Los juzgados de violencia sobre la mujer: falta de profesionales y medios e importantes diferencias territoriales | Sociedad

“Carencias muy extendidas” e “importantes diferencias territoriales” son las dos principales conclusiones que el Consejo General del Poder Judicial ha extraído de la encuesta que durante febrero y marzo contestaron la mitad de los titulares de juzgados que tienen competencias en violencia sobre la mujer: 121 Juzgados específicos de violencia machista, los 314 juzgados compatibles y los 42 de lo Penal. Un resultado que no supone ni novedad ni sorpresa. Estos jueces y juezas llevan años sobrepasados y advirtiendo no solo de la falta de recursos (humanos y materiales) sino del cúmulo de trabajo, cada vez mayor; y en enero a todo eso se le unió la ley de eficiencia judicial, de la que 135 titulares de esos juzgados dijeron que iba a suponer su “colapso total” porque con ella estos órganos deberán asumir todos los delitos sexuales con mujeres como víctimas ―desde las agresiones a la trata, los matrimonios forzados o el acoso―, algo que fijó la ley de Libertad Sexual y que, según sus cálculos, supondrá un aumento de al menos el 20% de su carga de trabajo. Ahora, el informe de esta encuesta, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, da cuenta de parte de esa realidad de la que llevan años hablando estos jueces y juezas que ven cómo en la mitad de sus juzgados hay un alto índice de rotación del personal, lo que retrasa el trabajo, y valoran los medios personales con los que cuentan con un aprobado raso, un 2,6 sobre un máximo de 5.Recursos, espacios e instalacionesSobre los medios materiales, como las instalaciones en las que trabajan, el aprobado tampoco es muy amplio, “el índice global de satisfacción es de 2,9 puntos (sobre un máximo de 5)”, dice la nota enviada por el CGPJ.Casi ocho de cada diez órganos judiciales no cuentan con espacios específicos destinado a las víctimas, el 90,5 % no tienen un punto de encuentro familiar, y solo poco más de un tercio tienen salas de espera para víctimas acompañadas de menores y las llamadas cámaras Gesell. Y respecto a esta cuestión, Baleares (con 2 puntos), Andalucía (2,6) y Asturias (2,8) son los órganos menos satisfechos. En cuanto a las oficinas de Asistencia a las Víctimas ―lugares distintos de los específicos dentro de los propios juzgados―, solo poco más de la mitad tienen una, aunque “el índice medio de satisfacción en este punto del 3,8 por ciento”. Y vuelve a ser Baleares la que revela una puntuación más baja (2,8), y por encima de los cuatro puntos se han situado Navarra (4,7), Comunidad Valenciana (4,5), Galicia (4,3), La Rioja (4,2) y Cataluña (4,1).Las unidades de valoración forense integralEstas unidades, que fueron una recomendación de la ley integral contra la violencia de género de 2004, siguen sin estar ampliamente implantadas, ni en todo el territorio ni con los mismos recursos en aquellos lugares donde sí existen. El objetivo, que es analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas de diversos ámbitos como la medicina forense, el trabajo social o la psicología, no se cumple por lo tanto de la misma forma si una mujer vive en Madrid (con 2,1 puntos) que si lo hace en la Comunidad Valenciana (3,5). “La satisfacción con las unidades de valoración forense integral obtiene una puntuación media de 2,9, siendo la crítica más frecuente el retraso en la emisión de los informes, en muchas ocasiones por la falta de profesionales que sufren dichas unidades. En el 44,3 % de los órganos judiciales, la demora media supera los seis meses”, se lee en el comunicado, aunque es también algo que llevan años repitiendo los especialistas que trabajan en ellas muchos años.Un objetivo que también tienen, de fondo, los cursos para agresores, a los que los titulares de estos juzgados ni siquiera dan el aprobado (2,2). Esa baja puntuación viene por “la baja disponibilidad de este recurso en el 71,6 % de los órganos judiciales”, solo en Baleares, Madrid y Navarra es inferior al 50% los que no cuentan con esos cursos. Y también tiene esa baja puntuación (2,2) el cómo se trabaja con los dispositivos electrónicos de seguimiento que se colocan a víctimas y agresores para mantener alejado a este último. “La nota más alta es la del País Vasco (2,9) y la más baja (1,7), la obtenida en Andalucía y Comunidad Valenciana”; sobre todo por cuánto se tarda entre que los piden y que los colocan, que en siete de cada diez casos es más de tres horas. Un tiempo que puede no parecer mucho, a priori, pero que lo es en el contexto en el que se produce. Por último, en cuanto a los letrados de oficio específicos de violencia sobre la mujer, en general la satisfacción es elevada en todo el territorio, de media el 83,7% tienen disponibles estos profesionales especializados; aunque hay una amplia diferencia según las comunidades. En Extremadura cuentan con disponibilidad de estos abogados un 58,3% de los órganos judiciales mientras que por ejemplo en Asturias o Madrid lo hacen el 100%. Diferencias territoriales que significan que los profesionales que trabajan en esos órganos lo hacen de forma distinta, con mayores o menos obstáculos, y por lo tanto también será distinta su capacidad de atender a las víctimas, por lo que la respuesta que tengan estas mujeres dependerá, en diversas cuestiones, del lugar en el que vivan, y ya sientan diversas leyes en España que la atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, o el reconocimiento de sus derechos, no puede depender de la geografía.