El segundo ‘decretazo’ del Gobierno, que cambia el juez de tutela del jefe de Estado, Gustavo Petro, y transfiere esa competencia a los jueces de circuito, fue explicado por el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, quien detalló sus alcances y aseguró que es necesario proteger las instituciones para garantizar la democracia.¿Cómo interpreta el decreto del Gobierno que ordena que el Consejo de Estado deje de ser el juez de tutela del Presidente?El presidente de la República tiene una atribución constitucional que emana del artículo 189, numeral 11 de la Carta Política, según la cual puede reglamentar las leyes, es decir, precisarlas o detallarlas para su debida ejecución. El Decreto 2591 de 1991, por el cual se adopta el estatuto que regula la tutela, tiene fuerza de ley y además categoría estatutaria. Por esta razón, el Presidente puede reglamentar ese decreto. De hecho, distintos gobiernos han expedido diversos decretos para desarrollar este estatuto de la tutela, ejemplo de ello es el decreto 306 de 1992, 1382 de 2000, 1834 de 2015, 333 de 2021 y este es uno más que se dicta por el Gobierno en el marco de esa competencia.¿Tenía motivación para hacerlo? Porque el cambio que se hace en el anterior Gobierno y que limita el reparto de estas tutelas ante esta instancia se hizo, precisamente, por la dignidad del cargo…Digamos que el Decreto 799 tiene unas motivaciones que generan preocupación. En primer lugar, ese decreto no está orientado a resolver los problemas cruciales que tiene la justicia colombiana, ni tiene relación con lo que allí se dice en la parte considerativa. Por ejemplo, el decreto señala que lo que se busca es aproximar la justicia contenciosa administrativa a los ciudadanos, que procura la imparcialidad. También señala que de lo que se trata es de democratizar la función jurisdiccional. Al respecto tenemos que precisar que este decreto no cumple con estos propósitos porque desconoce que diseminar en todos los jueces del circuito el conocimiento de las tutelas contra el Presidente, fragmenta la jurisprudencia y no favorece la cohesión y la unidad de criterios. Se trata es de que el juez que conoce de las causas contra el primer mandatario, que representa la máxima jerarquía en la Rama Ejecutiva, deba ser, naturalmente, el de la más alta categoría, rango y prestancia en el Poder Judicial.Luis Alberto Álvarez Parra, magistrado del Consejo de Estado Foto:Consejo de EstadoAdemás que ahora recaería la responsabilidad en una persona cuando antes era una decisión colegiada…Sí, yo no estoy, desde luego, descalificando a los jueces del circuito de este país, quienes me merecen el mayor respeto. Pero no puedo desconocer que con este decreto lo que se hace, de alguna manera, es debilitar el sistema de controles democráticos sobre el poder público, una temática que estaba asignada al Consejo de Estado y que, por ser el órgano de cierre, tiene posibilidades de generar decisiones con una mayor coherencia, consistencia y unidad de criterios. Tampoco podemos aceptar que se invoquen razones de imparcialidad para la expedición de este decreto, que no corresponden al talante y el compromiso que ha demostrado el Consejo de Estado en las últimas décadas, con la defensa de las instituciones y la preservación de los derechos y las libertades ciudadanas.Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet¿Le preocupan los caminos a nivel jurídico que abra este nuevo ‘decretazo’?Claro, es que justamente lo que inspiró en su momento la expedición del Decreto 333 de 2021, fue entregarle a la máxima instancia que conoce de los asuntos de gobierno, las acciones de tutelas dirigidas contra el jefe de Estado, para darle seguridad jurídica. Entonces va a ocurrir que, al entregar estos asuntos a cualquier juez de circuito, se fragmenten las posibilidades de decisión en distintos jueces y se promueva la inestabilidad en las resoluciones judiciales. Pero aquí hay algo adicional que me preocupa. El artículo 113 de la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que es atribución de la Sala de Consulta y Servicio Civil emitir un concepto previo cuando se trata de proyectos o decisiones administrativas de cualquier nivel que impacten la organización y el funcionamiento del Consejo de Estado. Eso no ha acontecido.¿Eso quiere decir que está viciado?Quiere decir que se desconoce una norma y sus motivaciones no resultan afortunadas. En ese sentido, será el juez de la legalidad del decreto, quien lo determine. Además, serán los demandantes quienes formulen los cargos o vicios que adviertan en la expedición y contenido del decreto y, a esos cargos deberá limitarle el estudio, pues en materia de impugnación de actos administrativos, el juez no hace un estudio oficioso, sino que está sometido a las razones de impugnación que se invoquen.¿Cree que el presidente Petro siente alguna animadversión del Consejo de Estado hacia sus decisiones y por ello recurre a estos caminos para omitir su control?Esta jurisdicción forma parte de la historia institucional del país. Aún hoy vela por que los actos de Gobierno se ajusten al ordenamiento jurídico superior. Esa ha sido su función. Expedir fallos en diversas temáticas que, por supuesto, han impactado al Gobierno, a sus autoridades y a los ministros, al tiempo que en ocasiones no han amparado ciertas pretensiones. Por ejemplo, este año se han interpuesto 600 tutelas que han involucrado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y en otros, a la autoridad del propio Presidente. Algunas de esas tutelas se aprobaron al determinar que expresiones del Presidente lesionaron el buen nombre y la honra de las personas o hablaban de hechos no verificados. Sin embargo, en otros casos se desestimaron, pues se concluyó que el Presidente ejercía legítimamente su derecho de opinión.Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:EFE¿Qué mensaje cree que da el Ejecutivo con este decreto, precedido por una tensión entre ramas visible en los comentarios que ha hecho el Presidente desacreditando decisiones que ha tomado este alto tribunal?Yo creo que el presidente de la República, con este decreto, da un mal mensaje al país porque genera desconfianza, genera incertidumbre en un momento donde se reclama ponderación y paz social. De manera que este es un decreto que además de no solucionar los problemas reales de la justicia, como la congestión judicial, la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento del presupuesto de la Rama Judicial, la oportuna atención de los usuarios de la justicia, le genera un factor más de zozobra e inestabilidad social.¿Cree que le molestó la suspensión del ‘decretazo’ de la consulta popular?Habría que preguntarle al señor Presidente. Yo quisiera pensar que el Presidente interpreta que las ramas del poder público son autónomas. Que su papel no puede estar supeditado a suscitar elogios o a generar expresiones de respaldo. Los jueces están para garantizar la vigencia del orden jurídico y el Estado de derecho. El Presidente tiene que entender que, en un sistema democrático, tiene que haber controles y a estos controles debe someterse todas las autoridades incluido el primer mandatario. Los controles están diseñados para asegurar el equilibrio de poderes y para que el Estado logre los fines y cometidos estatales en el marco del respeto de la ley.El vértice entre el Ejecutivo y las cortes es el Ministerio de Justicia, ¿ha tenido algún acercamiento con el ministro Montealegre?No, con el señor ministro no hemos tenido todavía la oportunidad de intercambiar opiniones. Seguramente habrá que hacerlo, no solamente con el Consejo de Estado, sino con las demás cortes, porque finalmente es la cartera que tiene a su cargo la política en materia de justicia, y ahí las altas cortes tenemos un papel fundamental. De manera que, seguramente, el señor ministro convocará, en su momento, el diálogo institucional que siempre será deber desarrollar.¿Qué mensaje da como la máxima instancia del contencioso administrativo y también una de las voces de la institucionalidad al país?Aquí lo importante es que los colombianos pueden tener la absoluta certeza de que hay un Consejo de Estado actuante, que está comprometido en asegurar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Contener los abusos del poder no es, ni más ni menos, sinónimo de persecución, sino simplemente una garantía constitucional que está radicada en cabeza de los jueces, y en este caso, en cabeza del Consejo de Estado para el bien del desarrollo democrático del país. Al Consejo de Estado lo único que le anima, en esta coyuntura de tensiones y anhelos colectivos, es que las autoridades ajusten sus ejercicios institucionales al imperio estricto de los cánones legales y que podamos desarrollar la función sin interferencia y sin presiones. Lo que no podemos aceptar es que haya descalificaciones descomedidas frente a la Rama judicial y ataques a una justicia que se ha caracterizado por ser sólida, independiente y comprometida con este país.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia