Sin mayores cambios al borrador de proyecto que fue compartido con el Consejo Superior de Política Criminal el viernes 18 de julio, el Ministerio de Justicia radicó en la Comisión Primera de Cámara el polémico proyecto de ley de “desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales”.Con 54 artículos, la iniciativa legislativa del Gobierno establece el marco jurídico para sentar en la ‘paz total’ a capos de grupos criminales vigentes y desertores de procesos anteriores, justo un mes después de que el presidente Gustavo Petro compartiera tarima en La Alpujarra (Medellín) con cabecillas de bandas criminales que están presos en la cárcel de Itagüí.Proyecto de sometimiento 2.0 radicado en Cámara Foto:ArchivoPese a la dura oposición de la Corte Suprema de Justicia —que además le pidió al ministro Montealegre aplicar la norma y, tras los comentarios, citar de nuevo en cinco días a la Comisión para votar—, la controvertida esencia del proyecto se mantuvo. La Defensoría, la Justicia Penal Militar y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, integrantes del Consejo, también le cerraron la puerta.La aprobación de la iniciativa en este órgano estuvo en manos del Inpec, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y, sorpresivamente, de la Policía.Conforme al documento ahora en el despacho de la Secretaría de la Cámara, se mantiene la rebaja de pena de entre un 40 y un 60 por ciento a quienes aporten a la verdad y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras que comandan. También conservarán hasta un 12 % de los bienes que fueron adquiridos con rentas ilícitas; un punto que generó gran revuelo, porque todo predio de la mafia, por ley, debe ir a extinción de dominio.“A aquellos integrantes que sean máximos responsables por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al DIH y delitos conexos, se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años”, reza el artículo 22.La primera línea tendría gabelas en proyecto que busca sentar a capos en ‘paz total’ Foto:Archivo particular.Esto significa un régimen carcelario preferencial para narcos del talante de ‘Carlos Pesebre’, jefe de la banda Robledo; ‘Douglas’, cabecilla de ‘La Terraza’; ‘Iván Márquez’, de la ‘Segunda Marquetalia’; y hasta alias 19, de la ‘primera línea’, condenado a más de 14 años de cárcel por terrorismo y tortura, y ‘Epa Colombia’, condenada a cinco años y medio por instigación al terrorismo tras destruir una estación de TransMilenio durante el estallido social.Tampoco menciona la palabra narcotráfico ni los compromisos en esta materia a estructuras que son mafiosas purasangre.Así se cocinó el proyectoEL TIEMPO conoció que, antes de la presentación del borrador del proyecto de ley al Consejo Superior de Política Criminal, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta visitó la cárcel de Itagüí para dialogar sobre sus puntos principales. Una de las fuentes del proceso aseguró que también estuvo presente la viceministra de Política Criminal, pero la senadora Zuleta negó que la funcionaria hubiera ido a Medellín.”Se ha hablado en el espacio de conversación con las estructuras de Medellín y el Valle del Aburrá de sus preocupaciones jurídicas sobre sometimiento y desmantelamiento. En eso llevamos dos años”, le respondió a este diario la congresista.Efectivamente, el proyecto de sometimiento ha sido una carta que ha tenido bajo la manga el Gobierno desde el 2023, luego de que la primera propuesta, presentada por el exministro Néstor Osuna en marzo de ese año, naufragara en el Congreso.El 2 de junio del 23, se instaló oficialmente la mesa de diálogo de la ‘paz urbana’ con las bandas de Medellín –cuyos cabecillas asistieron al ‘tarimazo’ en La Alpujarra– en la cárcel de Itagüi. El proceso fue liderado por el exsecretario de Gobierno de Medellín, Jorge Iván Mejía, y la senadora Zuleta.Los primeros acercamientos ocurrieron en agosto de 2023 y desde esa fecha hasta el pasado junio, los capos de los temidos grupos herederos de ‘La Oficina’ de Envigado salieron al menos cuatro veces de la cárcel para entablar conversaciones con la delegación oficial y participar de las mesas técnicas que también se llevaban a cabo intramuros.Fuentes del proceso, que además estuvieron presentes en estos encuentros, confirmaron que se realizaron varios grupos de trabajo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional en los que se puso sobre la mesa “los procesos de cierre, la modificación de Justicia y Paz y el marco jurídico para el sometimiento de los grupos activos”. En una de estas reuniones incluso habría participado el ministro Montealegre como asesor académico.Cabecillas de las estructuras criminales de Medellín, miembros de la mesa de paz. Foto:Jaiver Nieto ÁlvarezDe allí salieron los conceptos que fueron plasmados, en un primer momento, en el borrador que dejó listo la exministra Ángela María Buitrago y que presentó al Presidente y al ministro Montealegre durante el empalme. Este diario conoció ese proyecto que dista completamente al que fue radicado.El de Buitrago, quien salió del Gobierno, según el presidente Petro, por diferencias con su política de paz, aprovechaba los beneficios que ya contempla la justicia ordinaria y no agregaba nuevas gabelas.El abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de varios diálogos sociojurídicos entre el Gobierno y estas bandas, le dijo a EL TIEMPO que en Colombia hay una vasta jurisprudencia en materia de alternatividad penal para integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley que estén o pretendan negociar con el Estado. Y que este proyecto se suma a los otros 16 instrumentos que han sido instaurados desde la década de los 90, orientados al desmantelamiento de estructuras armadas.”Todos ellos, incluyendo Justicia y Paz, la JEP y este nuevo proyecto, hacen parte de ese compendio y todos tienen una característica: alternatividad penal, régimen penitenciario diferenciado y sustitución de penas siempre y cuando haya un compromiso de desmovilización, reparaciones, de desarme definitivo y no re insistencia”, afirmó el jurista. Sin embargo, son más las voces de rechazo que se han antepuesto al polémico proyecto, que, según las reacciones de los mismos congresistas, no augura un buen futuro.#Colombiaen5minutos Foto:El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, aseguró que “lo que están constituyendo en ese proyecto es una especie de amnistía prohibida por la normativa internacional”. Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda afirmó que no le sirve al país sacar de la cárcel a delincuentes que “son negociadores de paz en el día y en la noche son jefes criminales”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia