de ocupación de cauce;El contrato fue adjudicado y celebrado a sabiendas de que el inmueble a intervenir no se encontraba disponible.”Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, prevalido de su condición de gobernador del Chocó y con pleno conocimiento del deber funcional que le asistía de salvaguardar y proteger los bienes y recursos del departamento —cuya administración, tenencia y custodia le habían sido confiadas— ordenó el pago del 50 % del valor total del contrato de obra N.º 002 de 2017, por concepto de anticipo, mediante la expedición de la Resolución N.º 6204 del 15 de septiembre de 2017, a sabiendas de las irregularidades que hacían inviable dicho pago”, dijo la Corte.Colombia en 5 minutos: Gobierno insiste en consulta popular Foto:Los delitos terminaron de configurarse porque pese a tener la posibilidad de corregir dichas irregularidades, no lo hizo; “por el contrario, dirigió su voluntad a posibilitar el desembolso de los recursos y, con ello, facilitó la apropiación indebida de más de $1.000 millones de pesos del departamento en favor del consorcio contratista”, dicta el auto. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia