Telefonía, un rancho misterioso y 70 búsquedas infructuosas: los primeros seis meses de Sheinbaum en el ‘caso Ayotzinapa’

Enterrada bajo nuevas urgencias, la investigación del caso Ayotzinapa continúa en México, ajena ya a las tiranteces políticas de años pasados. Las acusaciones cruzadas y la frialdad general entre las partes, engendrada en los choques con el Ejército, a quien las familias de los 43 estudiantes desaparecidos le siguen exigiendo documentos de inteligencia sobre su destino, parecen quedar en pausa. La presidenta, Claudia Sheinbaum, reconoció en una de sus dos reuniones con las familias de los 43, ya en Palacio Nacional, que había cuestiones en las que no iban a ponerse de acuerdo, opiniones, en general, sobre el desempeño de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero insistió en que había intereses en común, espacios donde podían trabajar. Las familias asintieron, no les quedaba de otra.En los poco más de seis meses de la nueva administración, el peso de los equipos de investigación ha variado. Si con López Obrador, la unidad especial de la Fiscalía para el caso, la UEILCA, el grupo de expertos que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, y la comisión presidencial que empoderó el mandatario, la COVAJ, asumieron el protagonismo de las pesquisas, ahora toma el relevo la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que maneja Héctor Elizalde, bajo el ala del zar de seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch. Una idea antaño difícil de aceptar para las familias, por los tachones en el expediente del jefe policial, aparece ahora como una molestia aceptable.En esta lógica, la última reunión con la presidenta, a finales de febrero, trajo una novedad al colectivo. La mandataria dijo que se han dado cuenta de que algunos teléfonos de los 43 habían tenido actividad después del ataque en su contra, la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente. Aunque no parecía nada nuevo, porque esa situación ya la documentó el GIEI y después la COVAJ, de la mano del CentroGeo, de la Secretaría de Ciencia, integrantes del equipo de Elizalde explicaron que había tres números y 10 aparatos ignorados hasta ahora, que habrían tenido actividad tras el ataque. Las familias pidieron una explicación pormenorizada de este asunto, todavía por darse.Esa es la novedad principal de estos meses, además de las detenciones realizadas, algunas importantes como la del Cholo Palacios, o la extradición desde Estados Unidos de Ariel Núñez, ambos presuntos integrantes de la red criminal de la región en la época. El primero era el jefe de Guerreros Unidos, grupo que desapareció a lo estudiantes, en Huitzuco. El segundo, el hijo del jefe de policía de ese municipio. Destaca también la captura de Rey Flores, un policía de Iguala, lugar del ataque, a quien el gabinete de seguridad apoda El Negro. Capturado en marzo, Flores habría custodiado “una camioneta de redilas de tres toneladas blanca, vinculada con los hechos”, según informó el equipo de Harfuch.Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotizinapa salen de su reunión con la Claudia Sheinbaum, en diciembre de 2024 en Ciudad de México. Daniel Augusto (Cuartoscuro)Fuentes conocedoras de las pesquisas consultadas por EL PAÍS señalan que el testigo protegido Carla, viejo conocido de los investigadores, dijo en una nueva declaración, en mayo de 2024, que Flores habría custodiado este vehículo, que cargaba a siete u ocho de los 43 estudiantes, al “rancho de Chucho Brito”. Es un escenario tan misterioso como novedoso en las pesquisas, el rancho de Brito se suma a los 13 posibles destinos de los muchachos tras el ataque, de acuerdo a la cuenta de las autoridades, con corte a finales de febrero.Los problemas aquí son varios. Primero, que el rancho de Brito nunca había aparecido en el ramillete de destinos posibles de los estudiantes. Segundo, que Brito, líder de lo que quedó del grupo que atacó a los estudiantes, supuestamente murió asesinado en diciembre del año pasado. Y tercero, que en sus múltiples declaraciones, Carla ha referido cantidad de situaciones controvertidas o falsas, como la forma en que presuntamente murió asesinado uno de los normalistas la noche del ataque, más allá de los 43, Julio César Mondragón, o lo que hicieron o dejaron de hacer una serie de militares vinculados al caso, que, sin su declaración de emergencia, habrían salido de prisión.¿Verdad histórica?La COVAJ, en manos del subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, y la UEILCA, dirigida por Rosendo Gómez Piedra, siguen sus caminos, mientras tanto, sin demasiadas novedades. La primera se centra en las búsquedas en campo, que han crecido en volumen este último año y medio, como suele recordar el propio Medina en cada reunión. En febrero, la comisión señaló que, desde 2019, se han realizado 973 búsquedas en parajes de nueve municipios del Estado, 70 desde octubre, cuando inició el Gobierno de Sheinbaum. Del total de búsquedas, apenas tres resultaron útiles y ya han pasado cinco años. Se trata de las realizadas en la barranca de la Carnicería, en los primeros años de López Obrador, que resultaron en el hallazgo de huesos de dos de los 43, Christian Rodríguez y Jhosivanni Guerrero.La UEILCA, antaño punta de lanza de las pesquisas, se ha centrado en los últimos tiempos en hacer recuento de las detenciones realizadas y los procesos judiciales activos. La reestructuración de la investigación da por sí misma para una tesis doctoral. Hay decenas de expedientes abiertos con más de 150 acusados. Solo el año pasado, la unidad abrió más de 20. En algunos casos, las explicaciones en este campo han resultado bien confusas. En julio del año pasado, en una de las últimas reuniones con López Obrador, la UEILCA informó, por ejemplo, de la apertura de una investigación contra Juan Miguel Pantoja Miranda, alias Pajarraco. En la diapositiva mostrada, la unidad señalaba que “la conducta imputada” al Pajarraco es que había participado “en el traslado de 25 estudiantes al basurero” de Cocula, donde él y sus compinches los habían acostado boca abajo y les habían disparado.Esto, desde luego, levantó más de una ceja en el colectivo de familiares y sus abogados. ¿Quería decir la UEILCA que estaba resucitando la tesis del basurero, la famosa verdad histórica, descartada por los equipos de investigación estos años? Según la unidad, no. La COVAJ ha dicho lo mismo. Argumentan que se trató de un equívoco: esa era la conducta imputada antaño al Pajarraco –no ahora– de acuerdo a declaraciones de detenidos, luego descartadas por la presunta tortura que estos sufrieron… El asunto del basurero es delicado. Distintos peritajes realizados en los primeros años de la investigaciones señalaron que no había forma de que el basurero de aquel municipio, vecino de Iguala, lugar del ataque, hubiera albergado una hoguera capaz de reducir a pequeños fragmentos los cuerpos de los 43. Se negaba así la versión oficial del Gobierno entonces, dirigido por Enrique Peña Nieto, que trató de cerrar el caso pronto, para evitar desgaste político.El problema de la teoría del basurero es que, una década más tarde, carece de heredera. No hay duda de que policías de Iguala, Cocula y otros municipios atacaron a los muchachos aquel día, aunque no acaba de quedar claro el motivo. No hay duda de que los policías entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos en distintos puntos de Iguala y alrededores. No hay duda de que la red criminal desapareció a los muchachos y de que, en todos estos años, solo han aparecido restos de tres, los dos arriba mencionados y un tercero, Alexander Mora, cuyos huesos emergieron de un río en circunstancias un tanto extrañas, símbolo del montaje que urdió supuestamente el equipo de Peña Nieto.La historia del río y el basurero cayó en desgracia en años todavía del presidente priista, pero no hay hipótesis nuevas pese a los esfuerzos posteriores, no hay teorías que trasciendan al papel, a pesar de tanta búsqueda y tanto dinero gastado: solo en testigos colaboradores, el Gobierno de López Obrador empleó casi 40 millones de pesos. Es cierto, como dijo el mandatario en su carta de despedida a las familias, en septiembre, que fue gracias a uno de ellos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que aparecieron los restos de la barranca de la Carnicería. Pero ha sido una excepción. El resto son conjeturas. Como el hecho, por ejemplo, de que el mandatario crea que parte de los muchachos fueron cremados en dos funerarias de Iguala, extremo nunca comprobado, basado en los dichos de otro testigo protegido, alias Neto. A día de hoy, la COVAJ ha inspeccionado 39 funerarias y crematorios en la región, sin resultados.Trabajadores forenses en una colina llena de basuras a las afueras de Cocula, Guerrero, en de octubre de 2014. Rebecca Blackwell (AP)El Cuini, una piedra en el zapatoLa esperanza yace en el estudio de los teléfonos del equipo de Elizalde y lo que puedan decir los detenidos. Para los investigadores, es un hecho que muchos de los capturados de los primeros años, entre ellos el mismo Pajarraco, y otros viejos nombres de las pesquisas, Jona, Pato, Chereje, Cepillo, etcétera, estuvieron involucrados en la desaparición de los 43. Muchos de ellos salieron de prisión porque sufrieron tortura por parte del equipo de Peña Nieto o porque, eliminadas del expediente las declaraciones de los torturados, no había declaración alguna que los señalara. Parte de su trabajo en estos meses ha consistido en reiniciar los casos en su contra. Su idea es que las versiones que surjan ahora de ellos dirijan las pesquisas a un lugar distinto al de entonces, es decir, al basurero de Cocula.Pero de momento muchos han decidido no hablar, empezando por el mismo López Astudillo, alias Gil, que pasó de testigo colaborador a detenido, hecho que ocurrió en septiembre. En su carta de despedida de ese mismo mes, López Obrador señaló que El Gil había accedido a hablar en los años anteriores, a cambio de que el Gobierno mexicano detuviera la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, alias El Cuini, una de las cabezas del Cartel Jalisco Nueva Generación. Al parecer, ambos habían entablado amistad en prisión, durante la primera reclusión de El Gil, entre 2015 y 2019.El presidente dijo también que, por algún motivo, esa colaboración se detuvo. El Cuini ya no había querido empujar a El Gil a que ayudase más a los investigadores, voluntad extendida, según dijo el mandatario a “otros integrantes de Guerreros Unidos, policías de Cocula e Iguala y autoridades municipales”. Queda la duda de cómo un presunto criminal del área de Michoacán y Jalisco, lejano en teoría a las dinámicas de Guerrero, construyó esa influencia, ya no solo sobre El Gil, sino sobre el colectivo de presos de Ayotzinapa.Desde septiembre, el asunto no ha cambiado. El Cuini ha seguido “entorpeciendo” los intentos de los investigadores, según ha podido saber EL PAÍS, para romper el pacto de silencio entre los criminales. En un contexto volátil, en que la relación de México con EE UU pasa de la templanza a la explosión en cuestión de minutos, su nombre ha sonado para integrar la nueva hornada de reclusos que el Gobierno de Sheinbaum enviará al norte, después de los 29 que mandó en febrero, saltándose los procesos habituales de extradición. Puede que sea solo un aviso, una forma de decirle que ayude o se atenga a las consecuencias.