El Consejo de Estado, desde el 9 de julio, no es más el juez competente para revisar, en primera instancia, las tutelas en contra del presidente Gustavo Petro.Como lo reveló EL TIEMPO en primicia, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro firmaron el decreto 0799 de 2025, con el que se revierte la decisión tomada durante el gobierno de Iván Duque y se ordena repartir las tutelas contra el jefe de Estado entre los jueces del circuito.Consejo de Estado / Gustavo Petro. Foto:Archivo Particular”Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo a entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del Presidente de la República. incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”, dice la nueva directriz. El decreto, que había sido publicado para comentarios el 9 de junio, generó polémica por estar antecedido de una tensión entre ramas debido a comentarios del presidente desacreditando decisiones del alto tribunal. El Consejo de Estado congeló el ‘decretazo’, le ordenó retractarse de afirmaciones contra la familia Vargas Lleras y prohibió la transmisión de los consejos de ministros en canales privados. También ha fallado a su favor. Rechazó la tutela que instauró el exalcalde Enrique Peñalosa por afirmaciones en las que el presidente Petro lo vinculaba al negocio de los buses diésel, en Bogotá, y protegió la libertad de expresión política con la exhibición de la bandera del M-19 en eventos públicos.Consejo de Estado Foto:Consejo de EstadoLa controversia, así mismo, se generó por las consecuencias del nuevo decreto en los jueces a los que les corresponderá estudiar estas tutelas. Voces jurídicas señalan que podrían quedar expuestos y que el control sobre el Presidente podría flaquear.El abogado Francisco Bernate comentó que, aunque el Presidente tiene la facultad para hacer este cambio por decreto, trasladar decisiones sobre políticas públicas a jueces del circuito puede ser problemático. “Es inconveniente porque el juez quedaría políticamente expuesto. Lo sabio es que lo hagan las más altas instancias judiciales”.Por su parte, para el exministro de Justicia de Iván Duque, Wilson Ruiz, esta modificación representa un retroceso en el control judicial sobre el Presidente.“El Consejo de Estado tiene experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada. Cambiarlo por jueces del circuito debilita ese filtro y abre la puerta a decisiones dispersas, sin unidad de criterio”, aseguró Ruiz.El constitucionalista Ramiro Bejarano no cuestiona la legalidad de la decisión, pero sí su trasfondo. “Es una maniobra que busca poner al Presidente a salvo de sentencias que no le gustan. El Consejo de Estado dejaría de ser juez de tutelas y eso, en el fondo, reduce el control”, afirmó.Presidente Gustavo Petro / Consejo de Estado Foto:Presidencia / Consejo de Estado¿Qué pasará con las tutelas vigentes?En el alto tribunal actualmente se registran más de 100 procesos —aún sin unificar— en contra del presidente Gustavo Petro. Según fuentes de la magistratura, estos seguirían siendo competencia del Consejo de Estado, incluida la decisión de fondo sobre la legalidad del ‘decretazo’ de la consulta popular. Únicamente, las interpuestas desde el 9 de julio estarían cobijadas con la nueva regulación. Estas demandas podrán ser radicadas ante cualquier juez con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulneración al derecho fundamental y serían estudiadas en estos despachos.Por otro lado, la demanda contra el decreto del Ministerio de Justicia que cambió el juez de tutela del Presidente —y que ya fue anunciada por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal— será estudiada por el mismo Consejo de Estado, que la repartirá a la Sección correspondiente.#Colombiaen5minutos Foto:La molestia en al alto tribunalEL TIEMPO conoció por fuentes de esa Corte que el decreto generó una molestia en el Palacio de Justicia, sobre todo porque fue interpretado como una evasión del control que ha ejercido el Consejo de Estado a las actuaciones presidenciales. El filtro final de la norma, con la nueva demanda anunciada por la senadora Cabal, lo tendrá esta instancia.Redacción Justicia