“¿Qué deben hacer los ciudadanos si supieran que su familiar no murió solo por su estado de salud?”. Con esta frase, el magistrado saliente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, cuestionó la responsabilidad del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la crisis del sistema que, según dijo, “ha provocado enormes tasas de muerte por desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención en clínicas y hospitales por carencia de personal y de insumos”.Durante su intervención, el magistrado se refirió a lo que en derecho penal se conoce como “el deber de garante en los delitos de omisión”.Llevando ese concepto al caso concreto de la crisis del sistema de salud —sobre la cual ha venido alertando la Corte Constitucional a través de su Sala Especial de Seguimiento—, explicó que este se aplica a la responsabilidad del Estado como garante, a través de su representante: el Ministerio de Salud y, en concreto, quien ejerce el cargo de ministro.Corte Constitucional Foto:EL TIEMPOAplicando esa figura jurídica, un juez o fiscal podría determinar su responsabilidad penal en la muerte de pacientes, si se concluye que esta fue provocada por fallas estructurales del sistema.“Yo he sido juez penal 30 años de mi vida, y magistrado penal. En el derecho se habla del deber de garante en los delitos de omisión. En palabras simples puede decirse que el garante de la salud de los colombianos es el Estado, cuyo representante es el ministro de Salud. La omisión impropia, en derecho penal, básicamente se explica como la posibilidad que tiene un juez de concluir que alguien causó un resultado —por ejemplo, la muerte— y, por tanto, imponerle una pena si tenía la obligación de evitar ese resultado”, explicó el magistrado Reyes.Para ilustrarlo, puso como ejemplo el caso de un salvavidas contratado por un hotel para vigilar a los bañistas. Si por descuido muere un niño en la piscina, ¿quién es el responsable? El salvavidas, por tener el deber de evitar ese resultado.Arbitrariedad en intervenciones a EPS eleva riesgo de demandas billonarias. Foto:Archivo“Así las cosas, la pregunta que les dejo es: frente a las enormes tasas de muertes por desabastecimiento de medicamentos, falta de atención en clínicas y hospitales por carencia de personal, de insumos, y la afirmación de que ‘tenemos a las EPS en cuidados intensivos para que salga la reforma’, ¿qué deberían hacer las personas vestidas de luto para pensar que la pérdida de su ser querido quizás tuvo más razones que su mal estado de salud?”, cuestionó Reyes.Las consideraciones de la Corte Constitucional sobre las intervenciones a las EPSUna consideración similar tomó la Sala Plena del alto tribunal sobre la responsabilidad del Gobierno en el precario estado contable de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que se convirtió en una de las principales causales para su intervención.El 26 de junio la Corte tumbó la resolución que ordenaba la intervención de la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, responsabilizando a la desobediencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las órdenes de ajustar y pagar el saldo de los presupuestos máximos y de la UPC, insuficiencia que se tradujo en el desmejoramiento de los servicios de salud.#Colombiaen5minutos Foto:“Al no valorar el impacto que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional tenían sobre la situación de la EPS —especialmente en su condición financiera—, la Superintendencia Nacional de Salud desconoció que del nivel de cumplimiento de los estándares fijados por la Sala Especial de Seguimiento en Salud se derivaban consecuencias directas y profundamente relacionadas con el análisis de las causas que podrían justificar una intervención administrativa sobre EPS Sanitas”, argumentó la magistratura.El conglomerado Keralty, dueño de Sanitas, ya anunció demandas para individualizar las responsabilidades en lo que han calificado como una ‘toma hostil’ de la entidad.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia