Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efectos la intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro a Sanitas EPS, la Procuraduría prorrogó por tres meses la investigación contra el exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.Leal, quien estuvo durante ocho meses al frente de la Supersalud, está en la mira del entre de control por presuntas irregularidades en la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas.El Agente Especial Interventor de Sanitas EPS, Duver Vargas Rojas y el exsuperintendente de Salud. Foto:Supersalud”El Ministerio Público decidió ampliar el plazo originalmente establecido según la ley, con el objeto de practicar las pruebas pertinentes, conocer los testimonios de los testigos y quejosos y así, esclarecer los hechos investigados para determinar si la conducta constituye una falta disciplinaria”, dice en un comunicado.La Procuraduría inició esta investigación en abril de 2024 que tuvo origen “en una queja instaurada en contra de la superintendencia, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS”.El auto de seis páginas en el que el órgano de control anunció esta decisión dice que se ordenaron unas pruebas con el fin de despejar si hubo o no alguna irregularidad en la intervención forzosa administrativa.La decisión también incluye a la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Beatriz Noguera, esposa del ministro de Salud, miembros del comité de medidas especiales y asesores del despacho. SANITAS Foto:SANITASEsta semana la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos tres resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre la EPS Sanitas y sus bienes. Esta decisión tendría dos efectos: uno, sobre otras intervenciones del Gobierno, como la de la Nueva EPS; y otro en los tribunales de arbitraje internacionales, donde Colombia fue demandada por violar —con lo que fue considerado una toma hostil— los tratados de inversión.El 2 de abril de 2024, la Superintendencia ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas por el término de un año”, así como la intervención forzosa para que el Gobierno asumiera la administración de la entidad promotora de salud. El 10 de abril el documento fue corregido y el 6 de abril de 2025 se prorrogó la intervención por un año más.La Sala dejó sin efectos los tres actos administrativos y, tras revisar una tutela y revocar las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia —que la habían negado—, amparó el derecho al debido proceso de la EPS. Además, remitió el expediente a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoce la salud como un derecho fundamental.La mayoría de la Corte concluyó que la actuación de la Superintendencia de Salud —entonces en cabeza de Luis Carlos Leal— fue un atropello a la garantía procesal de la segunda EPS más grande del país. El magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Presidencia, salvó su voto, y la magistrada Natalia Ángel no estuvo presente porque se encontraba en comisión.Esa toma de la administración y bienes de Sanitas (5,7 millones de usuarios), y la posteriormente realizada en Nueva EPS (11,5 millones), pusieron de facto la salud de la mayoría de colombianos en manos del Estado. El Gobierno la justificó en un supuesto “incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”, por deudas que superaban los 2 billones de pesos con los prestadores de servicios, y como un salvavidas de un “colapso financiero”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com