El escándalo de corrupción en la UNGRD tiene al borde de ir a prisión a dos exaltos funcionarios del gobierno Petro. En distintas audiencias, la Fiscalía ha solicitado que Carlos Ramón González y César Manrique sean privados de su libertad mientras avanza la investigación, trámite que a día de hoy no se ha ejecutado.A pesar de que jueces concedieron el pedido de la fiscal María Cristina Patiño de que los exintegrantes del Ejecutivo -ambos cercanos al Presidente- sean enviados a prisión, sus abogados defensores se opusieron a dicha pretensión y su futuro tras las rejas está en vilo. El más reciente freno se dio en el caso de César Manrique, quien fue el jefe de Función Pública. Una jueza de Control de Garantías ordenó su reclusión en un centro penitenciario el pasado martes, sin embargo de su caso tendrá que conocer un juzgado de superior jerarquía. César Manrique Soacha. Foto:Redes sociales.De acuerdo con la Fiscalía, el año pasado Manrique recibió 3.000 millones de pesos en efectivo, producto de una coima obtenida dentro del escándalo de la UNGRD. El negocio habría consistido en direccionar irregularmente un contrato para la compra de 40 carrotanques pequeños, en el que la ganadora fue la Fundación Yapurutú, en la que tenía intereses el procesado.”Ana María Riveros, siguiendo las instrucciones de Édgar Riveros, retiró de la cuenta bancaria de Office Abogados, en la cual su firma era la única autorizada para retiros, 3.000 millones en efectivo, y los transportó desde la sucursal del banco Davivienda, ubicado en el primer piso del centro comercial Gran Estación, hasta los baños ubicados al lado de la entidad financiera, donde los entregó a Barreto, quien tenía el compromiso de entregarlos a César Manrique”, le dijo a César Manrique la fiscal María Cristina Patiño a la hora de imputarlo.César Manrique en audiencia. Foto:Archivo ParticularComo ese negocio para los carrotanques habrían sido otros cinco más, sobre los cuales no se alcanzaron a desembolsar montos. Cuando el juzgado de Conocimiento resuelva la apelación a su orden de captura, también lo hará con Édgar Riveros, Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal, quienes también se opusieron a la medida intramural.Lo que se sabe de Manrique, que hizo parte del M-19, es que no ha salido del país, y que tiene encima una condena de primera instancia por hechos de corrupción durante la administración de Petro en la Alcaldía de Bogotá, en la que se presentaron sobrecostos en la contratación de 100 motos de la Policía. Ese fallo también lo apeló.Tribunales de Bogotá y de Cundinamarca Foto:Carlos López/El TiempoLa decisión del TribunalEl otro exalto funcionario que está en un panorama similar es Carlos Ramón González. Al tener un fuero especial por el cargo que ocupó en el Gobierno -fue jefe del Dapre y de la DNI-, la Fiscalía tuvo que elevar la solicitud de que vaya a la cárcel al Tribunal Superior de Bogotá, que terminó ordenando su captura.En su caso, habría sido el cerebro de la empresa criminal dedicada a comprar votos en el Congreso, a punta de dinero o contratos con recursos de la UNGRD. Al parecer, fue quien le pidió a Sandra Ortiz, a finales de 2023, que llevara 4.000 millones de pesos a los legisladores Iván Name y Andrés Calle. Juez ordenó captura de Carlos Ramón González. Foto:Archivo ParticularEl magistrado Leonel Rogeles indicó que ante la gravedad de los hechos, era pertinente tener en prisión a González, de quien se desconoce su paradero. Lo último que reportó es que salió del país sin indicar su destino, aunque para la Fiscalía podría ser Nicaragua, tras un rastreo que le hizo a su IP. Según lo que conoció este diario, Interpol está en los trámites respectivos para dar con él en alguno de los 196 países que conforman dicha red.El penalista Iván Cancino, que lo defiende, le contó a este diario que apeló la orden de Rogeles, pero que pese a ello pueden detener a su cliente en cualquier lugar en el que lo encuentren. La revisión en su caso la iba a impartir la Corte Suprema, pero debido a la reciente reforma de la justicia, lo tendrá que hacer el mismo Tribunal, pero en un despacho distinto al de Rogeles. Para ello, aún no han fijado fecha. Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com