Reformas a la Ley de Transparencia generan opacidad y limitan acceso a la información pública: Projuc

Tras la reciente publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor tras la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el 20 de marzo pasado, las nuevas causales de reserva de información obstaculizan la labor periodística y limitan el acceso a información sobre corrupción y actos del gobierno, señaló José Mario de la Garza Martins, coordinador del litigio estratégico en Proyecto Justicia Común.En entrevista para Aristegui Noticias dos puntos fundamentales en los que esta legislación afecta directamente el ejercicio periodístico y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.En primer lugar, la nueva ley introduce un cambio sustancial al permitir la reserva de información relacionada con casos de corrupción solo cuando estos estén “acreditados”.Esto significa que los periodistas y organizaciones de la sociedad civil no podrán acceder a información sobre investigaciones en curso ni conocer detalles sobre funcionarios públicos bajo investigación hasta que exista una sanción administrativa o una sentencia firme.De la Garza Martins señaló que esta medida crea un efecto inhibidor para la labor investigativa.Los periodistas ya no podrán saber qué funcionarios están siendo investigados por corrupción hasta que el caso esté cerrado.El segundo tema preocupante, dijo, es el traslado de las funciones del INAI a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, una dependencia del Ejecutivo.Este cambio, según De la Garza, plantea un grave conflicto de interés, ya que las autoridades encargadas de decidir si se proporciona información están vinculadas al mismo Poder Ejecutivo que podría estar involucrado en el caso que se investiga.“El conflicto de interés es evidente, pues los ciudadanos y periodistas deberán pedir información directamente al Ejecutivo, el cual decidirá si se les otorga o no”, agregó.Además de estos puntos, la legislación incluye nuevas causales para clasificar información como “secreta“, abriendo la puerta a la opacidad en temas de seguridad nacional e infraestructura.“Hasta la obra pública del gobierno puede ser clasificada como información de seguridad nacional, lo que complica aún más el acceso a datos que deberían ser públicos”, señaló De la Garza.José Mario de la Garza, experto en derecho y transparencia, explicó que “con las reformas a la Ley de Transparencia, se estableció que los temas relacionados con obras públicas se consideren de seguridad nacional, lo que limita gravemente el acceso a la información pública”.En respuesta a estas reformas, Proyecto Justicia Común está promoviendo una estrategia de litigio estratégico.“Estamos convocando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a una demanda colectiva de amparo. Buscamos impugnar las partes inconstitucionales de esta ley y generar un precedente judicial”, destacó De la Garza.El amparo es visto como una de las pocas herramientas legales disponibles para desafiar estas reformas, aunque De la Garza también destacó las recientes reformas a la ley de amparo, que han restringido los efectos generales de las sentencias, limitando la capacidad de la sociedad para obtener protección de derechos colectivos.“Esto afecta a las personas que no tienen acceso directo al sistema judicial, como las comunidades indígenas, que ya no podrán beneficiarse de decisiones que protejan sus derechos”, señaló.Ante esta situación, Proyecto Justicia Común está ofreciendo apoyo legal pro bono a quienes deseen impugnar los puntos más problemáticos de la nueva legislación. Para ello, están recopilando datos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en la demanda.Esta reforma, que ha generado amplias críticas, está remodelando el panorama del acceso a la información en México, lo que podría tener consecuencias duraderas en la transparencia gubernamental y el derecho a la información en el país.