La salida de un adolescente de 17 años que se había entregado por su presunta relación con el atentado sicarial contra el concejal Miguel Uribe Turbay abrió cuestionamientos sobre los protocolos de custodia en los centros especiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá.El caso se conoció en horas del mediodía de este martes y se dio en medio del proceso judicial y las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el atentado contra Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, que ya deja cinco capturados y el menor aprendido.Tras conocerse la noticia, la Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo ante esa situación, solicitó la adopción de medidas urgentes y anunció investigaciones.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El Tiempo“Este despacho ha iniciado las indagaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de estos hechos, las condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación”, indicó el Ministerio Público.Frente al pronunciamiento de la Procuraduría, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, señaló: “Agradecemos a Procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante, no acompañado solo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad”.En efecto, EL TIEMPO conoció que el adolescente permanecía en el centro mientras se adelantaban gestiones para ubicar a su familia, toda vez que la Fiscalía no había realizado diligencias para judicializarlo.Atentado contra el senador y candidato Miguel Uribe en Bogotá. Foto:EL TIEMPORestablecimiento de derechosUna fuente conocedora del caso señaló que la presencia del joven en el centro del Icbf obedecía únicamente a procesos de restablecimiento de derechos.En efecto, el menor, desde su presentación a las autoridades el pasado viernes, no tenía ninguna medida que implicara privación de la libertad.Otra fuente señaló que el adolescente se salió del centro “como lo hacen otros jóvenes” que permanecen en estos centros, dado que no están vinculados a procesos judiciales ni cumplen sanciones penales y que en este caso, el Icbf “no tenía competencia para vincular a esta persona a la investigación, ni para establecer su calidad de testigos”.Lo anterior es competencia de los jueves de la República o la Fiscalía, pues son estas autoridades las que definen si una persona es vinculada a un proceso judicial.En la indagación que hizo este diario al Icbf también se aclaró que el adolescente no enfrentaba cargos ni investigaciones. “No estaba judicializado, por eso no se fuga, no se evade, estaba en un centro de protección nuestro”, explicó un funcioario cercano al Icbf, al insistir en que el joven estaba de manera temporal por su condición migratoria y no por la comisión de un delito.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: