Tal y como anticipó EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará el 20 de julio el proyecto para sentar a capos de bandas criminales en la ‘paz total’, tras la reunión del Consejo Superior de Política Criminal este viernes.Tras un encuentro de cinco horas en el que se presentó el borrador del proyecto, realizado en la sede del Ministerio de Justicia en el centro de Bogotá, el titular de la cartera anunció que continuará con la iniciativa para presentarla durante la última legislatura del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Consejo de Política Criminal. Foto:Minjusticia.Este jueves, este diario reveló las líneas básicas que han sido planteadas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el equipo de paz del Gobierno y que apuntan a abrirles espacio en la Ley de Justicia y Paz a narcos purasangre y sus bandas a pesar de que sus crímenes no pueden enmarcarse en una situación de conflicto armado y, por tanto, no serían susceptibles de la aplicación de pena alternativa.Los 51 artículos fueron presentados al Consejo Superior de Política Criminal que, según Montealegre, por mayoría, “dio un sí al proyecto de ‘paz total, orden público y seguridad ciudadana, que presentaremos el 20 de julio en nombre del Gobierno Nacional”.Como lo reveló este diario, el Gobierno plantea una cirugía a la Ley de Justicia y Paz, que hace 20 años permitió la desmovilización de 32 mil miembros de los grupos paramilitares. Las penas alternativas de entre cinco y ocho años establecidas en esa norma para crímenes que normalmente darían 40 o más años cárcel serían reencauchadas. En el caso de los reincidentes, se habla de penas de entre ocho y 10 años, pero cumplidas en las condiciones blandas que también prevé el proyecto: en zonas de ubicación, granjas penales o ‘centros de armonización’.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:JAVIER NIETO ÁLVAREZLa magistrada Myriam Ávila, como presidenta de la Sala Penal, fue quien asistió a la reunión y expresó su negativa al borrador compuesto por 51 artículos, en el que se habla de penas alternativas entre cinco a ocho años para los máximos jefes de grupos criminales, así como también se abre la puerta para beneficios a desertores de la paz como alias Iván Márquez.“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta. La exposición de motivos no da cuenta de diálogos previos o acercamientos con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos que surgirían de implementarse el articulado”, señaló la Corte en un comunicado.Como Ávila, también se opusieron a la iniciativa -revelada por EL TIEMPO- la senadora Paloma Valencia y la defensora Iris Marín, quienes dieron a conocer sus reparos en un encuentro en el que finalmente, por mayorías, prosperó el borrador. Otros de los presentes fueron el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch; el director de Justicia Transicional de la Fiscalía; Juan Carlos Arias; el subdirector de la Policía, general Rosemberg Novoa; el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez; la directora del ICBF, Astrid Cáceres.Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Foto:Minjusticia.Tras la sesión, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, como anfitrión del evento pasó a reunirse con su equipo para hacer ajustes de cara al 20 de julio, cuando tienen planeado radicar el proyecto de ley.Al salir del encuentro, el ministro de Justicia explicó que “este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de justicia y paz y de la jurisdicción especial producto de los Acuerdos de La Habana. Es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa. Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, dijo el ministro. Montealegre explicó que en una mezcla de “justicia tradicional y sometimiento a la justicia” se pretende “desbaratar organizaciones al margen de la ley”, teniendo en cuenta que hay negociaciones de paz y de orden público y de seguridad ciudadana con ocho grupos al margen de la ley”.Esto generó reparos por parte de la presidenta de la Sala Penal, al señalar que hay inconvenientes para combinar, en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria.Para Montealegre, este proyecto pretende brindar una protección a las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Se utilizarán mecanismos que garanticen la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en Colombia”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com