La humanidad se enfrenta a una emergencia ecológica sin precedentes, con graves consecuencias sociales, económicas y políticas. La actividad humana provoca a escala planetaria la degradación de la naturaleza debido a la contaminación masiva, el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático, la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas. La naturaleza, sin embargo, nos ofrece servicios esenciales de forma gratuita, como el agua limpia, el aire puro o la polinización de cultivos. Somos parte de ella y la necesitamos para sobrevivir. A pesar de su relevancia, más del 80% de los ecosistemas europeos están degradados y se ha constatado la extinción de 36 especies en Europa desde 2015. Para tratar de revertir esta tendencia, se han organizado innumerables convenciones, cumbres y congresos. Pero, por extraño que pueda parecer, tras la firma de tanto papel, los problemas no sólo no se han solucionado, sino que siguen empeorando. En gran medida esto se debe a que los acuerdos internacionales no son realmente obligatorios, pues no hay mecanismos para hacerlos cumplir, y no establecen medidas específicas.Precisamente, aquí reside la fortaleza de la Ley sobre Restauración de la Naturaleza, recientemente aprobada por la Unión Europea: es una norma obligatoria, sus objetivos son vinculantes para los Estados miembros y, por fin, presenta indicadores claros de cumplimiento asociados. Los objetivos que recoge son ambiciosos pero necesarios: recuperar el 90% de los hábitats degradados para 2050, con hitos intermedios del 30% en 2030 y del 60% en 2040. Además de mejorar el funcionamiento de los ecosistemas, esta restauración representa una oportunidad económica: se generarán miles de empleos en sectores estratégicos como la gestión forestal, la recuperación de ríos, la agricultura sostenible y la conservación de la biodiversidad. Lejos de ser un obstáculo para la economía, la transición hacia un modelo sostenible puede convertirse en un motor de desarrollo y empleo.En este sentido, la Ley aprobada se basa en un exhaustivo estudio sobre los efectos de esta legislación, que valora tanto las inversiones necesarias como los beneficios. Entre otras cosas, calcula que cada euro invertido en la restauración de la naturaleza genera un beneficio de entre 4 y 38 euros. Hablamos de inversión, y no de gasto, porque conviene entender que los beneficios que nos proporcionan los ecosistemas (lo que se denomina servicios ecosistémicos o ambientales) son totalmente horizontales, es decir, benefician a toda la sociedad por igual, convirtiéndose así en los beneficios más democráticos que pueda obtenerse de una inversión. Restaurar la naturaleza también beneficiará a las generaciones futuras, porque los ecosistemas sanos son sistemas autosuficientes que, una vez reparados, funcionan de forma autónoma y nos seguirán beneficiando de forma indefinida y gratuita: agua y aire de calidad, suelos fértiles, alimentos, control de plagas, defensa ante catástrofes naturales y espacios de ocio, entre otras cosas. No es por tanto un capricho: la ciencia señala que el futuro de la sociedad depende de la conservación y recuperación de los hábitats naturales.Un ejemplo claro es el agua: supongamos que el desarrollo de una actividad contaminante degrada el servicio de abastecimiento y el agua deja de ser apta para el consumo humano. Automáticamente, se generaría un perjuicio para todos los habitantes, que ahora tendrían que comprar o potabilizar el agua que antes era gratis: tres litros por persona y día. Esto supondría un coste aproximado de 250 euros anuales por persona. Por tanto, invertir en la restauración de ecosistemas acuáticos no solo evita impactos económicos y sociales a largo plazo, sino que también garantiza el acceso equitativo a recursos esenciales.Otro caso es el ámbito forestal, donde restaurar la biodiversidad es clave para mejorar la capacidad de los bosques para adaptarse al cambio climático y aumentar su capacidad de almacenar carbono atmosférico. La ley apuesta por promover ecosistemas más diversos, con especies autóctonas de distintos tamaños y edades, conectando masas forestales y favoreciendo la presencia de madera muerta. Estos elementos no solo aportan refugio a numerosas especies de animales, hongos y plantas, sino que también contribuyen al ciclo de nutrientes y a la regulación del clima. Pero esto no es todo, los paisajes heterogéneos también reducen el riesgo y la velocidad de propagación de incendios, un problema cada vez más grave en el contexto actual de crisis climática.A pesar de sus evidentes beneficios, esta Ley enfrenta críticas basadas en argumentos infundados. Se dice, por ejemplo, que reducirá la productividad agrícola y pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, cuando en realidad busca lo contrario: garantizar la viabilidad del sector evitando la sobreexplotación del agua, la degradación del suelo y el declive de los polinizadores, como abejas silvestres o mariposas, que son clave para producir un 75% de los cultivos mundiales de alimentos. Se ha cuestionado también la eliminación de barreras fluviales obsoletas, como si ello implicara perder capacidad de almacenamiento de agua o control de avenidas. Sin embargo, estas funciones corresponden a infraestructuras aún en uso, no a las que se pretende retirar. Su eliminación, en cambio, permitiría la recuperación de especies como el salmón atlántico o la anguila, esta última en peligro crítico de extinción.Es por todo ello que la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), que agrupa al colectivo más amplio de profesionales de la ciencia de la ecología de nuestro país, consideramos que con esta ley la sociedad tiene una oportunidad única para revertir la degradación de la naturaleza y sus impactos negativos. Servirá para apuntalar nuestro futuro sosteniendo los servicios ambientales que permiten nuestra salud y calidad de vida. Es cierto que los plazos de la Ley son prolongados y sus objetivos muy ambiciosos. El trabajo a realizar es enorme, así como también los beneficios asociados. No podemos seguir sobreexplotando y destruyendo los ecosistemas, ni comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones. El éxito de la ley requerirá un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y ciudadanos, porque el futuro de Europa, y de la humanidad, depende de nuestra capacidad para restaurar la naturaleza.También firman esta tribuna Bruno Moreira, Asunción Rodríguez, Héctor Hernández, Andrea Galmán, Ignasi Bartomeus, Remedios Alarcón y María Suárez, miembros junto a Ignacio Mola, María Felipe-Lucia y Jorge Lozano de la Comisión de Ecología y Política de la Asociación Española de Ecología Terrestre.

Nuestro futuro depende de restaurar la naturaleza | Clima y Medio Ambiente
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